La democracia lo es cuando se ejerce y deja de serlo cuando lo que se ejerce es la represión -con cárcel incluida- a no ser que por democracia se entienda cualquier cosa o se le dé un sentido tergiversado como está sucediendo. El pasado sábado 16 de junio a las ocho de la tarde la […]
La democracia lo es cuando se ejerce y deja de serlo cuando lo que se ejerce es la represión -con cárcel incluida- a no ser que por democracia se entienda cualquier cosa o se le dé un sentido tergiversado como está sucediendo.
El pasado sábado 16 de junio a las ocho de la tarde la policía -también podrían ser unos matones a sueldo, nadie lo sabe con certeza- secuestraban a Cándido y a Morala en plena calle cuando iban hacia su domicilio en compañía de sus respectivas familias. La misma historia en los dos casos, en las dos intervenciones policiales: ninguna orden escrita, ningún documento, nada, sólo la imposición de la autoridad, vestidos de calle, que sólo alcanza a imponerse por la fuerza bruta ¡suban al coche! «camuflado» y para la comisaría, pero que resultó ser para la cárcel de Villabona donde actualmente se encuentran.
Dos días antes, el jueves 14, el Delgado del Gobierno Trevín Lombán, del PSOE, recibía el auto del juez Rubio Mayo con la ejecución de la sentencia -privilegios de la autoridad o, mejor dicho, corruptela institucional- que el Delegado utilizó para jugar sus cartas deteniendo a Juan Manuel Martínez Morala, Secretario General de un sindicato, la CSI, y al anterior Secretario Cándido González Carnero a última hora del sábado cuando las posibilidades de respuesta del sindicato CSI y de la Plataforma contra la Represión y por las Libertades quedaba mermada durante todo el fin de semana. Aunque, a pesar de todo, el sábado y el domingo la movilización se hizo sentir, lo mismo que la presencia de la autoridad policial que impidió que la solidaridad llegara hasta la cárcel de Villabona. Esta autoridad anotó matrículas de todos los vehículos, prohibió y cortó el acceso al entorno de la cárcel. El lema del poder es: ¡no a la solidaridad!, parece ser que tienen pánico a la solidaridad.
Hasta mediados de la semana siguiente, ni el abogado ni Cándido ni Morala recibieron el auto del juez Rubio Mayo con la orden de ingreso en prisión. El juez, de hecho, les ordenó ingresar en prisión cuando ya llevan varios días entre rejas, de este modo tanto el Delgado del Gobierno como su policía no realizaron una detención sino un secuestro. Algunos a esto lo denominan Estado de Derecho pero, la pregunta es ¿Con qué autoridad y con qué argumentos la policía detiene y encarcela a dos sindicalistas sin ningún documento? No importa que el documento exista o no, cuando los que así actúan no lo exhiben y ni siquiera tienen el documento que les faculta o no para actuar, están realizando un secuestro. Así, de este modo, no se puede hablar ahora de orden, de leyes y de autoridad. Precisamente es la autoridad la que actúa como vulgares bandoleros.
Mientras sucedía todo esto, las mismas autoridades no cesaban de ofender y burlarse de los detenidos (secuestrados) e insistían en que el ayuntamiento no había presentado denuncia alguna, cuando en toda la documentación que llega a los 400 folios no hay más que un denunciante y un sólo damnificado: el ayuntamiento de Gijón. Pero a pesar de la evidencia, una y otra vez, el delegado del gobierno Trevín Lombán y la alcaldesa Fernández Felgueroso, el consejero de justicia García Valledor, el teniente de alcalde Montes Estrada y todo el aparato político y burocrático de ambos partidos de la coalición de gobierno autonómico y municipal de la «izquierda plural» del PSOE e IU volvían a reiterarse, después de dos años de proceso, en que ellos no han presentado denuncia alguna y echan la culpa al PP por aprobar una ley antiterrorista que no es de aplicación a conflictos estrictamente laborales.
La situación llega al límite ahora, cuando el 28 de junio Cándido y Morala reciben en al cárcel un auto que el juez Rubio Mayo, a través del juzgado de Llanera, municipio en donde se encuentra la cárcel de Villabona, requiriéndoles el pago de la multa de 2.160 euros a cada uno y el «pago de forma conjunta y solidaria de la indemnización a favor del perjudicado AYUNTAMIENTO DE GIJÓN de 5.624,83 euros bajo apercibimiento de proceder por la vía de apremio contra los bienes de su propiedad».
Mientras al mismo tiempo todas las autoridades más arriba mencionadas y con poder para propiciar el indulto se deshacen en falsas palabras. Todos han dicho que se adhieren y apoyan el indulto, pero, de momento, sólo trasciende el nivel de hipocresía de la que son capaces cuando arremeten con esta diligencia a Cándido y Morala para que efectúen el pago -con la amenaza de embargo- de la multa y de la indemnización al ayuntamiento cuya corporación sigue afirmando que no han presentado ninguna denuncia cuando el 13-01-2006 el funcionario Fernández Pola prestaba declaración, en nombre y representación del ayuntamiento, bajo juramento o promesa ante el Secretario Judicial del juzgado de instrucción, quien le apercibía de que aunque no se persone el Ministerio Fiscal, de oficio, ejercitará las acciones penales correspondientes y reclamará para los perjudicados la reparación de los daños, tanto materiales, como morales. En el juicio y en la sentencia sólo aparece un denunciante y un perjudicado: el ayuntamiento de Gijón. ¿En qué capitulo y bajo qué epígrafe va a registrar los 5.624 euros?