La autora, abogada del Turno de Oficio y miembro de la Asociación Libre de Abogados, denuncia los pasos hacia la privatización del servicio público de Justicia Gratuita.
Un servicio público imprescindible para el Estado Democrático y de Derecho como es el sistema de justicia gratuita se encuentra en la actualidad seriamente amenazado por graves problemas: en primer lugar, la Comunidad de Madrid lleva varios años retrasándose de forma reiterada en el pago de las cantidades destinadas a sufragar el Turno de Oficio, habiendo llegado al extremo de que, a fecha de hoy, los abogados del Turno de Oficio no hemos percibido las remuneraciones correspondientes al trabajo realizado en el segundo semestre de 2009. La misma situación se produjo el año pasado.
Mientras tanto, los abogados de oficio trabajamos asistiendo a cientos de ciudadanos en las comisarías, en Barajas, o en los juzgados, sobreponiéndonos al perjuicio económico y soportando faltas de respeto por parte de jueces, fiscales, funcionarios de la Administración de Justicia e, incluso, de muchos ciudadanos que consideran que el Turno de Oficio es algo desprestigiado.
Otro de los graves problemas que acechan al Turno de Oficio es la práctica erradicación del acceso a la tutela jurisdiccional de los extranjeros, mediante la aprobación del Acuerdo de la Comunidad de Madrid de 28 de noviembre de 2008 por el que los extranjeros ven negado su acceso a la tutela jurisdiccional al ser inmediatamente deportados desde la frontera a su país de origen, porque no consiguen demostrar documentalmente su insolvencia en el plazo de 15 días al que obliga la Comunidad de Madrid, y porque además se les exige un poder notarial que apodere al letrado que le va a corresponder de oficio para litigar en su nombre. Como estos requisitos son de imposible cumplimiento por parte de los extranjeros en el periodo establecido por el acuerdo, el Colegio de Abogados de Madrid ya no realiza designaciones de abogados de oficio para los extranjeros, lo que supone la desaparición paulatina del Turno de Oficio de Extranjería.
La privatización
El fantasma que planea, una vez más, detrás de esta estrategia de asfixia de un Turno de Oficio que cuesta al erario autonómico unos 50 millones de euros al año, no es otro que la privatización de este servicio público. Pese a que el consejero de Justicia, Francisco Granados, ha negado la intención privatizadora por parte de la Comunidad de Madrid, contamos con algunas pruebas que la demuestran: el año pasado, la Comunidad firmó un convenio -que no se sacó a concurso público- con uno de los grandes despachos de abogados de Madrid, Cremades & Calvo-Sotelo, para impartir cursos sobre derechos a los inmigrantes, a pesar de que existe un servicio prestado, además de por algunas asociaciones y colectivos de barrio, por el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) a Extranjeros del Colegio de Abogados de Madrid. Todavía más grave fue lo sucedido con el SOJ de Mayores, que fue sacado del servicio de Justicia Gratuita para concedérselo a la empresa de abogados Legálitas, conocida por brindar un servicio irregular de asistencia telefónica. Si bien este acuerdo de privatización del SOJ de Mayores fue paralizado a tiempo gracias a las movilizaciones protagonizadas por los abogados de oficio de Madrid en el mes de febrero de 2009. Por último, el 31 de diciembre de 2009, Esperanza Aguirre anunciaba la aprobación de un nuevo Decreto en el mes de enero, que restringe el acceso a la Justicia Gratuita en todos los ámbitos, y en especial en relación con la Ley de Extranjería, debido «al abuso que se hace de la misma».
Con esta grave situación por la que atraviesan el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita se pone en jaque unos de los pilares sobre los que descansa el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Y ello es así si tenemos en cuenta que la Justicia Gratuita se destina a cubrir las necesidades -en todos los órdenes jurisdiccionales- de los ciudadanos que carecen de recursos económicos para litigar y ser defendidos en los procesos judiciales. Y estos órdenes jurisdiccionales tienen, a su vez, como destinatarios principales a los ciudadanos que están en situación económica más vulnerable: los extranjeros que llegan a España buscando un futuro mejor, y en el orden Penal, los que se encuentran atrapados en la eterna correlación entre exclusión social, delincuencia y control penal.
Los ciudadanos económicamente más vulnerables perderán el derecho a obtener los servicios de un abogado de oficio, que actúa bajo el mandato legal de la libertad y la independencia de criterio. Si se privatiza el Turno de Oficio, no sólo habrá menos ciudadanos que puedan acceder a este servicio, sino que éstos estarán representados por letrados asalariados de grandes corporaciones y despachos, que se deberán a los intereses económicos del despacho para el cual trabajan. Y es que la gestión privada de un servicio como el Turno de Oficio jamás podrá reemplazar la labor prestada por un servicio público estatal, que sólo se debe a la realización de un mandato constitucional: garantizar a todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad, el derecho a la tutela judicial efectiva.
Ante este grave problema, los abogados nos preguntamos dónde están el Colegio de Abogados de Madrid y el Consejo General de la Abogacía Española y denunciamos su pasividad y su falta de compromiso con quienes constituimos el sector más numeroso de los colegiados. Pero, de modo fundamental, denunciamos su falta de compromiso con los ciudadanos, porque son ellos los destinatarios del mandato legal de gestionar un servicio público que garantiza el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.
Lorena Ruiz Huerta es miembro de la Asociación Libre de Abogados
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Aguirre-ahora-contra-la-Justicia.html