Algunas razones por las que ya no digo «Estado español»

Durante mucho tiempo la izquierda española a la que me siento más afín ha considerado que su papel en los conflictos territoriales que han atravesado -con distintas intensidades- la vida política de nuestro país en las últimas décadas era el de acompañar a la izquierda soberanista de Cataluña, Euskadi o Galicia. Nos sentíamos cómodos con la reivindicación del derecho de autodeterminación -una lucha clásica de las tradiciones antiimperialistas-, la denuncia de la pervivencia de inercias franquistas en la vida política y la carencia de un genuino proceso de justicia transicional en nuestra historia reciente. Sobre todo porque a menudo esas reivindicaciones implicaban marcar distancias con la derecha nacionalista del PNV o CIU, que pactaba con el PSOE y el PP políticas mercantilizadoras y en cuya agenda tampoco parecía ocupar un lugar prominente, más allá de declaraciones retóricas ocasionales, la soberanía popular.

Esa posición de la izquierda radical española era difícil y fácil. Era difícil porque te garantizaba no pocos enfrentamientos -no sólo ataques dialécticos sino reproches personales e incluso agresiones-, en especial, durante los años en los que la derecha supo utilizar la movilización popular contra el terrorismo como una vía para deslegitimar cualquier posición ya no antagonista sino ligeramente discrepante con el discurso del «todo es ETA». Cualquier mínima desviación respecto al relato oficial te convertía en cómplice intelectual de la violencia terrorista.

Pero esa posición también era demasiado fácil porque nos servía para evitar hacernos preguntas incómodas sobre nuestro propio proyecto político y su arraigo en alguna concepción de país. Teníamos algo que decirnos con los independentistas que compartían nuestras coordenadas ideológicas. Pero, en cambio, ¿qué teníamos que decirnos con nuestros vecinos? ¿Con esa gente que afirmaba con toda sinceridad que no era nacionalista pero no cuestionaba la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía o el encarcelamiento de Arnaldo Otegui y a la que la idea de república les sonaba a enfrentamiento y prehistoria política? La respuesta estándar era que no teníamos nada que decirnos con ellos porque eran una turbamulta alienada a la que la derecha postfranquista había lavado la cabeza. Era una respuesta reconfortante pero, al menos en parte, falsa. La realidad es mucho más compleja.

Hace unos años, una profesora en el colegio infantil al que asistía mi hijo mayor propuso que los niños participaran en la fiesta de final de curso vestidos con la camiseta de la selección española y con la cara pintada en rojo y amarillo. Unas cuantas familias políticamente progresistas rechazamos con horror la idea. Uno de los argumentos que dimos es que sería una especie de imposición nacionalista para las familias migrantes, procedentes de muy distintos países. Para nuestra estupefacción, todas las familias migrantes de la clase, sin excepción, nos contestaron que a ellos la propuesta de la profesora les parecía una idea excelente y vivieron con alegría y normalidad aquella orgía españolista. Desde entonces, me esfuerzo por mirar de otra manera a mis vecinos que cuelgan una bandera de España en su balcón. Tal vez no todos sean representantes de la ultraderecha nacionalista. O sí, pero puede que sea porque nadie les ha ofrecido una alternativa desde la izquierda que les permita vivir de otra manera su relación cultural y sentimental con su país.

Durante mucho tiempo no nos dimos cuenta de todo esto porque parecía que no importaba. La derecha apenas se atrevía a recurrir a la idea de España como elemento de movilización, excepto en círculos militantes muy reducidos, porque les relacionaba con la dictadura. Por eso hablaban de la «marca España», una expresión que siempre me ha dejado estupefacto: si yo fuera patriota, creo que no me haría mucha gracia que trataran mi país como su fuera un producto de supermercado. Desde la izquierda pensábamos que estábamos en una posición envidiable, congruente con el supuesto declive de los estados-nación, las corrientes globalizadoras y la aparición de nuevas formas de ciudadanía desterritorializada: la historia habría hecho por nosotros el trabajo de librarnos del lastre patriótico, que ya no pintaba nada en el mundo de Internet y la globalización. Esa fantasía nos ha estallado en la cara cuando, de repente, todo el país se ha llenado de banderas de España, la ultraderecha ha logrado una movilización social sin precedentes, miles de policías han desembarcado en Cataluña para impedir a la gente votar y la Audiencia Nacional se dedica a encarcelar presos políticos. Más allá de las muestras de solidaridad con las víctimas de la represión, lo cierto es que la izquierda no españolista se ha quedado arrinconada en un espacio puramente defensivo y reactivo.

Mucha gente en Cataluña cuyo criterio político aprecio se ha ido desplazando desde una posición soberanista en la que era crucial la distinción de una vía propia de la izquierda independentista a otra en la que la prioridad estratégica es la ruptura con España para, así, aprovechar la ventana de oportunidad que se abriría con un proceso constituyente desde el que impulsar un proyecto emancipatorio. Es un trayecto político que, en buena medida, tiene que ver con la extendida sensación de que desde España es imposible hacer nada, de que no hay ninguna alternativa para la izquierda en el país de la Gurtel, el GAL y las concertinas en Ceuta. Seguramente hay una parte de realismo en ese diagnóstico, pero creo que sólo una parte. España es también el 15M, Gamonal, las mareas en defensa de los servicios públicos, la PAH o la huelga feminista.

La verdad es que nunca me ha importado gran cosa la unidad de España. Podría vivir sin ella perfectamente. No soy independentista pero sí he sido insumiso y la bandera española es para mí una especie de magdalena proustiana del militarismo y la cárcel. A pesar de todo eso, creo que a la izquierda no españolista nos ha llegado la hora de empezar a explorar la opción incómoda: atrevernos a reconocer la tensión entre nuestro propio proyecto y el independentista y sentar las bases no sólo jurídicas sino también culturales y sentimentales para que ese enfrentamiento pueda ser dirimido con razones y no mediante la fuerza. Es decir, no sólo denunciar la represión política de los independentistas o apostar por una solución dialogada a los conflictos territoriales, sino también articular un «unionismo» -uso deliberadamente un término con connotaciones peyorativas- no nacionalista y democrático que reconozca el derecho a la autodeterminación.

Es un paso que no sólo me da una pereza descomunal sino que está lleno de peligros. Al margen de la posibilidad manifiesta de hacer el ridículo, el primer y más evidente riesgo es que un movimiento como este puede reforzar el marco discursivo que ha logrado imponer exitosamente la derecha españolista, legitimando los términos en los que está planteando el debate territorial y su uso frentista de los símbolos nacionales. El segundo es el de sobrevalorar, como creo que hacen los partidarios de las hipótesis populistas, el papel del patriotismo como catalizador de un proceso de transformación política emancipadora: puestos a jugar a la ciencia (política) ficción, casi me quedo con el obrerismo de toda la vida.

Alguna vez he dicho, en broma, que tal vez deberíamos proponer que la bandera asturiana se convierta la nueva bandera española. Prácticamente no hay un solo acto de masas deportivo, musical o político, en el que no me encuentre a alguien con una bandera asturiana. Puede ser una manifestación antirracista, un partido de futbol, un concierto de los Rolling Stones o una manifestación neofascista por la unidad de España. Cada uno le atribuye el sentido que quiere y se siente legitimado para ello: para unos la bandera asturiana evoca octubre del 34, para otros Pelayo y para todos los demás Fernando Alonso.

Es una broma que nos recuerda que la reivindicación desde la izquierda de una idea y un proyecto de país es un horizonte que nos queda tan lejos política y culturalmente que ni siquiera conseguimos imaginar en qué podría consistir. Pero también lo excepcional que resulta que los símbolos de un país (la idea misma de ese país) haya sido secuestrada por la derecha política. Creo que acabar con esa excepcionalidad, por difícil y poco atractivo que nos resulte, sería bueno para la izquierda española, que podrá desafiar al frente nacionalista español con un proyecto propio. Pero creo que también sería bueno para el independentismo de izquierdas, que necesita un adversario leal, dispuesto a argumentar y no imponer. Lo necesita, entre otras cosas, porque es la única vía para hacer frente a sus propios conflictos: a día de hoy el independentismo catalán es un proyecto masivo y con raíces populares pero no necesariamente mayoritario ni mucho menos hegemónico. Un proyecto constituyente realista sólo puede articularse desde el reconocimiento de esa tensión sobre la que se solapan conflictos sociales.

Las luchas territoriales atraviesan hoy una situación de empate catastrófico de la que sólo sacan partido las fuerzas políticas nihilistas -bastante difundidas por todo el espectro ideológico, para qué nos vamos a engañar- que se alimentan de la autodestrucción del espacio deliberativo y democrático. Necesitamos un cambio profundo que reconduzca toda esta energía por el lado de la deliberación y la resolución dialogada de los conflictos. No creo que la recuperación y reinvención de la idea de país y de algunos de sus símbolos por parte de la izquierda española sean la piedra filosofal de ese desplazamiento. Se trata de una pieza menor que, sin embargo, no podemos seguir ignorando eternamente.

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Este texto es una versión ligeramente modificada del artículo que, por invitación de Lluc Salellas, miembro del Secretariado Nacional de la CUP y concejal del Ayuntamiento de Girona, escribí para una recopilación de textos de su padre titulada Sebastia Salellas, Advocat i activista. L’esquerra que va sobreviure a la Transició (2018).

Este artículo fue publicado originalmente en espejismos digitales.