Varias cuestiones amenazan el derecho de defensa de migrantes en los procedimientos de extranjería. Una es la alarmante situación en la que desde hace años se encuentra el turno de oficio, provocada por el desprecio por parte de las administraciones y el poder judicial hacia la defensa jurídica de personas sin recursos. Así, las cantidades […]
Varias cuestiones amenazan el derecho de defensa de migrantes en los procedimientos de extranjería. Una es la alarmante situación en la que desde hace años se encuentra el turno de oficio, provocada por el desprecio por parte de las administraciones y el poder judicial hacia la defensa jurídica de personas sin recursos. Así, las cantidades que perciben los abogados de oficio por su trabajo no se actualizan desde 2003 y, lo que es peor, a día de hoy el Gobierno de la CAM acumula un retraso de más de un año en el pago de las mismas.
Para 2009, la Comunidad ha previsto para el turno de oficio una cantidad que se destinará a pagar la deuda acumulada, lo que deja prácticamente agotado el presupuesto para pagar las actuaciones que realicen las letradas durante el año. Esto manifiesta la voluntad expresa del Gobierno Aguirre de deteriorar el turno de oficio. Por este motivo las asociaciones Asociación Libre de Abogados, Asociacion Profesional de Abogados de Extranjería y Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno acusan a la CAM de practicar una política de «tierra quemada» con el turno de oficio, como paso previo a su privatización, y han convocado a los abogados de oficio a una protesta que comenzó el 16 de febrero con un encierro en la sede del Colegio de Abogados. Lamentablemente, la degradación del turno de oficio repercute, si bien no justifica, en la calidad de la asistencia que prestan los letrados a personas extranjeras, donde se producen a menudo problemas de falta de comunicación de éstos con los letrados designados para su defensa.
Así las cosas, y ante la previsión de un considerable aumento de solicitudes de justicia gratuita por parte de ‘sin papeles’ motivada por el proyecto de endurecer la normativa de Extranjería, así como por el incremento de la presión policial sobre los extranjeros decidida por el Ejecutivo estatal, la CAM adoptó en noviembre un nuevo acuerdo, en el seno de la Comisión de Justicia Gratuita: para acceder a este derecho, los extranjeros deberán acreditar la insuficiencia de recursos económicos para litigar en los mismos términos que los españoles, con la única diferencia de que en vez de diez se les darán 15 días para aportar los documentos que acrediten esa carencia, transcurridos los cuales se archivarán las solicitudes de abogado de oficio. No explica el acuerdo qué documentación se pedirá a los internados en los CIE, que ni tienen nóminas ni constan en registros públicos, o a las personas devueltas en frontera o deportadas a su país de origen. El acuerdo, que entrará en vigor en marzo, elimina de facto el derecho de justicia gratuita de los extranjeros que sean deportados a sus países de origen, ya que, en la práctica, las posibilidades de acreditar la insuficiencia de recursos en ese plazo serán casi nulas.
Por otra parte, en el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería presentado por el Gobierno a las Cortes se introduce un precepto que dificultará mucho las posibilidades de acceso a la jurisdicción de los extranjeros expulsados. Se trata del Art. 22 bis, que determina que quienes quieran recurrir una decisión administrativa de expulsión ante la jurisdicción competente deberán manifestar su voluntad fehaciente de hacerlo, sin que sirva, como hasta ahora, la designación que se hace al abogado que les asiste en frontera o en comisaría. Se establece que podrá hacerse esa manifestación de voluntad en el consulado o misión diplomática correspondiente, lo que puede no ser complicado en Milán, pero sí lo es, y mucho, en las oficinas de Bogotá o Dakar, donde la administración se asemeja más a un negociado colonial que a una dependencia propia de una administración moderna y accesible.
Diego de las Barreras. Abogado de la Oficina de Derechos Sociales de Seco.