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Entrevista a Albert Riba, Presidente de la Unión de Ateos y Librepensadores

«Alegar la tradición para legitimar el uso de símbolos religiosos en el espacio público es, además de ofensivo, una manipulación de la realidad»

Fuentes: Lumpen

La Unión de Ateos y Librepensadores es una organización que últimamente se ha hecho notar por su iniciativa del «bus ateo». Más allá de este hecho en concreto, llevan muchos años reflexionando sobre la intromisión de la religión en la política de los estados y la necesidad de separar ambos conceptos. Primero felicitarles por su […]

La Unión de Ateos y Librepensadores es una organización que últimamente se ha hecho notar por su iniciativa del «bus ateo». Más allá de este hecho en concreto, llevan muchos años reflexionando sobre la intromisión de la religión en la política de los estados y la necesidad de separar ambos conceptos.

Primero felicitarles por su campaña del «bus ateo», con la que han conseguido visibilidad y han generado debate en la calle. ¿Era esa su intención?

Efectivamente nuestra intención era dar visibilidad a los ateos, a los agnósticos, a los no creyentes y además iniciar un debate social sobre los derechos de los no creyentes, tema que como se ha visto es aún fuente de fuertes contradicciones, pero además se ha constatado que los que afirmaban que destapar la caja del tema de la religión en España era provocar una situación de preguerra civil, estaban totalmente equivocados o tenían maliciosas intenciones al decirlo. La ciudadanía les ha dado una lección de madurez y civilidad.

En la teoría, España se define como un Estado aconfesional, pero en la práctica… ¿qué comportamientos no son de Estado aconfesional sino propios de un Estado católico?

Sin duda la lista es muy larga, pero destacaremos la situación de privilegio consagrada por un desequilibrado concordato, una ley de Libertad Religiosa que favorece a la Iglesia católica y partes de diversas leyes que permiten la existencia de la asignatura de religión en las escuelas pagadas por todos y la existencia de curas militares, de curas en hospitales, en cárceles… siempre pagados por el dinero de todos. Además de una asignación presupuestaria y una exención de impuestos fuera de todo control.

¿Es lícito que el Estado conserve acuerdos con la Iglesia católica?

Si los acuerdos son con los ciudadanos españoles que practican una religión, sea la católica o no, y siempre que por parte de las religiones se adquieran compromisos democráticos a favor de la libertad y la laicidad, seguramente serían instrumentos útiles.

¿Creen que la Iglesia tiene un trato de favor por parte del Estado?

Sin lugar a dudas.

¿En qué medida influye la Iglesia en la elaboración y aprobación de leyes? (eutanasia, aborto, matrimonio entre homosexuales… )

Lamentablemente la Iglesia católica no se limita a dar instrucciones morales y de conducta a sus correligionarios, sino que pretende imponer a las personas que no compartimos sus ideas sus códigos morales. Esta actitud en ningún caso puede tolerarse por las autoridades, puesto que a nadie se le puede obligar a practicar actos que no desee, pero seguramente si la ley permitiera ciertas prácticas a las que se oponen determinadas religiones, la ciudadanía haría más caso de la ley que de trasnochados códigos morales.

Dentro del aparato judicial, ¿creen que se hace una lectura religiosa de las leyes?

Dentro de la judicatura hay personal de una gran categoría moral y profesional que, antes que sus ideas, entienden que deben cumplir la ley. Pero lamentablemente, aún hay demasiados jueces que no saben diferenciar su trabajo de su religión.

¿Es legal objetar contra ‘Educación para la ciudadanía’? ¿También se consentía antes con la asignatura de ‘Religión’?

Las asignaturas de religión son para adoctrinar a los niños en unas determinadas ideas, si no fuera así, las religiones no tendrían ningún interés en ellas. La asignatura de educación para la ciudadanía es un intento de transmitir a los jóvenes el modelo de sociedad democrática de la que nos hemos dotado los ciudadanos. Oponerse a ella es desear otro modelo no democrático de sociedad.

¿Cómo es posible que centros como colegios y hospitales públicos sigan estando presididos por un crucifijo? ¿Se puede obligar su retirada?

Los espacios públicos, entendiendo como tales los que sufragamos entre todos y que están a nuestro servicio, en un estado aconfesional deben estar exentos de simbología de una opción de conciencia que sólo comparte una fracción de ciudadanos. Alegar la tradición como fuente de legitimación de esa presencia es, además de ofensivo para los que no comparten esa idea, es descaradamente manipular la realidad, después de una dictadura en la que se impuso la religión a sangre y fuego lo que queda no son tradiciones sino traiciones.

¿Cuál es su postura sobre la polémica del velo en la escuela? ¿Debe preservarse la libertad religiosa?

Todas las personas deben tener el derecho a practicar la opción de conciencia que deseen, pero en el caso del velo no se quiere distinguir entre lo que es la libertad religiosa de lo que es discriminación de género. Por otro lado, el velo no es interpretado igual por todas las corrientes del islamismo, hay desde los que no lo tienen en cuenta hasta los que imponen el burka. Pero por si el argumento alcorán no fuera poco, en la biblia también está, aunque con otras palabras: las personas deben vestirse con decoro para no provocar impulsos impuros en los demás, lo que implica culpabilizar a los inocentes y legitimar a los culpables. Las autoridades deberían velar para que estas conductas, favorecedoras de conductas anti igualitarias, fueran desterradas de los lugares donde el valor a transmitir es el de la igualdad de hombres y mujeres.

¿Pueden los profesionales sanitarios y farmaceúticos negarse a la distribución de productos vinculados a la salud de las personas, como los preservativos o la píldora del día después?

La cláusula de conciencia no puede ser alegada de forma indiscriminada por cualquier ciudadano, sólo la ley debe regular su restringidísimo uso para casos muy especiales, pues en ningún caso las ideas de una persona deben estar por encima de los derechos de otras a recibir unos servicios necesarios, normales y legales.

Y por último, ¿puede la Iglesia impedir la libre apostasía? ¿No resulta cínico que en cambio no tenga ningún problema a la hora de conceder la nulidad matrimonial (proceso que exige una gran suma de dinero por parte de los interesados)?

Para bautizar a un prosélito no le hace ninguna pregunta. Sin su consentimiento se le bautiza sin ningún requisito previo por parte del nuevo «creyente». ¿Cómo pueden exigir ningún requisito para dar el paso contrario? ¿Cómo se atreven a considerar delito la apostasía (ver Código de Derecho Canónigo)? Lo más extraordinario es la dejación que sobre este tema hacen los poderes públicos. No se trata de una cuestión privada, sino de derechos fundamentales a tener o a abandonar una religión, que son conculcados con descaro por la jerarquía católica y la de otras muchas religiones.