La información que Público ha difundido sobre la relación del Centro Nacional de Inteligencia con Abdelbaki Es Satty, que según todos los indicios fue el principal responsable de los atentados cometidos en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, ha tenido, obviamente, un impacto más que considerable, pero mucho menor del que correspondería a un […]
La información que Público ha difundido sobre la relación del Centro Nacional de Inteligencia con Abdelbaki Es Satty, que según todos los indicios fue el principal responsable de los atentados cometidos en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, ha tenido, obviamente, un impacto más que considerable, pero mucho menor del que correspondería a un escándalo de esta naturaleza.
El trabajo extraordinario (1) del autor de la exclusiva, el periodista Carlos Enrique Bayo, y de quienes han hecho posible su publicación, ha sido reconocido con innumerables felicitaciones por parte de lectores y de una parte más que significativa de la profesión.
Hay que agradecer esos mensajes de enhorabuena, claro está, por muchos motivos, pero sobre todo por la solidaridad que transmiten hacia Bayo y sus compañeras y compañeros, que a pesar de presiones y amenazas, se esfuerzan en la obtención de información, a veces vergonzosamente oculta, que interesa a la ciudadanía y que dan a conocer como corresponde.
Pero más allá de las necesarias e innumerables muestras de apoyo, sorprende el silencio de numerosos medios ante un escándalo de primer orden. Cuesta entender que cuando un periódico da a conocer detalles que demuestran que el aparato de Estado pudo evitar una matanza y no lo hizo, la respuesta de la mayor parte de importantes medios españoles sea, por el momento, el desvío de la mirada.
Tal como nos dijo un colega, «la negligencia es la menos bestia de las explicaciones» que puede tener el hecho de que un grupo de jóvenes, controlado por los servicios de inteligencia del aparato de Estado, dirigido por un líder religioso que actuaba también como confidente protegido del Centro Nacional de Inteligencia desde el año 2014, pudiera viajar, adquirir vehículos, confeccionar bombas cargadas de metralla, y cometer atentados brutales que, si no hubiera mediado un accidente con sus propios explosivos en la casa en la que los almacenaban, habrían sido muchísimo más sangrientos.
Puede que existan otras explicaciones, pero está claro que quienes controlaban los movimientos del imam de Ripoll jugaban con fuego. Por supuesto que hay que descartar que lo hicieran deliberadamente… Tal como dijo la directora de Público, Ana Pardo de Vera, «la simple insinuación» de una posible programación del atentado por parte del CNI «nos hace un flaco favor» y quien así lo hace «parece que quiera envenenar la situación, ya de por sí complicada, entre Catalunya y el Estado español».
Así es, pero todo indica también que si las fuerzas de seguridad españolas hubieran hecho su trabajo adecuadamente, hubieran actuado en el momento oportuno, o hubieran facilitado la información necesaria a Mossos d’Esquadra, se podría haber evitado el atropellamiento masivo en las Rambles de Barcelona, el acuchillamiento de una persona en la zona universitaria de la misma ciudad y el atentado en Cambrils. Para tranquilidad de todos convendría que el Gobierno español informara detalladamente y de la forma más transparente posible sobre los hechos denunciados por Público, tal como han exigido gobernantes catalanes, fuerzas políticas catalanas y tan solo una de ámbito estatal.
No le han de faltar medios ni testimonios al Ejecutivo español y a la Audiencia Nacional para poner luz sobre este terrible y sangriento episodio que tuvo lugar en Catalunya en el verano de 2017.
Es preferible suponer también que se equivocan quienes establecen una relación entre los graves errores cometidos por la inteligencia estatal con la convocatoria del referéndum que tuvo lugar mes y medio más tarde, duramente reprimido por la policía española y la Guardia Civil. Pero precisamente por esa razón es preciso neutralizar con datos claros y precisos las especulaciones que puedan caber en la cabeza de personas a las que no se les ha proporcionado información suficiente y que se encuentran al mismo tiempo indignadas por la inseguridad y la ignorancia de sus derechos.
¿Sería mucho pedir, por ejemplo, que el CNI explicara algo sobre la desaparición de la ficha que había confeccionado sobre imam-confidente de Ripoll, Abdelbaki Es Satty? Tranquilizaría a sectores importantes de población y, sobre todo, se podría apreciar como una importante muestra de respeto a las víctimas del grupo terrorista que dirigía tal persona.
No es la primera vez que un medio de comunicación pone el dedo en las llagas infectadas del aparato de Estado y obtiene por respuesta un silencio ensordecedor. No es la primera vez y, si hay que hacer caso de la historia, todo indica no será la última muestra de opacidad.
Quien tenga una cierta edad recordará la reserva que se impuso sobre los asesinatos del Batallón Vasco Español. O el amparo que se brindó durante años a los más altos responsables de los GAL o la tremenda desinformación que se proporcionó sobre las guerras y los motivos de las ofensivas internacionales en el Golfo Pérsico, con la complicidad de significados medios españoles; o los vuelos secretos de la CIA, en los que se trasladaba a personas detenidas ilegalmente a cárceles secretas, con la contribución del Estado español (2), o las barbaridades que se llegaron a decir desde el Gobierno, y que mantienen todavía algunos medios de comunicación, sobre la responsabilidad del atentado del 11 de marzo de 2004, en Madrid, por poner tan solo unos ejemplos. Podríamos citar muchos más casos de ocultación o tergiversación radical de la realidad por parte de «servidores públicos», también de otros países.
La historia de la «democracia», y la de los estados que hipotéticamente la garantizan, está llena de casos de guerra sucia, policías paralelas e implicaciones inconfesadas de gobernantes y funcionarios «demócratas» en actuaciones criminales en las que se atentó contra la vida y los derechos más elementales de las personas.
Muchos periodistas y algunos medios de comunicación, que ejercen responsablemente su función, intentan romper el silencio que impone el poder para esconder su suciedad. Algunas veces lo consiguen y otras no del todo.
Quien suscribe esta nota recordaba hace no mucho, en redes sociales que, cuando casi ningún medio hablaba de las «cloacas de Interior», del comisario Villarejo, de la utilización de organismos del Estado para combatir a adversarios políticos y defender oscuros intereses económicos a cualquier precio, el diario Público se rompió los cuernos en el empeño de denunciar las tramas creadas dentro y fuera de la Administración, y luego bastantes periódicos y cadenas «descubrieron» que esas redes corruptas existían, que actuaban en grave perjuicio de la sociedad en su conjunto y empezaron a hablar de ellas con toda familiaridad.
Ahora ocurre un poco igual que al principio de les revelaciones sobre las cloacas, al menos fuera de Catalunya. Unos miran hacia otro lado y otros levantan la voz, pero no para denunciar el escándalo de la protección del imam hasta el día del atentado, sino para decir que, a fin de cuentas, el fundamentalismo islámico siempre ha estado controlado en occidente por ministros y policías que han pagado a confidentes con fondos reservados del Estado, que cada vez que se han producido grandes atentados luego se ha sabido de la implicación de algunos de estos supuestos «chivatos» y que nadie ha denunciado por ello la inoperancia de los gobernantes frente a la actividad terrorista. En los grandes medios siempre hay gente empeñada en matar al mensajero (3).
¿Tienen razón esos gobernantes, políticos y propagandistas, tan henchidos ellos de «sentido de Estado»?
La brutalidad estatal no es cosa de ahora y los que la practican siempre han encontrado personajes y medios alienados, que piensan por cabeza ajena o que intentan labrarse un porvenir dócilmente, justificando lo injustificable.
Llama la atención sin embargo que, a pesar de esta gente, algunos gobernantes, también del actual Ejecutivo español, tuvieron en su día los escrúpulos hay que tener y hoy se comprometen a responder por la actividad de los servicios de inteligencia del Estado, aunque sólo sea por lo que tenga que ver con la gestión de su Gobierno y no con los anteriores. Así lo aseguró la pasada semana Margarita Robles, actual ministra de Defensa en funciones, que dio a entender de esta manera que no quería saber nada de lo que podían haber hecho sus antecesores en relación al CNI y sus confidentes. «Este Gobierno siempre va a colaborar, en todos los ámbitos, en todo aquello que tanto los jueces como el Congreso requieran». «Lo que puedo decir es que los 3.500 hombres y mujeres que trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia hacen su trabajo con vocación de Estado y lo hacen lo mejor posible». «Este Gobierno, en cualquier momento que tenga que comparecer en el Congreso lo hará. Evidentemente, yo tendré que contestar a lo que haga referencia a la gestión de este Gobierno, no a lo que ha ocurrido con anterioridad», dijo la ministra el pasado 18 de julio.
Margarita Robles, que fue secretaria de Estado de Interior entre los años 94 y 96, con Felipe González en la presidencia del Gobierno, querrá poner orden en el CNI, si mantiene su actual responsabilidad cuando se forme nuevo ejecutivo. Ha de sustituir al director del CNI. Sabe de lo que habla cuando hay que tratar sobre asuntos oscuros en el aparato de «seguridad» y tiene experiencia por lo que se refiere a acciones de limpieza. Ella fue la que impulsó la investigación que condujo al conocimiento de la verdad sobre el secuestro y asesinato de Joxean Lasa y Joxi Zabala y quien dió la voz de alto a la actividad de los GAL.
Nada tiene que ver esta actitud suya, ciertamente, con la del ex-secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, actual portavoz del PP en Andalucía, que negó que Abdelbaki Es-Sati fuera un confidente del CNI y dijo que a quien le correspondía «detectar» la actividad del grupo terrorista que dirigía el imam de Ripoll era a los Mossos d’Esquadra, sin explicar que se había ocultado a este cuerpo policial catalán lo que sabía la «inteligencia» estatal desde hacía años sobre tal persona. Es-Sati, aparte de otras facilidades, obtuvo plaza como dirigente religioso en Ripoll gracias al aval que el propio CNI consiguió que le proporcionaran.
No hay que olvidar, sin embargo, que el PSOE, que confió en Margarita Robles como portavoz y como ministra, bloqueó en su día la investigación parlamentaria sobre los atentados de agosto de 2017. El Govern de la Generalitat le ha solicitado ahora una reunión, con el formato que desee, para informar y dar explicaciones que sirvan para poner fin a esta situación. También le ha pedido su apoyo para la creación de una comisión de investigación en el Congreso.
La ministra, que fue una voz discrepante en el Consejo General del Poder Judicial, que le hizo perder su condición de magistrada excedente en el Tribunal Supremo, seguirá probablemente al frente de Defensa. Si así fuera, habrá que ver si pondrá luz en zonas tenebrosas de la Administración o cederá a las presiones del corporativismo de los servicios inteligencia y de quienes exigen que se mantenga la hostilidad permanente, al precio que sea, frente al soberanismo catalán.
Notas:
1. Carlos Enrique Bayo. La verdad sobre el iman de Ripoll
El cerebro de la masacre de Las Ramblas fue confidente del CNI hasta el día del atentado. Público 15.7.2019
El CNI escuchaba los móviles de los asesinos de Las Ramblas cinco días antes de la matança. Público 16.7.2019
El CNI fichó a Es Satty en 2014 a cambio de no ser deportado y le ayudó a ser imán en Ripoll. Público 17.7.2019
El CNI quiso poner al imán en Barcelona pero el jefe local se negó a que lo controlara Madrid. Público 18.7.2019
2. Roberto Montoya. La impunidad imperial. La Esfera de los Libros, 2005.
3. Ilsa Lund. Matar al mensajero: cuando publicar la verdad puede costar la carrera y la vida. Crónica Popular 13.11.2104