Ya ha empezado. Los recortes y los reajustes ‘a la griega’ que pedían el FMI y la UE han llegado al Estado español. El ‘zapatazo’ supone un cambio importante en la situación política general. Es un ataque frontal a la clase trabajadora, y la mayoría de la población así lo percibe. No han tenido forma […]
Ya ha empezado. Los recortes y los reajustes ‘a la griega’ que pedían el FMI y la UE han llegado al Estado español. El ‘zapatazo’ supone un cambio importante en la situación política general. Es un ataque frontal a la clase trabajadora, y la mayoría de la población así lo percibe. No han tenido forma de maquillarlo.
Nos dicen que es un plan de austeridad para reducir el déficit público, sin embargo, las cifras no cuadran. El presupuesto militar de 2010 sube a 19.000 millones de euros, más o menos lo mismo que quieren reducir en gasto público con los nuevos recortes. Además, Hacienda afirma que el fraude fiscal asciende a 90.000 millones de euros. Para no hablar de lo que se podría recaudar fiscalizando los beneficios empresariales o las grandes fortunas.
Para la reducción del déficit, han decidido recortar gastos y no aumentar los ingresos. En cualquier caso, los intereses de los ricos no se han tocado. Por lo tanto, la idea de que intentan vender de que el gobierno no tenía ninguna alternativa es totalmente falsa. De hecho, el paquete de recortes es un mensaje claro. Un mensaje dirigido al FMI y en los mercados internacionales: el gobierno español está dispuesto a hacer cualquier cosa; si hace falta, también reducir las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Lo más importante es que estas medidas son tan sólo el principio. La anunciada jubilación a los 67 años, la posible introducción del copago a la sanidad o la reforma laboral que pretende abaratar el despido, aumentar los ámbitos de actuación de las ETT o la introducción de un contrato para jóvenes que no coticen en la Seguridad Social son ejemplos de los recortes que vienen.
Los recortes de ZP suponen un cambio de la situación política, porque es el ataque más duro de los últimos años y ha dejado atrás la percepción generalizada de la crisis como un enemigo difuso, al cual no sabemos cómo hacer frente. Ahora queda claro cuál es el enemigo contra quien luchar: los recortes y el gobierno de Zapatero. Supone un cambio también porque ha obligado a las dos centrales sindicales mayoritarias a cambiar el discurso. Inmediatamente después del anuncio de los recortes, convocan huelga del sector público el día 2 de junio, que finalmente será el 8 de junio, y hacen correr el rumor de huelga general. Eso no significa que abandonen de golpe la paz social, pero sí que abre la puerta a un posible ciclo de movilizaciones.
Ahora se hace más urgente que nunca la convocatoria de una huelga general. La convocatoria del sector público tiene un problema al plantear el conflicto entre sector público y gobierno, es una oposición sólo al recorte del 5% del sueldo de los empleados públicos. ¡Como si no afectara al resto de trabajadoras y trabajadores! ¡Como si la congelación de las pensiones, la reducción de la inversión estatal, la eliminación del ‘cheque bebé’ o la eliminación de las prestaciones de dependencia no fueran ataques a las clases populares en general!
El gobierno tiene serios problemas e intenta hacer malabares para salir del paso. Después de anunciar las medidas el pasado 12 de mayo, el día 27 consiguió que se aprobaran en el parlamento para un solo voto. El principal problema, sin embargo, es que Zapatero lleva toda la legislatura diciendo que no habría recortes sociales, y en un día han tirado todo el discurso socialdemócrata por la borda.
La otra bomba de relojería es la reforma laboral. El gobierno anunció que si no se llegaba a un acuerdo entre sindicatos y patronal, la sacaría adelante por decreto. Ha fijado como fecha máxima para aprobarla el 15 de junio. Por su parte, CCOO y UGT han dicho que si se aprueba una reforma laboral que ellos no hayan firmado convocarán huelga general.
Parece probable que haya una huelga general. Pero la huelga del 8 de junio demuestra que la burocracia sindical no está por una movilización potente. La tarea de los movimientos sociales y de la izquierda anticapitalista es convertir la huelga del sector público en una jornada de lucha que reclame la huelga general contra todos los recortes.