Una de las mayores y más desconocidas violaciones del derecho a la libre expresión durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma fue la sufrida por el principal diario opositor: La Opinión . Comenzó con el asalto y destrucción («empastelamiento») de su imprenta efectuado por la policía el 5 de julio de 1934, en el […]
Una de las mayores y más desconocidas violaciones del derecho a la libre expresión durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma fue la sufrida por el principal diario opositor: La Opinión . Comenzó con el asalto y destrucción («empastelamiento») de su imprenta efectuado por la policía el 5 de julio de 1934, en el contexto de una feroz escalada represiva del gobierno que había culminado con la detención y desaparición de centenares de campesinos, luego de la sublevación de Ranquil hecha por desesperados colonos expulsados de sus casas y tierras a comienzos del inhóspito invierno de la precordillera de Lonquimay.
Es muy probable que haya influido un duro editorial del diario contra dicha matanza, que terminaba señalando: «Por humanidad y por el decoro mismo del país, evitemos que el mundo civilizado nos ponga en parangón con la Alemania hitlerista, donde no se vacila en recurrir a la barbarie, fusilando sin forma alguna de proceso a hombres ilustres, para mantener un régimen oprobioso» (en referencia a la reciente «noche de los cuchillos largos», en la que Hitler había ordenado numerosos asesinatos de opositores), ( La Opinión ; 3-7-1934).
Aunque hubo una indicación mucho más concreta de la represión que se avecinaba. Esta fue denunciada en la Cámara por el diputado radical-socialista Pedro González, citando una información que daba el diario horas antes de sufrir el asalto de la policía, el mismo día 5 de julio: «Una personalidad perfectamente informada nos comunicó anoche que el ministro de Hacienda, señor (Gustavo) Ross había declarado en una de las salas de la Cámara que pediría al presidente de la República la clausura del diario, por los artículos que con firma responsable, ha publicado sobre la conversión de la deuda externa» (Boletín de Sesiones de la Cámara; 9-7-1934).
El hecho fue que el gobierno -a través de Investigaciones y Carabineros, con el pretexto de una reunión sindical-estudiantil convocada públicamente y que se efectuaba en su sede- allanó el local de La Opinión cerca de las 11 de la noche de aquel día, deteniendo a más de 150 personas y destruyendo la imprenta del diario. Como señala Gonzalo Vial, «los hechores jamás serían identificados, ni menos aprehendidos, pero nadie ignoraba que habían sido agentes de Investigaciones» ( Historia de Chile (1891-1973) . De la República Socialista al Frente Popular (1931-1938) ; Edit. Zig-Zag, 2001; p. 300). Sin embargo, no faltaron quienes pretendieron defender lo indefendible. Así, El Mercurio informó que Investigaciones reconoció el allanamiento del diario y que después que ellos se retiraron -¡a altas horas de la madrugada!- «una poblada causó destrozos en el local de la imprenta» (6-7-1934). Y el senador conservador Horacio Walker se hizo eco de ello días después, al decir que condenaba «la actuación de unos particulares que han ido a atropellar un diario» (Boletín de Sesiones del Senado; 9-7-1934).
SENADOR DETENIDO
Testigo privilegiado de la acción represiva fue el senador democrático Virgilio Morales, quien al pasar en auto por la Alameda y ver una gran masa de carabineros y de agentes de Investigaciones frente al local de La Opinión («probablemente más de doscientos o trescientos»), preguntó qué pasaba: «Se me contestó que en esos momentos se apaleaba a los miembros de la Izquierda. Yo (bajé) del auto y penetré al local (…) Llegué hasta la sala del director, y encontré al señor Luis Mery encerrado con dos carabineros, que abocaban en dirección a él sus carabinas. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que haría media hora se había ocupado La Opinión y que en ese momento la allanaban. Entré a un patio (…) Allí me impuse de que ya habían partido para la dirección de Investigaciones varias camionadas de detenidos (…) Me encontré allí con todos los jefes de la Sección de Investigaciones (…) les pregunté por orden de quién se invadían las salas de ese local. Nadie me contestó (…) Solamente en el momento de abandonar el local (…) se cruzaron ante mí agentes y carabineros para impedirme la salida. Minutos después era conducido en un auto a la Sección de Investigaciones, en donde me hicieron pasar la noche y todo el día siguiente hasta las ocho de la noche, hora en que tuve la noticia de que la Ilustrísima Corte de Apelaciones había ordenado ponerme en libertad» (Boletín del Senado; 9-7-1934).
Otro testimonio que implicó aún más (si cabe la expresión) al gobierno fueron las declaraciones del líder nazi, Jorge González von Marées, por las que desmintió cualquier participación de su movimiento: «Negamos de un modo rotundo haber intervenido con uno solo de nuestros hombres. Cierto es que en reiteradas ocasiones recibimos la insinuación del señor (Víctor) Barros Lynch, censor de nuestro periódico Trabajo y agente de la Sección de Investigaciones, que procediéramos al empastelamiento de La Opinión , en la seguridad de que el gobierno nos guardaría las espaldas ante este acto. Yo en persona manifesté al señor Barros Lynch que no nos creyera tan cándidos como para caer en semejante garlito» (Boletín del Senado; 16-7-1934).
Quien atacó duramente a Alessandri por estos hechos fue el diputado radical Juan Antonio Ríos, releyendo un fuerte y exaltado discurso que el propio presidente había pronunciado en la misma Cámara contra el gobierno de Pedro Montt, por la censura de un diario efectuada luego de la matanza de Santa María de Iquique. Ríos terminó su intervención, exclamando: «Ahora, digo yo (…) ¿qué se dirá cuando se ha empastelado y se ha destruido por completo un diario chico como es La Opinión y ahora que se prohíbe la circulación de un semanario como La Ley ?» (Boletín de la Cámara; 18-7-1934). Notablemente (o quizás no), 10 años después La Opinión sufrió un nuevo empastelamiento por parte de Investigaciones, bajo el gobierno de Juan Antonio Ríos…
Por otro lado, La Revista Católica (entonces ultraconservadora) señalaba que «el gobierno ha cumplido con su deber al defender con las armas a los pueblos y ciudadanos amenazados por los criminales, al allanar y apresar a los comunistas reunidos en congreso y armados para la revuelta y al clausurar al diario que más daño ha hecho en la masa del pueblo» (14-7-1934).
MAS REPRESION
Y una vez que pudo volver a circulación, La Opinión continuó siendo reprimida, a través de la detención de suplementeros que vendían el diario y/o la requisa de sus ejemplares. Así, el senador democrático Juan Pradenas Muñoz denunció en julio que «el profesor Luis Henríquez, de la Escuela de Suplementeros, tuvo que intervenir personalmente para obtener la libertad de 27 suplementeros que fueron detenidos por vender ese diario». Y que «los carabineros han quitado ejemplares de La Opinión a los suplementeros en los siguientes casos: a Luis Plaza, con puesto en Exposición con Antofagasta, 100 ejemplares; a Manuel Aguilera, 13; a un suplementero en la puerta del Club de la Unión, 25; a un suplementero que se estaciona en la calle Serrano esquina de Alameda, 30 ejemplares; a otro en la Estación Central de los Ferrocarriles le quitaron 100; a Juan Muñoz, 35; a Luis Arellano, 70″ (Boletín del Senado; 24-7-1934). En agosto continuaron las detenciones de suplementeros y las requisas de «los ejemplares que encontraban en poder de cualquier persona» ( La Opinión ; 26-8-1934).
El 11 de septiembre La Opinión volvió a ser allanada, a las cuatro y media de la madrugada, para impedir un anunciado artículo de Juan Bautista Rossetti sobre el ejército. Según la denuncia del senador radical Pedro León Ugalde el allanamiento fue dirigido por el prefecto Diego Ruz «sin orden de ninguna especie (…) El señor Ruz dijo, entre dientes, que era el intendente de la provincia (Julio Bustamante) quien había ordenado el allanamiento» (Boletín del Senado; 12-9-1934). Y ¡se estableció sesión secreta para que Ugalde pudiese leer dicho artículo, el cual fue más tarde publicado sin dar lugar a proceso judicial alguno!…
El mismo 11 la Dirección de Servicios Eléctricos conminó al director del diario en el plazo de treinta días a efectuar reparaciones de las instalaciones eléctricas de su sede. Luego, el 29 de septiembre en la madrugada, el diario fue allanado por numerosos agentes de Investigaciones y carabineros dirigidos por Víctor Barros Lynch, llevándose los diarios impresos y todo el material de impresión, sin ninguna orden judicial. Lo mismo hicieron ese día con un suplemento que se estaba sacando y el 30 en la mañana y en la tarde, y el lunes 1º de octubre en la mañana. Además, «sin previo aviso, el día 1° de octubre, diez días antes de cumplirse el plazo, la Compañía de Electricidad procedió a cortar las conexiones de alumbrado, de fuerza y de los letreros luminosos exteriores» ( La Opinión ; 21-10-1934), clausurando, de hecho, el diario. Y, a pesar de estar sin funcionamiento, «los agentes de Investigaciones con carabineros del tránsito allanaron el diario más o menos a las 4 de la madrugada del día siguiente y en los 20 días del presente mes, 19 veces» (Ibid.).
Y no obstante que las instalaciones eléctricas nuevas fueron entregadas el 11 de octubre, «la Dirección de Servicios Eléctricos se negó a ordenar la conexión de la corriente hasta mientras no se instalaran luces por todo el edificio» (Ibid.), lo que solo pudo lograrse el 20. Además, en la misma tarde del 20, inspectores de los Servicios de Sanidad Municipal instaron a reparar «deficiencias», para lo que se dio un plazo de 90 días.
OTROS ATROPELLOS A LA PRENSA
Todo esto generó una dura crítica del senador Pradenas al Gobierno: «No le ha bastado al Ejecutivo toda una era de verdadero suplicio impuesto a los ciudadanos que dirigen este diario; a los que viven en ese edificio, porque para nadie es un misterio que desde el asalto vergonzoso perpetrado en plena Alameda, frente a Estado, se inició una era de persecuciones que ya quisiera haber conocido y puesto en práctica el inquisidor Torquemada para haberlas aplicado a sus víctimas. Noche a noche, día a día, a las tres, a las cuatro, a las cinco de la madrugada, veinte o treinta agentes, acompañados de carabineros, llegaban hasta las puertas de La Opinión , y si estaban cerradas, se las echaba abajo y se entraba a los talleres y también a las piezas donde viven los cuidadores o empleados. Como consecuencia de esto, murió un anciano, Arsenio González, que estaba encargado de hacer el aseo del edificio, y que por quinta vez era arrojado violentamente de su lecho y de su pieza en una madrugada terriblemente fría. Al ser arrojado por quinta y última vez de su pieza, sufrió un ataque al corazón y falleció mientras era conducido a la Asistencia Pública (…) El señor ministro del Interior (Luis Salas Romo), ex perseguido de dictaduras pretéritas, fue quien lo inventó (este procedimiento) y ordenó llevarlo a la práctica, y con lo cual puso en mayor evidencia la obra siniestra de la nueva dictadura civilista» (Boletín del Senado; 12-11-1934).
Por cierto, esta persecución no fue hecha exclusivamente contra La Opinión ; ni contra la prensa. Circunscribiéndonos a ésta, es importante destacar que a comienzos de agosto se desató la represión en contra del diario del Partido Socialista, Consigna ; de acuerdo a lo denunciado por Marmaduke Grove: «El viernes último en la tarde, en circunstancias que el diario se estaba imprimiendo, agentes de la Sección de Seguridad allanaron la imprenta, nos robaron 5.000 ejemplares, tomaron preso al dueño de la imprenta, a pesar de que éste exhibió un permiso de la autoridad competente para hacer la publicación, apresaron a un compañero que estaba en la imprenta y a varios suplementeros» (Boletín del Senado; 6-8-1934). Días después dejó de publicarse el diario, en virtud del amedrentamiento que le hizo el propio director de Investigaciones, Waldo Palma (ver La Opinión ; 20-8-1934).
Por otro lado, a comienzos de septiembre la revista Topaze suspendió su edición por haber recibido amenazas de que sufriría lo mismo que La Opinión , debido a dos caricaturas (ver La Opinión ; 6-9-1934). Asimismo, el 3 de octubre fue requisada la edición de Trabajo por agentes de Investigaciones a cargo del mismo Barros Lynch, quien señaló que lo hacía por «orden verbal y expresa del ministro del Interior, don Luis Salas Romo» ( Trabajo ; 6-10-1934). En el mismo mes se allanó la imprenta donde se editaba el semanario de la Izquierda Comunista (trotsquista) Izquierda , y en la ocasión el inspector que condujo el procedimiento, Nibaldo Navarro, «se llevó algunos originales de los primeros números de Izquierda , folletos y algunas obras impresas» y «antes de retirarse habría dejado órdenes terminantes manifestando que él no admitía que Izquierda se siguiera publicando y amenazó que si ello continuaba se tomarían otras medidas» ( La Opinión ; 21-10-1934). Amenazas que se hicieron efectivas en la madrugada del 24 con un nuevo asalto de agentes de Investigaciones, destruyendo ejemplares del periódico; y en la tarde con requisas de aquel a suplementeros. (ver La Opinión ; 25-10-1934).
Por cierto, la represión de Arturo Alessandri contra la oposición periodística, social y política no terminó en 1934, pero al menos generó como reacción la constitución en diciembre del Block Parlamentario de Izquierda que coordinó a los partidos Radical-Socialista, Democrático, Socialista e Izquierda Comunista y que poco más de un año después se ampliaría con la formación del Frente Popular, que integraría también al PR y al PC.
Por otro lado, en diciembre la Segunda Convención Nacional de Periodistas estampó «su más enérgica protesta (…) en presencia de los últimos atropellos contra la libertad de prensa» ( La Opinión ; 7-12-1934).
(*) Este artículo es parte de una serie que pretende resaltar aspectos o episodios relevantes de nuestra historia que permanecen olvidados. Ellos constituyen elaboraciones extraídas del libro del autor, Los mitos de la democracia chilena , publicado por Editorial Catalonia.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 848, 1º de abril 2016.