La especialización del sector primario está muy ligada al recurso agua. También al recurso suelo y al recurso fitogenético o de agro-biodiversidad. Y los tres, siendo fundamentales para garantizar la Soberanía Alimentaria de las poblaciones y los territorios, se encuentran, cada día en mayor riesgo. Sirva de ejemplo el caso del olivar en superintensivo que […]
La especialización del sector primario está muy ligada al recurso agua. También al recurso suelo y al recurso fitogenético o de agro-biodiversidad. Y los tres, siendo fundamentales para garantizar la Soberanía Alimentaria de las poblaciones y los territorios, se encuentran, cada día en mayor riesgo.
Sirva de ejemplo el caso del olivar en superintensivo que ha sido utilizado por los fondos de inversión internacionales para extraer rentas del mismo. El Estado español sigue siendo el mayor productor de aceite del mundo, con miles de hectáreas dedicadas al monocultivo del olivar. En Andalucía, por ejemplo, ocupan dos terceras partes de su tierra cultivada. En los últimos años, la expansión y la industrialización del olivar van de la mano de nuevos sistemas de cultivo, en los que el olivo se planta a modo de seto, con una densidad mucho mayor y mecanizando buena parte de las tareas, lo que desplaza mano de obra. Se trata de una progresión en la que un cultivo de secano se ha ido transformado en un cultivo de regadío, con un uso importante de fertilizantes y agroquímicos que alteran la fertilidad del suelo y disminuyen la biodiversidad. En realidad, como dice el profesor Manuel Delgado Cabeza, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, hoy en día «el olivar funciona al servicio de los intereses del capital global, que en el territorio andaluz cuenta con una gran plataforma agroexportadora de la que extraer beneficios, trasladando los costes hacia el primer eslabón de la cadena, poniendo en jaque la sostenibilidad social y medioambiental de las zonas productoras».
Para mayor gravedad, normalmente los cultivos que se implantan son en régimen superintensivo, mucho más rentables para las empresas porque reducen costes de recolección, pero más agresivos con el medio. En el caso de los olivos, se implantan los llamados cultivos en seto, que permiten plantar entre 1.500 y 2.500 plantas por hectárea, con un consumo de agua de alrededor de 5.000 m3/ha/año. Esto supone un aumento espectacular de densidad, no ya del olivar tradicional, normalmente de secano, en el que hay entre 80 y 120 plantas por hectárea, sino del intensivo, con entre 250 y 400 plantas por hectárea y un consumo de agua que la Junta de Andalucía estima en 2.500 m3/ha/año (datos de 2017).
A pesar del elevado consumo de agua, los cultivos en seto mantienen a la planta en un estrés hídrico constante para evitar que crezca demasiado y pueda manejarse la plantación de forma totalmente mecanizada. Se trata de un cultivo que apenas necesita mano de obra y con un ciclo de vida de en torno a los quince años; pasado este tiempo, los olivos se arrancan para volver a comenzar. Y así hasta el agotamiento total de fuentes de agua, dejando suelos desertizados y ausencia de cobertura vegetal. Se aplican abonos de síntesis y herbicidas que alteran la fertilidad y la estructura del suelo, generando importantes problemas de contaminación hídrica y erosión.
Y un último problema, no menor, la gran cantidad de muertes de aves, sobre la cual la Junta de Andalucía ha dictado una resolución a principios de este mes de octubre que suspende cautelarmente y de forma temporal la recogida nocturna de la aceituna en olivares superintensivos mediante cosechadoras cabalgantes mientras elabora el IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía) estudios que permitan conocer la biología y ecología del sistema del olivar en seto y las aves que lo habitan, así como los posibles efectos que la recolección nocturna mecanizada pudieran tener sobre las aves migratorias. En realidad, no hacen falta muchos estudios para corroborar que se produce una muy alta mortandad de aves migratorias, como así denunció Ecologistas en Acción en Córdoba.
Aunque la rentabilidad sea bastante alta, la inversión necesaria para llevar a cabo una plantación en superintensivo también lo es; no está al alcance de cualquiera. Son grandes empresas y terratenientes los que disponen del capital necesario para hacer frente a esta trasformación. Estas inversiones se están haciendo sin tener en cuenta factores que las limitan, como el agua disponible, por lo que pueden tener problemas de viabilidad. El mercado, sin embargo, no es limitante porque al ser más rentables que las fincas tradicionales o las más pequeñas, suelen tener menos costes de producción. Esto tiene el riesgo de dejar fuera del mercado a las personas agricultoras de toda la vida, pues además de quedarse con su mercado se quedan progresivamente con su agua. En el mejor de los casos, acabarán convertidas en asalariadas de las grandes empresas, fenómeno que ya se está produciendo en zonas como Murcia y País Valencià.
Nos encontramos pues, en la deriva del modelo agrícola agroexportador, ante un problema bastante generalizado y peligroso que nadie se atreve a solucionar: las cifras de las concesiones y los derechos de agua son muy superiores a la disponibilidad. Además de otros problemas ya esbozados.
En nuestro país, el agua es un bien público, por lo que es la Administración quien debe otorgar una concesión para poder usarla. Y la Administración, inexplicablemente, ha dado más concesiones que recursos existen. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen más alto del autorizado, además de todo un cúmulo de irregularidades que apenas se controlan. En Andalucía, la Junta no ha inspeccionado las macrofincas de olivos en el sudeste mas seco de la comunidad, hasta que la situación se hizo prácticamente insostenible y ocasionó un movimiento social que exigía soluciones.
Las personas que viven de la agricultura a pequeña escala, ante la pérdida de rentabilidad de sus explotaciones tradicionales, se verán obligadas a vender sus terrenos a empresas más grandes que puedan hacer frente a los costes iniciales, con el impacto social que esto tiene al incrementar las desigualdades, acabar con el tejido agrario tradicional, aumentar el despoblamiento, etc. Y la factura ambiental nunca contabilizada, que se pagará en un futuro cada vez mas cercano, cuando se haya acabado con los agrosistemas tradicionales.
Es decir, al ritmo de explotación actual, sin detener los modelos agrarios intensivos, muchos de los acuíferos en nuestros territorios, se agotarán irremediablemente, condenando a quienes habitan la zona.
Y ¿todavía hay quien duda cuáles son los problemas reales a que se enfrenta la #EspañaVaciada?