Cuando se leen las propuestas electorales tributarias del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, lo primero que llama la atención es la escasa extensión que se dedica a esta cuestión tan importante para la reducción del déficit público -en cuanto aumento o disminución de ingresos para sufragar los gastos- en el conjunto de […]
Cuando se leen las propuestas electorales tributarias del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, lo primero que llama la atención es la escasa extensión que se dedica a esta cuestión tan importante para la reducción del déficit público -en cuanto aumento o disminución de ingresos para sufragar los gastos- en el conjunto de los respectivos programas: 3 páginas de 214 (PP) y 4 de 149 (PSOE).
Igualmente, ambos documentos incluyen grandes principios como la «lucha contra el fraude y los paraísos fiscales», sin especificar medidas concretas. Y no debe olvidarse que, en este campo, los grupos parlamentarios de estos partidos han tenido alguna actuación criticable, como el voto en contra de hacer público el listado de las 659 «grandes fortunas» titulares de cuentas bancarias en Suiza sin declarar, a las que, además, se les había permitido regularizar su situación con un recargo, sin sanción ni imputación por delito fiscal.
En lo que respecta a las propuestas específicas del PP, resulta curioso que, salvo la intención de situar el devengo del IVA en el momento del cobro de la factura y de reformar el sistema de módulos, las demás promesas son diametralmente contrarias a las presentadas recientemente por los técnicos del Ministerio de Hacienda en su XI Congreso Nacional. Mientras que éstos exigen el aumento del tipo de gravamen a las rentas del ahorro hasta el 24%, el PP propone establecer más ventajas fiscales a esta fuente de ingresos que disfruta de un tipo proporcional, en lugar del progresivo -hasta el 45%- que se aplica a las rentas del trabajo, v. gr. Del mismo modo, mientras que los Técnicos de Hacienda proponen elevar el tipo de gravamen del 30% al 35% para las grandes empresas con facturación superior a 45 millones de euros y beneficios por encima del millón de euros, el PP pretende rebajarlo al 25% y aumentar, además, el amplísimo régimen de libertad de amortización existente. Por otro lado, se incluyen promesas relativas al incremento de los beneficios fiscales a los planes de pensiones, obviando que en el año 2010 -cuando se alertaba de la supuesta falta de recursos para las futuras pensiones-, dichos privilegios supusieron una merma de más de 2.000 millones de euros a las arcas públicas. También se propone generalizar la deducción por adquisición de vivienda habitual para todas las rentas. Finalmente, se alude a una rebaja en los tributos que gravan la adquisición de este tipo de viviendas, como el IVA o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, aunque, en este último, la reducción resultaría ineficaz, al tratarse de una competencia normativa cedida a las Comunidades Autónomas.
Las medidas contenidas en el programa del PSOE, por el contrario, parecen incidir más en la justicia tributaria, mediante el aumento de la progresividad y de los impuestos directos. Concretamente, se propone un mayor equilibrio entre las rentas del trabajo y del capital, como ya se ha hecho en la última legislatura aumentando el tipo de gravamen de estas últimas del 18 al 21%. También se promete la redistribución de los beneficios de las deducciones del Impuesto sobre Sociedades de las grandes a las pequeñas empresas; la creación de un impuesto a las instituciones financieras y a las grandes fortunas, además de la reforma de la fiscalidad de las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), utilizadas por los más ricos para canalizar sus inversiones. No obstante, tales propuestas difícilmente pueden disociarse del candidato que las presenta y del hecho de haber pertenecido a un Gobierno que ha adoptado algunas decisiones de signo contrario a las que ahora se propugnan. Baste citar la subida del IVA, que es un impuesto indirecto que recae sobre los consumidores, básicamente; la bajada del Impuesto sobre Sociedades a las grandes empresas, a través de la reducción de tipos de gravamen, el incremento de las deducciones o el aumento del régimen de libertad de amortización, sin la exigencia del mantenimiento del empleo; la ampliación de la calificación de PYME a empresas con 10 millones de euros de volumen de negocio; la aprobación de un régimen fiscal especial para las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario utilizadas por los bancos para rentabilizar el stock inmobiliario que poseen); la bajada del IRPF para las rentas del capital percibidas de sus sociedades por los banqueros, ejecutivos y familiares, o el mantenimiento de la esencia del régimen fiscal privilegiado de las SICAV y la votación favorable -junto con el PP y los demás grupos parlamentarios salvo Izquierda Unida- a concederles una «amnistía fiscal» -otorgando la competencia sobre su control a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en detrimento de la Agencia Tributaria- lo que, en 2005, supuso el archivo de más de 200 actas abiertas por la Inspección de Hacienda, que les habría supuesto tributar al 35% en lugar de al 1%. Por último, el programa socialista propone incrementar los tributos ecológicos y los que gravan el consumo de alcohol y tabaco con el pretexto, en este último caso, de garantizar la financiación de la Sanidad. No obstante, debe recordarse que la recaudación de los impuestos no es finalista, sino que se destina a sufragar todos los gastos públicos -incluyendo los militares-, y que estos impuestos especiales ya se han subido dos veces en los últimos dos años, con lo que ésta sería la tercera.
Llegados a este punto parece que los hechos de ambos partidos y las promesas analizadas -sobre todo del PP- están muy lejos de la alternativa presentada por los Técnicos del Ministerio de Hacienda para reducir el déficit hasta el entorno del 1% del PIB, sin realizar recortes, con un aumento de 53.900 millones de euros en los ingresos tributarios anuales, incidiendo especialmente sobre el fraude y la especulación financiera mediante la lucha contra la economía sumergida y los paraísos fiscales y el estableciendo un Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
Miguel Ángel Luque Mateo. Attac Andalucía
Un extracto de este artículo fue publicado en el Periódico Diagonal Nº 161
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