La tendencia privatizadora de Esperanza Aguirre en los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid se extenderá también a los cuatro grandes centros que aún conservan la gestión pública en la capital. El Ramón y Cajal, el Doce de Octubre, el Gregorio Marañón y La Paz pasarán a tener una gestión privada de sus servicios […]
La tendencia privatizadora de Esperanza Aguirre en los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid se extenderá también a los cuatro grandes centros que aún conservan la gestión pública en la capital. El Ramón y Cajal, el Doce de Octubre, el Gregorio Marañón y La Paz pasarán a tener una gestión privada de sus servicios no sanitarios, según explicó la Consejería de Sanidad durante la presentación, ayer por la tarde, del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011. Mientras el departamento de Juan José Güemes estas medidas, así como la construcción de cuatro nuevos centros de gestión totalmente privada, unas 1.500 personas volvieron a manifestarse en contra de la privatización, y acusaron a Aguirre de estar subastando la sanidad pública.
Parece que ninguno de los hospitales madrileños se va a poder salvar de las ansias privatizadoras de Esperanza Aguirre. Si hasta ahora los cuatro gigantes sanitarios -Ramón y Cajal, Doce de Octubre, Gregorio Marañón y La Paz- se habían librado de la intervención de las empresas, la Comunidad de Madrid ha decidido aplicarles también el modelo PFI (iniciativa de financiación privada, por sus siglas en inglés).
Gestión privada del servicio no sanitario
Así lo anunció el martes Antonio Bargueño, director general de Hospitales, que indicó que la Consejería de Sanidad va a ceder los servicios no sanitarios de estos centros a la iniciativa privada. El sistema es el mismo que tienen actualmente siete de los ocho nuevos hospitales madrileños: la Comunidad contrata a una empresa que construye (en ese caso remodela) el hospital, lo equipa y provee el personal administrativo, de mantenimiento, etc. Sanidad por su parte paga a dicha empresa un alquiler por el edificio y pone al personal médico.
Menos camas
En el caso de estos cuatro centros, la privatización supondrá una pérdida cuantiosa de camas: todos ellos se quedarán con entre 700 y 800, cuando ahora tienen entre 1.090 y 1.300. Aguirre justifica esta reducción alegando que los pacientes se repartirán con los nuevos hospitales.
Totalmente privados
Según el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011, tres hospitales más serán reformados y se construirán otros cuatro en Collado Villalba, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Carabanchel. En este caso, su gestión será totalmente privada, es decir, la empresa concesionaria se encargará de todos los servicios, incluido el personal médico. Este sistema ya se ha puesto en práctica en el hospital de Valdemoro, donde se paga una cuota anual fija por cada tarjeta sanitaria que atiende el hospital. En el caso de los nuevos centros, además de esa cuota fija habrá que pagar un canon anual para sufragar los gastos no sanitarios.
«Subastar» la sanidad
Ante esta situación, no es extraño que en la calle se repitieran ayer las protestas. Unas 1.500 personas se congregaron ante el Hotel Ritz, donde tuvo lugar la reunión de la Consejería con los empresarios. Los asistentes, convocados por media docena de entidades en defensa de la sanidad pública, acusaron a Aguirre de querer «subastar la sanidad pública» y pidieron la marcha de las empresas del sistema sanitario madrileño.
Inspección del Gobierno central
Desde IU, Gaspar Llamazares pidió al Ejecutivo central que «ordene una inspección del sistema sanitario de Madrid». La coalición considera que «la dinámica privatizadora de Esperanza Aguirre no cabe en la Constitución» y que la presidencia regional tiene «tendencias independentistas y soberanistas».