Si apuntará desde mi óptica de observador social que cada vez es más unánime el rechazo popular hacia el mundo de la política y de los políticos es muy probable que más de uno me tacharía de incendiario. Sin embargo, si me remito a los últimos datos del barómetro de opinión del Centro de Investigaciones […]
Si apuntará desde mi óptica de observador social que cada vez es más unánime el rechazo popular hacia el mundo de la política y de los políticos es muy probable que más de uno me tacharía de incendiario. Sin embargo, si me remito a los últimos datos del barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (enero-2006) que recoge que la desconfianza (33.3%), la indiferencia (18.4%) y el aburrimiento (15.8%) son los tres sentimientos que le inspira a los ciudadanos la política, entonces la cosa puede ser bien distinta. Pero si a ese índice le agregamos que un 68% de los encuestados piensan que los políticos -independientemente de quién esté en el poder- siempre buscan sus intereses personales; o que un 70.9% creen que los políticos no se preocupan de lo que piensa el ciudadano; o que un 43% consideran que la política es tan complicada que no llegan a entenderla; o que un 53% consideran que es mejor no meterse en política, entonces es muy probable que estuviésemos de acuerdo en que el panorama social dibujado por el CIS es realmente más alarmante y desolador que lo que en principio uno podría considerar.
Sin duda esta percepción social responde en gran parte, o en su totalidad, a la actuación de los representantes públicos en su conjunto. Así que esa desconfianza, esa indiferencia y ese aburrimiento es lo que justifica y permite, por ejemplo, que nuestro adánico Presidente sin rubor alguno pueda afirmar -como lo hizo el pasado lunes 20 de febrero- que «el Gobierno canario desde el primer momento ha buscado la verdad sobre el asunto eólico, al suspender el concurso eólico y al personarse el Ejecutivo en la causa judicial». Y se queda Adán tan pancho, pensando quizás que alguien pueda creerle. Nosotros desde luego que no. Pues, nos ha demostrado con suficiencia que sus palabras, palabras son, y que carecen de valor alguno.
Las primeras referencias sobre la trama eólica se corresponden con sendas denuncias presentadas por Francisco Cabrera ante la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción: la primera, el 29 de noviembre 2004 por un presunto tráfico de influencias al favorecer a la empresa privada Promotora de Recursos Eólicos SL en detrimento de la sociedad participada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Fundación Puertos de Las Palmas y Cabildo grancanario; y la segunda, el 7 de marzo 2005 con relación al concurso de asignación de potencia eólica convocado por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias.
Pues bien, si nos detenemos en analizar, paso a paso, la posición del Gobierno canario con respecto a este asunto desde que entra en el Parlamento, en abril de 2005 hasta febrero de 2006, podemos concluir determinantemente que Adán Martín falta a la verdad. Y si todo un presidente está contra la verdad lo mínimo que debe hacer por decencia es marcharse, pues su sombra de desconfianza se extiende a todos los ámbitos de su gestión. Si un Presidente actúa de esta manera en algo tan insignificante y obvio, qué no podrá hacer en otros asuntos y ámbitos. En cualquier caso es más que razonable que las manifestaciones y afirmaciones del presidente Adán Martín habrá que ponerlas en la cuarentena de la duda. Sobre todo cuando el Barómetro autonómico del CIS correspondiente al mes de Diciembre 2005 nos señala que el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, inspira «poca» (35,4%) o «ninguna» (20,9%) confianza y donde un14.7% de los encuestados no saben o no contestan.
Así que sus últimas afirmaciones sobre el caso «Amorós» o sobre «Granadilla» nos inspiran más dudas que confianza, con respecto a la primera, sostiene que durante su gestión no faltó un solo euro y que él no es un chorizo; y en cuanto al puerto de Granadilla señala que es «pieza imprescindible» para poder cumplir el protocolo de Kyoto; que «es imprescindible no sólo para Tenerife sino para el conjunto del transporte de mercancías y de personas de Canarias» y que «es fundamental para la comunicación, el abaratamiento de costes y de la vida, tanto en Tenerife como en La Gomera, La Palma y El Hierro, pero también para el conjunto del Archipiélago».
A continuación exponemos una detallada relación sobre la posición del Gobierno de Canarias ante la trama eólica:
13 ABRIL DE 2005: Las posibles irregularidades del concurso eólico llegan al Parlamento de Canarias A través de sendas preguntas realizada por la diputada socialista Gloria Gutiérrez al consejero de Industria, Luis Soria, sobre expediente de investigación interna en relación con el concurso de asignación de potencia en instalación de nuevos parques eólicos y sobre media cautelar en relación con el concurso eólico.
16 JUNIO DE 2005: Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre suspensión cautelar e investigación interna en la consejería de Industria en relación al concurso eólico La diputada Gloria Gutiérrez presenta en el Parlamento una Proposición no de Ley sobre la paralización del concurso eólico dadas las denuncias presentadas ante la fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, la propuesta fue retirada tras la conformidad con CC de presentar en el próximo Pleno una propuesta de investigación interna en la consejería de Industria.
17 JUNIO DE 2005: La consejería de Industria manifiesta su disposición a resolver el concurso eólico Al día siguiente, el 17 junio 2005, la nueva consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Marisa Tejedor, anunciaba en sede parlamentaria que resolvería el concurso de la potencia eólica «con rigor» y de acuerdo con los criterios de la convocatoria pública de su antecesor, Luis Soria. De este modo manifestaba con total claridad la voluntad del equipo de Gobierno en resolver el concurso eólico «en el menor tiempo posible, en el plazo reglamentario, con rigor y atendiendo a los criterios exclusivos de las bases del concurso».
30 JUNIO DE 2005: Se abre una investigación interna en la consejería de Industria sobre posible tráfico de influencia en el concurso eólico A finales de junio de 2005, a propuesta de la socialista Gloria Gutiérrez, el Parlamento de Canarias instaba por unanimidad a la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno autónomo a que investigara las posibles denuncias sobre un tráfico de influencias por parte de un alto cargo de ese departamento en el concurso para la asignación de potencia en la instalación de nuevos parques eólicos.
4 NOVIEMBRE DE 2005: La investigación de la consejería de Industria no detecta irregularidades y afirma que no suspenderá el concurso eólico pese a la investigación judicial A principios de noviembre de 2005, la consejera, Marisa Tejedor, daba cuenta en el Parlamento de Canarias que la investigación realizada por su departamento -con relación a las denuncias de presuntas irregularidades en la convocatoria del concurso eólico- no había detectado irregularidad alguna y afirmaba que no suspendería el concurso para asignar nuevos parques eólicos. En esa misma sesión plenaria, la diputada socialista, Gloria Gutiérrez, se sorprendió de las conclusiones de la Consejería de Industria, pues en su opinión existían datos suficientes para que se investigue «todo el concurso». Mientras que por su parte, el portavoz del PP, Jorge Rodríguez, acusaba al PSC de intentar «empozoñar y enturbiar la vida política canaria» y se congratulaba de la decisión de no paralizar el proceso y manifestaba su alegría «de que la consejera no haya caído en esa provocación, porque por parte socialista ha habido rencor, odio, cierto partidismo y demagogia y muchas ganas de hacer daño al PP».
19 DICIEMBRE DE 2005: El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula el concurso eólico El 19 de diciembre de 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulaba el decreto del Gobierno canario, emitido el 30 de abril de 2003, que regulaba la instalación y explotación de los parques eólicos en las Islas, y que conllevó posteriormente la emisión del concurso que la Consejería de Industria que estaba en estos momentos pendiente de resolver después de diversos avatares y denuncias.
23 ENERO DE 2006: El Gobierno desvincula la anulación del concurso eólico de la investigación judicial En una comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera de Industria detalló que la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en diciembre pasado del decreto que ponía en marcha el concurso eólico se debió exclusivamente a una cuestión administrativa, sin que se cuestione el contenido de esa norma que aprobó el Gobierno canario en 2003. La anulación de ese decreto, explicó, se produjo porque el Gobierno no solicitó el parecer del Consejo Consultivo, como es preceptivo. Tras esa decisión judicial, el Gobierno de Canarias, para evitar situaciones de inseguridad jurídica, ha decidido anular a su vez las cuatro órdenes que desarrollaban ese decreto, entre otras las que convocaban el concurso para la asignación de 344 megavatios de energía eólica.
25 ENERO DE 2006: El Gobierno de Canarias solicita personarse como acusación en la causa judicial abierta No es hasta el 25 de enero de 2006 cuando la consejera de Industria anuncia que el Gobierno de Canarias había solicitado al juez personarse como acusación en la causa abierta en relación con la convocatoria del concurso público para la adjudicación de parques eólicos. Al tiempo que el Gobierno canario justificaba esa decisión porque «entiende que, de los hechos denunciados en la vía judicial, pudieran desprenderse perjuicios para la administración pública de Canarias», aunque descartaba la posibilidad de iniciar una segunda averiguación interna en la Consejería sobre el proceso de adjudicación lanzado en octubre de 2004, fecha en la que ese departamento lo dirigía Luis Soria, hermano del presidente regional de PP, José Manuel Soria.
31 ENERO DE 2006: PP, PSOE y CC solicitan una comisión parlamentaria en el caso eólico Y tan sólo seis días después, y contrariamente a las manifestaciones vertida (vea nuestro anterior artículo » Hasta el fondo»), los grupos Socialista, Popular y de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias presentan sendas peticiones para la creación de una comisión parlamentaria cuyo objetivo «sea el esclarecimiento total» desde el punto de vista político y administrativo de «todo lo sucedido alrededor del concurso eólico».
4 FEBRERO DE 2006: El presidente del Gobierno canario, Adán Martín, señalaba a Luis Soria como único responsable del concurso eólico
20 FEBRERO DE 2006: Adán Martín señalaba a los periodistas en los pasillos del Parlamento que desde el primer momento el Gobierno canario ha querido buscar la verdad sobre este asunto y por ello, agregó, se suspendió el concurso eólico y el Ejecutivo se personó en la causa judicial para que cuando se levante el secreto de sumario pueda actuar como acusador.
En definitiva, como fácilmente puede deducirse, el presidente Adán Martín está en contra de la verdad. En primer lugar, porque el Gobierno canario mantuvo siempre una clara disposición a resolver el concurso eólico ya que sólo fue suspendido después de ocho meses y por dictado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y en segundo lugar, el Ejecutivo decide personarse en la causa judicial el 25 de enero de 2006, es decir, hace tan solo un mes. Por tanto, aceptar esa afirmación que el Gobierno canario desde el primer momento ha querido buscar la verdad… es completamente inaceptable, incierto y un indicador más de la peculiar forma de gobernar en este Archipiélago.