El inicio de la crisis fue para los movimientos sociales y para todas aquellas personas que llevaban años trabajando en la construcción de alternativas al pensamiento único una triste oportunidad de lanzar un sonoro y colectivo «ya lo habíamos avisado». Pero a pesar de que la quiebra del sistema financiero y todos los acontecimientos posteriores […]
El inicio de la crisis fue para los movimientos sociales y para todas aquellas personas que llevaban años trabajando en la construcción de alternativas al pensamiento único una triste oportunidad de lanzar un sonoro y colectivo «ya lo habíamos avisado». Pero a pesar de que la quiebra del sistema financiero y todos los acontecimientos posteriores han puesto en evidencia la incapacidad de los mercados de regir las relaciones humanas garantizando una mínima dignidad para todos y todas, aquéllos que se han hecho desmesuradamente ricos gracias a la globalización capitalista siguen defendiendo la vigencia de sus normas del juego.
Es el caso del diseñador gallego Adolfo Domínguez, que en una conferencia pronunciada a principios de febrero en el Fórum Europa pedía públicamente medidas como el despido libre o el retraso de la edad de jubilación. Según Domínguez, la posibilidad de despedir sin trabas administrativas ni judiciales haría que la gente «se ganara su puesto de trabajo cada día» y permitiría a los empresarios adaptar su producción a la demanda. Sin duda, el modisto es todo un nostálgico, de los que piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor, y que añora el trabajo intensivo, clandestino y mal pagado que caracterizaba el sector textil gallego hace pocos años. Tanto echa de menos aquellos tiempos no muy lejanos que su firma subcontrata una parte cada vez mayor de su producción a países como Bangladesh, China o Marruecos, abandonando a los proveedores del Estado español que se ven forzados a cerrar. Y es que los talleres españoles difícilmente pueden ofrecer los mismos precios que las fábricas bengalíes, donde las trabajadoras de la confección cobran aproximadamente 26 euros mensuales.
Con la deslocalización y la subcontratación, además de recortar costes, evita «problemas» como la representación sindical de las trabajadoras, con los que ya tuvo que luchar en territorio español. Comisiones Obreras recordaba a inicios de esta semana que la firma Adolfo Domínguez ha recibido numerosas denuncias en Inspección de Trabajo por contratos irregulares o por impedir la sindicalización de las trabajadoras. Contratando en factorías chinas o marroquíes, estos inconvenientes de las «rígidas» legislaciones laborales europeas desaparecen. La conclusión de Domínguez y de gran parte del mundo empresarial es clara: ellos seguirán luchando por el modelo que más les conviene, el de la precariedad laboral, el de la explotación y el de la competitividad entre trabajadoras y trabajadores que viven en situación de miseria y que sólo pueden optar entre el hambre o el trabajo en condiciones infrahumanas.
Tras esta declaración de principios tampoco dudó en afirmar con contundencia que, dada la situación financiera del sistema de seguridad social, retrasar la edad de jubilación es una medida totalmente «lógica». Pero el lúcido análisis del señor Domínguez choca directamente con la tozuda realidad del mundo empresarial y de sus preferencias a la hora de contratar. Si los jóvenes son el colectivo más afectado por el paro, los mayores de 50 años son el grupo con más dificultades para reincorporarse a la actividad laboral en caso de perder el trabajo. En Cataluña, por ejemplo, las personas que se jubilan anticipadamente o por cierre de su empresa superan el 25% y las que lo hacen estando en activo no llegan al 50%. Así pues, ¿cuál es la opción de los empresarios como Adolfo Domínguez? ¿ Incrementar el número de personas mayores desempleadas en lugar de contarlas como jubiladas? ¿Aumentar el riesgo de pobreza de un colectivo ya bastante castigado por la precariedad?
El autor es Coordinador de la Campaña Ropa Limpia en SETEM-Catalunya
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.