¿Adoctrinar a la ciudadanía?

Al tiempo que la educación pública se deteriora a marchas forzadas y los fondos del Estado se destinan cada vez más para sostener la escuela privada, en su mayoría religiosa, surge en nuestro país un debate acerca de una nueva asignatura que se pretende implantar en la enseñanza secundaria a instancias de la Unión Europea: Educación para la ciudadanía, debate cuyo mayor logro ha consistido en desviar sobre sí toda la atención que debiera ser puesta en los males que afectan a la educación en este país. Teniendo esto en cuenta, sin embargo, el colectivo de profesores de Trabajadores y Jóvenes por la República ha decidido ofrecer su postura ante la aparición de dicha asignatura.

Nos oponemos a ella, pero no como lo hace la Iglesia Católica, sino desde una perspectiva ilustrada y de izquierdas.

Compartimos circunstancialmente con el oscurantismo religioso el temor de que dicha asignatura no sirva para otra cosa que para adoctrinar. Al defenderla, sus apologetas inciden en la necesidad de fomentar el espíritu de los valores de la Constitución Española y de la Unión Europea entre los alumnos. Semejante afirmación debería ser suficiente para que toda la izquierda de este país se echase a la calle en su contra. ¿Cuáles son los valores de la Unión Europea? La destrucción de lo público, el sometimiento a instituciones que escapan al control democrático, el sostenimiento del dólar a costa del endeudamiento de los habitantes de Europa, el silencio cómplice ante las atrocidades de regímenes amigos y el fomento de las deslocalizaciones y la precariedad laboral, por ejemplo. Los apologetas de la asignatura (Gregorio Peces-Barba, Fernando Savater, etc.) defienden el libre mercado, y al tiempo de escandalizarse hipócritamente de sus nocivas consecuencias (la desestructuración social, el racismo, la violencia juvenil…) pretenden que éstas deben ser atajadas por medio de una supuesta educación en valores que promueva el respeto hacia el otro y la tolerancia. La asignatura Educación para la ciudadanía cae, pues, en una doble impostura: en primer lugar, la de atribuir a la Unión Europea unos valores democráticos que no le corresponden; en segundo lugar, la de pretender otorgar a la educación reglada poderes que no le pertenecen, ni de facto ni de iure. ¿Qué se quiere decir con esto?

Por un lado, que si el racismo, la desestructuración social, la precariedad laboral y otros males semejantes son la consecuencia o el resultado de las deslocalizaciones, el libre mercado y el monopolio de las multinacionales, es decir, de factores ajenos al sistema educativo, pretender que éste asuma la resolución de dichas consecuencias obedece asimismo a otra doble impostura: primero, porque el sistema educativo no es responsable de la sociedad que le ha dado a luz, y de la cual él no es más que una parte constitutiva (y desgraciadamente, hoy en día ni siquiera demasiado relevante), es decir, que el sistema educativo no puede por sí mismo poner fin al racismo, la desestructuración social o la precariedad laboral, sino que debe ser el propio movimiento de la sociedad el que lo haga atacando sus causas (digámoslo claro: deben ser los trabajadores, al frente de sus organizaciones, los encargados de hacerlo). Segundo, porque al atribuir a una supuesta educación en valores administrada por el sistema educativo la capacidad de solucionar la desestructuración social y sus formas se desvinculan las consecuencias de su causa, de modo que ya no se entiende que dicha desestructuración obedezca a unas relaciones económicas perversas, sino a unos valores equivocados que hay que modificar, como si los valores fueran una creatio ex nihilo, en vez de la consecuencia de las relaciones sociales imperantes. Así, por ejemplo, el racismo en nuestro país sería consecuencia de la ignorancia o de la inculcación de unos valores incorrectos, no de un mercado laboral en el cual el hombre es un lobo para el hombre y los trabajadores inmigrantes sin papeles se ven obligados a aceptar condiciones laborales infrahumanas que obligan a los trabajadores españoles a ver rebajados sus derechos para poder ganarse el pan. Al moralizar las relaciones sociales, la educación en valores actúa como cómplice del sistema socioeconómico que genera pobreza, precariedad y racismo, pues difumina en buenas intenciones el necesario análisis crítico de dicho sistema que haría posible su transformación. No es arbitrario el hecho de que la asignatura Educación para la ciudadanía pretendiese en un principio borrar del sistema educativo a la Filosofía, que busca dotar a los adolescentes de las herramientas necesarias para dicho análisis, y es profundamente hipócrita la justificación de la creación de dicha asignatura por parte de Peces-Barba y Savater en términos de generar ciudadanos críticos, pues lo que consigue es justamente lo contrario.

Por otro lado, entendemos que no corresponde al Estado inculcar valores a sus ciudadanos, lo cual equivaldría a adoctrinar, sino, a través de la enseñanza pública, instruirlos, es decir, dotarlos de conocimientos sustantivos. Sólo a través de los contenidos del conocimiento puede surgir el espíritu crítico; dotar a un alumno de dichos conocimientos objetivos es facilitarle herramientas críticas con el presente; sólo a través de la instrucción se generarán ciudadanos autónomos y críticos. Toda educación en valores es, pues, necesariamente adoctrinadora, dado que no sirve para reflexionar acerca de tales o cuales valores, sino simplemente para inculcarlos.

Igualmente, al rechazar todo adoctrinamiento por parte del Estado, nos oponemos a que en el sistema educativo se imparta religión, y coherentemente exigimos la desaparición de dicha asignatura. La Iglesia Católica ha mantenido en este punto la actitud hipócrita que la caracteriza, movilizando a sus bases contra Educación para la ciudadanía porque entiende que el Estado no debe adoctrinar, al tiempo que defiende la conservación dentro del sistema educativo de una asignatura que no tiene otro fin que el proselitismo religioso. Toda la algarabía de obispos y fanáticos no ha sido más que un nuevo episodio dentro del plan general de desestabilización del gobierno salido de las urnas hace tres años y medio por parte de la derecha ultramontana, ante la cual, como es costumbre, Zapatero y sus ministros han vuelto a bajarse los pantalones, si bien esta vez sólo hasta las rodillas, pues obedecen órdenes de la Unión Europea. De este modo, han permitido a los colegios concertados adaptar los contenidos de la asignatura a su ideario católico, con lo cual ésta cumplirá en esos centros una función doblemente adoctrinadora, de los valores de la Unión Europea por un lado, del oscurantismo religioso por el otro.

Dentro del plan de desestabilización del gobierno, la Conferencia Episcopal, a través de asociaciones afines, promueve la objeción de conciencia a la asignatura, cuyo escaso respaldo ha servido para mostrar la débil capacidad de movilización de la Iglesia Católica, y su cada vez menor implantación dentro de nuestra sociedad. Los enfrentamientos internos entre la patronal de los colegios concertados (que se debe económicamente al Estado, no lo olvidemos, por lo cual finalmente decidió pactar con el gobierno) y los sectores más beligerantes han ayudado a mostrar hasta qué punto la Iglesia Católica es un tigre de papel que se derrumbaría ante la valiente actitud de un gobierno que se decidiese de una vez por todas a cortarle el chorro de las subvenciones, es decir, a separar de una vez por todas los asuntos de Dios de los del César, condición necesaria de todo Estado que se pueda considerar legítimamente, no sólo de manera nominal, democrático.

La objeción de conciencia a Educación para la ciudadanía, aunque escasa, representa un peligroso precedente en este país que debiera ser cortado de raíz por el gobierno, pues pretende desvertebrar definitivamente la educación. Según las organizaciones que la promueven, los padres deberían tener el supuesto derecho a elegir la educación de sus hijos, lo cual se traduce en la intromisión de los padres en los contenidos objetivos y las materias que sus hijos han de aprender. Hay que decir que entre estas organizaciones se encuentra la ultraderechista HazteOír, que defiende una iniciativa del economista neoliberal Milton Friedman según la cual el gobierno, en vez de financiar escuelas públicas, debería dar a las familias una cantidad de dinero en forma de cheque escolar para que la invirtiesen en el colegio (privado, obviamente) que considerasen oportuno según sus creencias. Una forma más de desviar dinero público a centros privados. El supuesto derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos choca aquí con el principio ilustrado de una educación universal e igual para todos los ciudadanos. Si ahora estos fanáticos objetan contra Educación para la ciudadanía, ¿qué les impedirá en el futuro objetar, por ejemplo, contra la asignatura de Biología por enseñar la teoría de la evolución de Darwin? ¿O contra la Historia de la Filosofía, por enseñar a los atomistas?

La Iglesia Católica se opone a la asignatura Educación para la ciudadanía porque pretende monopolizar el adoctrinamiento de los ciudadanos, pero el enfrentamiento a ella desde posiciones ilustradas no debiera pasar, como pretenden Fernando Savater y los demás apologetas de la asignatura, por una especie de contra-adoctrinamiento por parte del Estado, sino por la separación definitiva entre ambos, que se plasmaría en la supresión de toda subvención a la institución que mejor representa en nuestro país al Antiguo Régimen, el peor enemigo de toda aspiración verdaderamente democrática.

* Javier Alcolea Rodríguez es profesor de Filosofía de Bachillerato y miembro de Trabajadores y Jóvenes por la República