Ana Urchueguia (PSOE), también vicepresidenta de Euskal Fondoa, y el alcalde de Somoto canalizan los fondos recibidos de la cooperación hacia proyectos empresariales llenos de irregularidades.

Desde el año 2000 la Asociación de Desarrollo Comunitario (ASODECOM) desarrolla en Somoto una labor de ‘cooperación’ financiada por diversos organismos, entre ellos el Ayuntamiento guipuzcoano de Lasarte. El carácter empresarial y de vinculación con el ámbito inmobiliario de los proyectos desarrollados y las denuncias de irregularidades por parte de los afectados, así como los cuantiosos bienes adquiridos por los miembros de ASODECOM, apuntan a que el dinero recibido de la cooperación es destinado al enriquecimiento de un grupo de personas entre las que Ana Urchueguia y Marcio Rivas, alcalde de Somoto, no están libres de sospecha.

Situado a 219 kilómetros al norte de Managua, cerca de la frontera hondureña, Somoto tiene una población de unos 40.000 habitantes, de los cuales el 50% vive en la pobreza y casi el 20% en la extrema pobreza. Los innumerables proyectos que allí desarrolla Ana Urchueguía y el tiempo que dedica a supervisarlos personalmente (unos seis meses al año), así como la relación personal que mantiene con Marcio Rivas, actual alcalde de Somoto y presidente de ASODECOM, le han hecho ganarse el apelativo de «alcaldesa» entre la población somoteña. Una relación que además ha asegurado a ASODECOM una cantidad que supone buena parte del dinero dedicado por Lasarte a cooperación (un 1,6% de su presupuesto municipal), y que en 2006 sumó un total de 374.733,49 euros.

Financiación a empresas

El dinero recibido por ASODECOM ha ido dirigido desde su misma fundación a proyectos que, bajo el rótulo de la cooperación, escondían una lógica sospechosamente empresarial. Éste es el caso de la empresa Lácteos Froylán y el proyecto de inseminación artificial. Según fuentes consultadas por DIAGONAL, en ambos casos las ayudas fueron desviadas hacia importantes productores que, incluso, se beneficiaron de la construcción de caballerizas y diversas infraestructuras a cambio de su colaboración con la asociación. Lácteos Froylán, que debía aprovechar el incremento en cantidad y calidad de la leche a partir del proyecto de inseminación artificial, acabó comprando la producción no a los pequeños productores, sino a aquellos que ofrecían mejores precios. Finalmente, en 2005, Lácteos Froylán se convertía en una Sociedad Anónima en manos de ASODECOM.

Irregularidades

Pero lo cierto es que, más allá de su estrategia empresarial, las denuncias de actuaciones ilegales por parte de ASODECOM han sido continuas en las conversaciones que DIAGONAL ha tenido en Somoto con los afectados. Según estas fuentes, el desvío de proyectos hacia gente adinerada tendría como finalidad el poder inflar facturas a cambio de ser beneficiados por el dinero de los «proyectos de cooperación»: dinero que está incluido en los proyectos, pero que más tarde es descontado de las nóminas de los trabajadores; obras de 300 dólares cuyo valor en la factura pasa a ser de 5.000; empleados que cobran nómina, pero cuya existencia física está por demostrar o firmas falsificadas en nóminas infladas por los administradores son otras prácticas relatadas a DIAGONAL.

En otro caso denunciado a este periódico, familias cuyos ingresos en ocasiones no superan los 30 dólares al mes por persona narraban que en un proyecto de construcción de 30 casas iniciado en 2004 se les pidió 90 dólares y un pago mensual de ocho dólares para acceder al mismo. En otro reciente proyecto de alimento por trabajo destinado a las mismas comunidades, los ‘beneficiados’ confesaban a este periódico recibir por ocho horas de trabajo menos de dos dólares en alimentos. En todos los casos, los afectados pidieron permanecer en el anonimato.

Con la llegada de Marcio Rivas a la alcaldía de Somoto en 2004, los proyectos que comienza a desarrollar ASODECOM se centran en las grandes obras públicas como el Palacio Municipal (con un presupuesto de casi 450.000 dólares, de los cuales 220.000 aporta Euskal Fodoa) o el del gran boulevard. Destacan además los 18.000 euros que la Oficina de Hermanamiento Lasarte- Oria/Somoto (OHLOS) dedica al mantenimiento de un cuerpo policial que, según Iñaki Múgica, teniente de alcalde de Lasarte y frecuente acompañante de Ana Urchueguia en sus viajes, sirven «para dar servicio en el orden público y vigilancia de mercados, fiestas, calles…». El resultado es fácilmente comprobable en las calles de Somoto.

Los administradores de ASODECOM, Mario Hernández, Marylú Hernández y Denis Figueroa, se muestran por la localidad con coches nuevos, ropa cara y se compran casas y terrenos. El alcalde de Somoto y la alcaldesa de Lasarte son acusados de tener a su nombre varias de las empresas y terrenos comprados con dinero de la cooperación. Ana Urchueguia se ha construido recientemente una casa con piscina a escasos metros de una comunidad cuyos niños están seriamente afectados por la desnutrición. Todas estas prácticas han llevado a que, a pesar de que en 2004 ASODECOM reconociera un presupuesto de 884.397 dólares, actualmente se encuentre en una situación de bancarrota que, según una fuente consultada, habría sido forzada por los administradores para poderse repartir los bienes de la asociación «que ya tienen nombres y apellidos».

Ana Urchueguia

La ‘alcaldesa’ de Somoto es descrita por todos los consultados como una «mujer déspota y autoritaria» que se niega en rotundo a que nadie salvo ella tenga control sobre los proyectos de su Ayuntamiento en la localidad nicaragüense. En varios casos las fuentes consultadas por DIAGONAL se refieren a conductas encaminadas a impedir la entrada de otras organizaciones en aquellos proyectos en donde está Lasarte. En el Centro Técnico Rural de San Luis, dirigido a jóvenes sin recursos, y bajo la dirección de Marvin Corrales (oscuro personaje que pasó 12 años en la cárcel por ser responsable de dar la información que llevó a la muerte a dos comandantes sandinistas y a la violación de otra), el dinero era desviado para fines particulares y las nóminas eran falsificadas. Cuando todo ello fue descubierto por parte del personal del Centro, Ana Urchueguia amenazó ante la asamblea de ASODECOM con terminar con las ayudas si se despedía a Marvin Corrales.

Hacia la privatización de una ONG

En una carta que Marcio Rivas envió a Ana Urchueguia, fechada el 24 de noviembre del 2000, se habla ya del «nacimiento de ASODECOM», teniendo su origen en la Comisión de Desarrollo Comunitario (CDC). A partir de ese momento se realiza una descapitalización de la CDC, tanto material como de recursos humanos, en beneficio de ASODECOM. Uno de los bienes afectados fue el terreno en el que posteriormente se ubicaría el Centro Técnico San Luis. En 2004 el vicealcalde, Mauricio Cajina Canelo, acusaba a Marcio Rivas de quedarse con todo lo comprado con el dinero de la CDC. Rivas declaraba: «Un par de balazos es que le voy a pegar», refiriéndose a Cajina. En otra carta del 22 de diciembre entre ambos alcaldes, Rivas ya dejaba claras cuáles eran sus intenciones: «Es importante destacar que la Ley de Municipios en lo relativo al patrimonio municipal contempla también que éstos podrán ser traspasados y donados a entidades públicas o Asociaciones privadas sin fines de lucro». Un proceso que ya había sido blindado por Ana Urchueguia desde Lasarte el 27 de noviembre a través de un decreto en el que se puede leer que «el único órgano competente en la gestión y desarrollo de los proyectos subvencionados por la alcaldía (…) es el Ayuntamiento de Lasarte-Oria». Por tanto, «se deberán abstener de dar cuenta o informar a cualquier otra persona o autoridad». Si alguien estuviera interesado en alguna información, «se le indicará que dicha información se debe solicitar a este Ayuntamiento de Lasarte-Oria, en la persona de su alcalde». Comenzaba así el personalismo en los procesos de control de los proyectos que le ha hecho viajar este año hasta seis veces a la localidad nicaragüense.