Un juzgado de Murcia ha admitido a trámite una acusación popular contra el delegado del Gobierno y el jefe superior de Policía de esta autonomía por la falta de identificación de los policías durante las manifestaciones. El juzgado de instrucción número 3 de Murcia ha admitido a trámite una querella de prevaricación contra el delegado […]
Un juzgado de Murcia ha admitido a trámite una acusación popular contra el delegado del Gobierno y el jefe superior de Policía de esta autonomía por la falta de identificación de los policías durante las manifestaciones.
El juzgado de instrucción número 3 de Murcia ha admitido a trámite una querella de prevaricación contra el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, y contra el jefe superior de policía, Cirilo Durán, por no hacer efectiva la obligación de los agentes de policía nacional de portar su número de placa.
La querella fue presentada en enero por la asociación ciudadana Atrapa la Corrupción, preocupada por «la ausencia generalizada de números de placa de los policías que «controlaban» las movilizaciones sociales».
El colectivo debe ingresar en el juzgado 3.000 euros de fianza en 8 días para continuar con el proceso, que consideran una gran oportunidad «para acabar con la práctica ilegal de que los agentes de policía vayan sin identificar». Han abierto y difundido un número de cuenta para conseguir esta cantidad en el plazo fijado.
La querella se basa en un real decreto sobre normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía, que hace obligatorio para estos funcionarios el llevar la placa del cuerpo y el número de identificación personal visible en el bolsillo superior derecho de su uniforme.
Según argumenta la asociación, los mandos políticos y policiales «no pueden escudarse en la ignorancia del Derecho» para no actuar contra estas prácticas. El delito de prevaricación, recogido en el artículo 404 del Código Penal, está penado con inhabilitación especial de 7 a 10 años para empleo o cargo público.