Las mujeres migradas se enfrentan a la hostilidad de un sistema administrativo y legal perpetuador de actitudes racistas cuando interponen una denuncia e inician un proceso judicial por violencia machista.
“Me di cuenta aún más de lo que significa ser una migrante latina en España al iniciar un proceso jurídico por malos tratos; existe una hostilidad dentro del sistema que está condicionada por tu parte migrante. Te convierten en una persona sin identidad”, explica Carla Navarro (nombre ficticio). En 2020 se trasladó de México a España para comenzar un proyecto familiar junto a su pareja y su hijo, pero la situación desembocó en aislamiento y violencia machista. “Cuando me atrevo poner una denuncia se me violenta también en la comisaría. El policía me dice que muchas mujeres extranjeras hacen lo que yo hago, poner denuncias falsas para conseguir papeles y protección del Estado. Me habían puesto en una categoría de una extranjera, latina, en un lugar sin ningún poder, ningún derecho humano”, añade.
La situación se repite diariamente en muchas comisarías del Estado español, y ese es solo el principio. Mujeres migradas que toman la decisión de poner fin a una situación insostenible y se encuentran con unas resistencias policiales y administrativas muy alejadas del soporte que esperaban encontrar, donde los prejuicios y las actitudes racistas están muy presentes. “Al denunciar no sabes que ese sistema va a ser devastador, que cuando entras a una declaración no se te permite expresar, es un sistema confrontativo, muy patriarcal, muy hostil”, señala Navarro. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, durante 2022, los juzgados españoles recibieron más de 182.000 denuncias de violencia machista. Una de cada tres mujeres no había nacido en el Estado español.
En el libro Revictimizadas: migrantes y víctimas de violencia de género, la doctora en Derecho y Ciencias Sociales, y actualmente orientadora laboral,Raquel López Merchán expone los resultados de cuatro años de investigación y de entrevistas, tanto con mujeres como con personal involucrado en los procesos judiciales. “Hay muchas mujeres que denuncian, y si ya es difícil tomar la decisión sin tener permiso de residencia ni de trabajo aún lo es más al encontrarse con un muro, y siempre es el mismo, no las escuchan, las tratan con prejuicios, les dicen que si van a denunciar es porque quieren los papeles. Y ahí está clara la desinformación, no funciona así, esto tiene un proceso, no por ser mujer migrante van a recibir una ayuda inmediatamente, tienen que hacer todos los pasos igual que una persona que ha nacido aquí”, explica López Merchán. “Al entrevistar a abogados y abogadas me marcó mucho la diferencia abismal en el trato que hacían quienes dedicaban parte de su tiempo a una entidad del tercer sector a quienes solo trabajaban en el ámbito privado: cómo las trataban, cómo se autojustificaban. Salí de una entrevista a una abogada de oficio pensando que ya sabía por qué no me dedicaba a esta profesión”, apunta la experta. “La denuncia es algo más que el papelito de la Guardia Civil, es también contarlo a alguien de tu entorno, y a partir de ahí trabajar con esa mujer a nivel psicológico y emocional para que luego esté fuerte y pueda denunciarlo. También conozco casos de mujeres víctimas de violencia de género o violencia sexual que nunca han interpuesto una denuncia, porque no había pruebas sólidas para que hubiese una sentencia condenatoria, y se ha preferido trabajar a nivel psicológico para que tengan las herramientas para enfrentarse a sus situaciones; con las mujeres migrantes el trabajo es mucho mayor, porque tienen que luchar con estereotipos, prejuicios, estigmas, y además tienen que luchar con el sueño de venir aquí y que fuera todo más sencillo, y se dan de bruces cuando pisan suelo español porque se dan cuenta de que no es así”, añade López Merchán.
El marco jurídico de la violencia machista figura en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que, además de contemplar la sanción penal, incluye distintas medidas para abordar esta violencia de forma integral. Por su parte, la ley de extranjería contiene disposiciones relativas a las mujeres víctimas de violencia de género migradas. El artículo 31 indica que la mujer extranjera, independientemente de su situación administrativa, es decir, sin importar si está en situación regular o no, “tiene garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente”. También se regula la situación de las mujeres víctima de violencia de género que se encuentren en situación irregular en el momento de la denuncia: no se puede iniciar un procedimiento sancionador por ello y, en caso de que ya exista uno comenzado, se tendría que suspender. Además, se introduce la posibilidad de solicitar una autorización de residencia temporal y trabajo, tanto para la víctima como para sus hijos o hijas, que se tornará en definitiva si finaliza el procedimiento penal con condena al victimario o se deduce que la mujer es víctima de violencia de género. En caso contrario se podría iniciar un procedimiento sancionador de extranjería por el hecho de encontrarse en situación irregular, o reanudarse el ya existente. Por su parte, el Reglamento de Extranjería (Real Decreto 557/2011, de 20 de abril) señala que la cónyuge o pareja reagrupada (es decir cuya pareja sí tiene residencia legal) podrá obtener autorización de residencia y trabajo independiente cuando sea víctima de violencia de género. Para ello, es necesaria la existencia de una orden judicial de protección o un informe del Ministerio Fiscal en el que se indique que existen indicios de violencia de género. También se indica la posibilidad de una autorización de residencia y trabajo independiente en caso de violencia doméstica.
Las organizaciones proponen
Una treintena organizaciones de mujeres migrantes del Estado español, entre las que se encuentran la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), la RED de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Por ti Mujer de Valencia, Mujeres Supervivientes de Sevilla o el Grupo de Mujeres Africanas, han trabajado durante años para elaborar una serie de propuestas para la prevención, protección y atención integral especializada y el acceso a la justicia para las mujeres migrantes víctimas de las distintas formas de violencia de género. Consideran que, aunque se ha avanzado en la lucha contra las diferentes formas de violencia de género, las normas y políticas frente a la violencia machista se dirigen a una especie de estereotipo de víctima, una especie de ‘víctima ideal’ que es la que puede acceder a la protección, pero que deja fuera a las mujeres migradas o racializadas. “El proceso legal para llegar a obtener una orden de protección, un informe fiscal o una sentencia condenatoria es muy complejo, para todas las mujeres es un camino largo y complicado, pero para una mujer sin recursos, sin apoyo familiar o sin hablar el idioma, este camino es doblemente duro” explica Antonia Ávalos, fundadora de la asociación sevillana Mujeres Supervivientes.
Entre las propuestas que han elaborado figuran que no se condicione la autorización de residencia y trabajo provisional por circunstancias excepcionales a una orden de protección o un informe del Ministerio Fiscal, ni su concesión a un procedimiento penal que concluya con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial, sino que exista la posibilidad de autorización mediante informe de los servicios sociales, servicios especializados o servicios de acogida de la Administración Pública. Del mismo modo, piden que se regularice la situación de los hijos e hijas menores de edad de las víctimas y supervivientes de violencia de género migrantes que se encuentren en un estado administrativo irregular. También solicitan que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género incluya la violencia institucional a partir de una perspectiva de género, derechos de la infancia e interseccionalidad. Además, reclaman que el Ministerio de Igualdad garantice que para la implementación de la estrategia estatal de prevención y respuesta a las violencias machistas se cuente con la participación efectiva de las mujeres migrantes víctimas y supervivientes de las violencias machistas. Lo que persiguen, en definitiva, es que se cuente con su perspectiva y su participación a la hora de elaborar las políticas relacionadas con violencia machista.
“No contamos con el impacto psicoemocional que representa el proceso jurídico. De todo lo vivido, si ya la historia con el padre de mi hijo fue muy dura, lo ha sido más el racismo del sistema gubernamental. Ahora entiendo por qué muchas mujeres después de estos procesos hacen una limpieza de su vida y no quieren ni siquiera hablar. Es muy duro”, cuenta Carla Navarro. Hace unos meses decidió frenar el proceso jurídico: “No podía más, aun cuando me he sentido privilegiada en muchos aspectos por haber tenido un rescate terapéutico, y apoyo familiar en la distancia. Una cree que ciertas batallas tendrían que terminar diferente, pero he privilegiado mi bienestar, y también el de mi hijo”.
Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2023/06/al-denunciar-no-sabes-que-ese-sistema-va-a-ser-devastador/