1.- La burbuja inmobiliaria y los rescates bancarios generaron una deuda colosal del Estado a consecuencia de la crisis financiera del 2008 que implicaron un castigo a las clases populares con recortes en los servicios públicos y reformas laborales.
En esta ocasión, la deuda del Estado se va a incrementar exponencialmente con la crisis generada por el covid-19, la reconstrucción de la actividad productiva y la recuperación del consumo.
El gobierno de coalición multiplica sus esfuerzos para lograr los fondos para pagar las deudas generadas con la crisis sanitaria e iniciar el proceso de arreglo del sistema; el estado asumirá más deudas y la concatenación de conflictos económicos seguirán enlazados y avanzarán como una bola de nieve golpeando a los sectores sociales más débiles. Es la historia de capitalismo, que se reordena crisis tras crisis hasta que por fin las clases oprimidas reúnan las fuerzas necesarias y suficientes para poner fin a su recorrido existencial.
Las negociaciones que el gobierno de España y de Italia, los dos los países periféricos afectados fuertemente por la pandemia, encuentran dificultades en Europa para conseguir resortes económicos suficientes. La negativa de la Europa Nórdica encabezada por Alemania y Holanda a que la deuda sea mutualizada dificultad y puede encarecer el proceso de reconstrucción.
Los Nórdicos no quieren asumir los costes y riesgos que supone la emisión de bonos puesto que sería conceder el privilegio a que un pobre disfrute de las ventajas crediticias que tiene un rico y no quieren correr el riesgo de una posible bajada del precio del euro que ningún banquero alemán estaría dispuesto a aceptar.
No olvidemos el principio general en el sistema capitalista, las medidas que los gobiernos toman para favorecer o para salvar en momentos históricos situaciones de crisis con el tiempo acaban generando crisis más graves que las anteriores.
2.- Aunque el panorama europeo condicione en buena medida muchos aspectos de la vida política y económica de nuestro país, siempre queda margen para la iniciativa propia. En este sentido, las políticas gubernamentales no han variado mucho respecto a lo que se hizo en el 2008 y siguientes; ahora reinciden en el keynesianismo de otras ocasiones sin afrontar una serie de transformaciones que modifiquen el modelo económico y social de nuestro país y recuperen el valor de lo público.
El recurso es la inyección de liquidez a mansalva en los bolsillos de los banqueros y capitalistas sin desviarse del camino seguido en anteriores ocasiones críticas. Es la hora de otra política y proceder a la modificación de las estructuras políticas y económicas en las que se asiente este país: Banca Pública, Nacionalización de todo el sistema sanitario, nacionalización y control de las empresas eléctricas, energéticas, etc.
Por otro lado, se quedan muy lejos de su objetivo las medidas de carácter social que pretenden que nadie se quede atrás, como las suspensiones de los cortes de suministros básicos y desahucios, ayudas de alquiler, cobro del desempleo para quienes no tienen las cotizaciones, ingreso mínimo vital, etc. No dejan de ser pequeñas migajas para espacios temporales reducidos que llegarán lentamente a los sectores sociales de la población que más sufren la depresión de la economía y que necesitan con urgencia de las transferencias directas de dinero público. Además, algunas de ellas no llegarán a su destino puesto que el camino que tienen que seguir estas ayudas está plagado de requisitos y trabas burocráticas. Los grupos de la población trabajadora que se han desenvuelto en la economía sumergida se encuentran desnudos y están siendo golpeados brutalmente por la crisis del coronavirus, al no estar cubiertos por los programas oficiales, no gozarán del socorro de las disposiciones protectoras a las que hacemos referencia.
3.- La transformación de la crisis sanitaria en crisis social se acentúa con la pérdida de derechos laborales, con el intercambio de trabajadores y trabajadoras de unas profesiones a otras y con la uberización que produce una alteración de las relaciones laborales que acarrean la precarización y la pérdida de derechos laborales.
La pandemia del coronavirus saca a la superficie la explotación laboral, la división y el sufrimiento de la clase obrera: deja sin satisfacer las necesidades básicas de quienes viven de un sustento diario; sacrifica a quienes les ha tocado trabajar sin medidas de seguridad, en especial los trabajadores de la salud, que arriesgan su vida y la de sus familias para salvar otras; lleva a la penuria y a la esclavitud a quienes han sufrido los despidos sin piedad, vacaciones anticipadas, recorte de jornada y salario, y además, sumando a todo esto a quienes venían sufriendo ya el paro y la precariedad con ayudas sociales mínimas que apenas dan para la alimentación diaria y, para el pago de los suministros básicos imprescindibles para la vida como luz, agua y gas.
4.- En lo que se refiere a la situación social en el campo extremeño.
4.1.- El decreto-ley sobre el empleo agrario aprobado por el gobierno de coalición ha facilitado que el desempleo masivo sea una bolsa de oxígeno para el capitalismo agrario, permitiendo que en el campo trabajen desempleados que cobran prestaciones, ayudas y subsidios sociales. De este modo, se pone en movimiento un enorme ejército de reserva para la realización de las tareas agrícolas.
Los sindicatos han mantenido una actitud de silencio otorgando toda la credibilidad a estas políticas agresivas del gobierno contra la clase obrera agrícola, aceptando las condiciones creadas para la disminución de salarios y la degradación de las condiciones laborales. Lo cierto es que han sido barridos, han desaparecido del panorama obrero, abandonan toda movilización social y se transforman en organizaciones funcionariales y corporativas dependientes de la Junta de Extremadura.
La posibilidad de negociar un convenio colectivo del campo ha sido anulada, al menos por ahora. La contratación queda a voluntad de la patronal, lo que siempre han querido. El resultado es una masa obrera muy desarticulada y desorientada con poca información, y que según predicen algunas instituciones privadas europeas alcanzará un paro del 45 %, lo que puede engendrar una agudización de la violencia social con el crecimiento del hambre.
Algunas organizaciones patronales agrarias ligadas a ricos propietarios han procurado con sus declaraciones trasladar a la opinión pública el mensaje de que los problemas del campo tienen su causa en los altos salarios de los jornaleros y jornaleras; quieren hacer ver que es el alto valor de los salarios lo que impide el progreso del mundo rural. En cada declaración, en cada manifestación pública, los dirigentes patronales manifiestan que los obreros y obreras agrícolas son gente que viven cómodamente con los subsidios y lo que no quieren es trabajar. Esta clase empresarial ha construido su patrimonio y su riqueza a lo largo de la historia sobre una brutal explotación de la mano de obra jornalera. El decreto ley del gobierno es una respuesta para acallar todas aquellas manifestaciones y satisfacer los intereses de estos explotadores.
4.2.- No es mucho mejor el estado económico y social de los pequeños agricultores sometidos a la violencia de clase de las Multinacionales, grandes superficies, centrales hortofrutícolas e Intermediarios que los llevan a la ruina, obligándoles al arranque de sus árboles frutales y a la venta de sus tierras.
Las recientes movilizaciones de los agricultores no han modificado las condiciones generales que determinan los límites en los que se mueve el mercado y la economía agrícola. Los insumos que se utilizan en la producción agraria tienen precios escandalosos lo que unido a la manipulación de precios que hacen los intermediarios y las grandes superficies impiden unos rendimientos netos que mejoren la vida del agricultor. En estas semanas de crisis sanitaria algunas grandes superficies han incrementado en porcentajes superiores al 10 % los precios de algunos productos alimenticios de uso común.
En Extremadura una minoría social propietaria y ligada a las centrales hortofrutícolas y grandes intermediarios están al acecho para proseguir con el proceso de concentración y centralización de la tierra que el propio desarrollo capitalista lleva en sus entrañas. En este período el curso de los acontecimientos de acumulación capitalista se acelerará a buen ritmo a causa del desgarramiento económico que la aparición del dichoso virus provocará entre los pequeños propietarios agrícolas. Todo se acelerará a buen ritmo en este período de crisis global.
Las denuncias de las organizaciones agrarias, acerca del incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria tienen oídos sordos en el ministerio de agricultura. La ganancia y la ambición del capital no respeta las buenas conductas e intenciones que reglamentan la ley de la cadena alimentaria en relación a que los precios de compra sean superiores a los costes de producción, o que las centrales hortofrutícolas respeten los contratos con los productores agrícolas, etc.
Los dirigentes agrícolas han desaparecido de la actividad pública, mantienen el más estricto silencio tanto en la política regional como en la nacional. La crisis sanitaria ha centralizado la actividad política y ha escondido la cuestión agraria en la fila de atrás de la vida institucional.
Sin embargo, pronto aparecerán para campear la situación y seguir mostrándonos la dulce imagen de defensores del mundo rural. Su misión no trasciende más fronteras que la de propagar en el ambiente el suficiente humo que oculte el interés particular de quienes se llevan la riqueza que genera el pueblo extremeño.
5.- El confinamiento nos coloca en una situación en la que no se nos permite actividad política ni sindical, ni reivindicativa de ningún tipo. Toda vida pública está anulada, excepto la que implique producción de plusvalía. A los extremeños y extremeñas nos basta con las apariciones del Presidente de la Junta o de su consejero Vergeles, cada día con más aspiraciones de ocupar el primer puesto, para contarnos lo que les ha dicho Pedro Sánchez y poco más.
Aquí cada cual se las arregla como puede. Mucha gente en su casa pasando necesidades, especialmente la población inmigrante; las distribuciones de alimentos comienzan a escasear; ENDESA, saltándose por el forro el decreto de prohibiciones de cortes de suministros básicos y enviando cartas amenazantes de cortes de luz. Los ayuntamientos no distribuyen entre las gentes más necesitadas los Mínimos Vitales. El Ingreso Mínimo Vital que podía ayudar a muchas familias a salir de la miseria no llega, se retrasa en discusiones ministeriales, y se vislumbran cantidades ridículas. Los trabajadores de los ERTEs no cobrarán hasta mayo; Las dificultades administrativas para solicitar las ayudas de alquiler y las financiaciones bancarias son insuperables. La administración regional no existe y todo intento de contactar con ella es infranqueable.
6.- Los Campamentos Dignidad, la Marea Básica y otros movimientos sociales minoritarios estamos trabajando por conseguir la unidad y la movilización de todas las personas que en estado de cosas sufren las consecuencias de la crisis capitalista. En los próximos días vamos a comenzar a presentar algunas alternativas de movilización en algunos territorios de la Comunidad Extremeña. Es necesario iniciar la escalada de acciones para modificar el itinerario que en lo político y social va a seguir el Poder Institucional que no es otro que el intento de que toda la sociedad civil quede subordinada y bajo el paraguas del conjunto de ayudas y subvenciones que se están poniendo en marcha desde las diferentes Consejerías de la Junta de Extremadura. Lo que será muy insuficiente hasta para recuperar el mínimo de actividad que teníamos antes de la crisis sanitaria. En todo caso, se pretende el control mediático y social. No importa que nuestra Comunidad caiga en un estado de dependencia económica mucho más profundo que el actual.
Consideramos que los sectores productivos de nuestra Comunidad necesitan ayudas y subvenciones, especialmente las dirigidas a trabajadores autónomos, pequeñas empresas, campesinos y en general a las capas sociales más débiles que en muchos casos están pasando hambre y necesidades de todo tipo. Tampoco hay que olvidar la recuperación de lo público que cada vez con más profusión cae en manos privadas. Hay que recuperar lo público en educación, sanidad, servicios sociales, etc.
No obstante, el desarrollo de las potencialidades de nuestra tierra, el impulso para un cambio real de las estructuras económicas y sociales vendrán con una Reforma Agraria Integral que ponga en valor la fuerza de trabajo y todos los factores de producción que aprovechen la potencia creativa y generadora de riqueza que reside en nuestra tierra.
Lo más urgente, como ya se ha indicado, es iniciar un proceso de acciones que rompan el estado represivo y aislacionista que se nos está imponiendo en las calles. Los poderes nacionales y regionales aspiran a que esta fase post-virus sea normalizada y asumida por la población, paralizando todo intento de rebeldía ante las duras circunstancias vitales que ofrece el horizonte.
Para iniciar el paso, no queda otra solución que acumular fuerzas, trabajando en todos los espacios que nos permitan encontrar la unidad de todas las organizaciones políticas y sociales interesadas en el progreso de Extremadura; la unidad y organización de los trabajadores de las diferentes ramas de la actividad productiva, desempleados/as jornaleros/as, trabajadores/as autónomos, pequeños agricultores. De esta manera, avanzaremos en nuestras propuestas y lo que es muy importante, colaboraremos a que a nivel nacional se materialicen ideas en todos los aspectos de la vida que nos permitan ir construyendo una sociedad hacia el socialismo.
Juan Viera es miembro de la Organización para la Defensa de lo Público en Extremadura