Dice el Gobierno que no modificará la ley de partidos políticos. Un bodrio donde cualquiera, y en especial Batasuna, puede ser acusada de connivencia con el terrorismo sin haber hecho, en tanto que partido, apología del mismo, y sin haber concurrido nunca en otros supuestos de colaboración racional que puedan acusarlo, a no ser que […]
Dice el Gobierno que no modificará la ley de partidos políticos. Un bodrio donde cualquiera, y en especial Batasuna, puede ser acusada de connivencia con el terrorismo sin haber hecho, en tanto que partido, apología del mismo, y sin haber concurrido nunca en otros supuestos de colaboración racional que puedan acusarlo, a no ser que se considere connivencia terrorista el hecho de que ETA comparta con cientos de miles de ciudadanos y con distintos partidos políticos de este país el diagnóstico y la solución del conflicto.
Exigen que para que un partido político pueda ser legal se condene explícitamente la violencia de ETA. No toda violencia, estructural, militar, política y cultural sino sólo la de ETA.
No la de la España nacional, que durante más de 200 años ha violentado y desestructurado el ser y el estar de los vascos impidiéndoles su desarrollo nacional en paz y libertad, sino sólo la violencia contra ese desaguisado.
Exigen, como buenos inquisidores históricos, una condena, un rito macabeo, aunque sea la única democracia donde funciona el rito judeo-cristiano de la condena, de la rasgada de vestiduras que Aznar llevó de hurtadillas a la Unión Europea.
Así que, como si estuviéramos en el medievo, como si fuéramos un plaste entre la física y la metafísica, entre la democracia, el fascio y su hijo neoliberal, condenen sus señorías la violencia de ETA por imperativo legal, vístanse de sus mejores galas y niéguense como antaño a comulgar de manos del obispo Arriano y juren y perjuren sobre el texto político sacrosanto de turno que eso, entre otras cosas, es lo que adjetiviza la democracia esa.
Orgullo nacional de España, impedir, tergiversar, condenar, detener, encarcelar y un largo etcétera que durante siglos puede ser observado por cualquier historiador imparcial no nacionalista.
La imposición por la ley de la fuerza contra minorías da muy malos resultados en esas minorías. El que por fuerza de ley o por la ley de la fuerza, que mirado desde un pueblo chiquitín es lo mismo, se prohíba una selección nacional, produce que cuando pierde España miles de ciudadanos vascos gallegos o catalanes lo celebren con inmensa alegría dentro de sus corazones.
¿Espíritu de barbaridad? Menor de todas formas que prohibir las selecciones deportivas de otros por imperativos legales basados en sentimientos no compartidos.
Ni el toro hierático del PP ni el saltarín del PSOE van a cambiar ni los sentimientos ni las aspiraciones políticas de miles de ciudadanos vascos que aspiran a poder decidir por el derecho que como pueblo diferenciado les asiste a pesar de muchos años compartidos y otros tantos a tiro limpio, porque es posible también que tengamos una tía y un sobrino común al que queramos mucho y que a buen seguro nos reconoce el derecho a la libre determinación como pueblo.
Déjense ustedes de constituciones hieráticas y sagradas que depositan la soberanía en la España de ustedes con inclusión de chirrido de hierros y pompas teológicas, que no es de extrañar que la gran mayoría de sus obispos los de ustedes quieran sacralizar bajo pecado contra la convivencia la unidad de su España.
Pero la unidad de esa España es una trampa, porque sigue siendo nacional y no plurinacional como lo fue, en realidad, a lo largo de muchos de los 494 años de existencia del Reino de España.
La Constitución del 78 recibió sólo el 33% de síes de la ciudadanía de Euskal Herria. Ese hecho indiscutible es el que debe darles a ustedes, por lo visto, la patente de democracia.
Si son ustedes tan demócratas y están tan seguros de su razón, y no sólo de su fuerza, sometan el texto de nuevo a votación en este país de los vascos.
Según todos los indicios sociológicos, y a no ser que alguno de nosotros se pasara a su bando, su Constitución saldría todavía peor parada de lo que ya salió en el 78.
La convivencia entre los ciudadanos de este Estado viene del reconocimiento mutuo basado en la verdad histórica, en el respeto escrupuloso a las decisiones de los pueblos o naciones que la componen, incluido el derecho a la secesión, que es la salida lógica de todos aquellos pueblos que, habiendo sido machacados de tal manera en su lengua y cultura a través de los siglos, optan por dar una patada en el trasero a la nación de naciones. Es decir, a ustedes.
* Tomás Trifol. Profesor y licenciado en Ciencias Humanas.