Violencia y represión en Chile: ¿Se necesita una nueva policía? Es el titular que publica este 3 de octubre el medio alemán DW, señalando que “La imagen de un carabinero empujando a un adolescente hacia el lecho del río Mapocho revivió el debate sobre una reestructuración de la policía militarizada chilena”.
El hecho se relaciona por el intento de homicidio a un adolescente manifestante de 16 años en Santiago, Plaza de la Dignidad, este viernes 2 de octubre, siendo lanzado por un agente represor de carabineros en el puente Pío Nono cayendo unos 7 metros al lecho del río Mapocho, salvado por otros jóvenes manifestantes y brigadistas de salud.
Boca abajo en medio de una estela de sangre, sobre el agua del rio Mapocho, así se encontró este adolescente, cuyos agentes estatales de carabineros incluso se detuvieron a mirar desde el puente lo sucedido, manteniéndose a su vez acciones represivas con lacrimógenas y carro lanza aguas contra manifestantes, las que no mermaron a pesar de la gravedad.
La versión inicial de carabineros al respecto indicó: “En incidentes que se generan en inmediaciones de Plaza Baquedano y, por causas que se investigan, una persona cayó al río Mapocho desde el puente Pío Nono. Se coordina concurrencia de ambulancia y bomberos. Se realiza denuncia del hecho a Fiscalía”.
A pesar de videos que dan cuenta de los hechos y de la formalización desde el Ministerio Público al uniformado responsable, el gobierno asumió una posición ambigua, quien a pesar de rechazar y condenar a través de un comunicado “categóricamente toda acción que atente contra los derechos humanos, en cualquier lugar, tiempo o circunstancia”, respalda a su vez “la necesaria y fundamental labor de Carabineros”, llamando a su vez, de acuerdo a declaraciones del Ministro del Interior Víctor Pérez, a «no generar juicios» mientras se investigue caída de joven al Mapocho”.
Sin embargo, este hecho que ha sido dado a conocer desde el gobierno como puntual con respecto al incumplimiento de un carabinero al protocolo y la ley, se suma a una seguidilla de actos sistemáticos de violaciones a los derechos humanos contra miles de manifestantes en Chile, incluyendo crímenes de lesa humanidad, que da cuenta de una profunda responsabilidad del ejecutivo y del alto mando de la institución de Carabineros, en particular, en las personas de Sebastián Piñera y Mario Rozas.
Cabe recordar que el 16 de diciembre del 2019, ante una serie de denuncias por violaciones a los derechos humanos que comprometían a Carabineros, el Presidente Sebastián Piñera respaldó la labor del general director, Mario Rozas, descartando que vaya a pedirle la renuncia, indicando públicamente: «Creo que el general Rozas, ha hecho todo lo humanamente posible por cumplir con su deber, por asegurar que los protocolos se cumplan, por también modernizar la institución», agregando: «Yo estimo que él ha tratado de ser parte de la solución, y ha combatido con toda la energía y toda la fuerza del mundo todos los excesos que han cometido algunos miembros de la institución», añadió..
Es importante señalar, que la abierta complicidad del General de Carabineros, Mario Rozas, con hechos graves de violaciones a derechos humanos, queda en evidencia en su informe de principios de abril ante tribunales en el caso del joven del joven Gustavo Gatica, indicando: “Me enteré por la prensa”, con respecto a las mutilaciones oculares del joven en medio de disparos policiales, indicando en su informe que no existen responsabilidades de funcionarios policiales en la lesión.
En noviembre del 2019, se filtró desde la misma institución de carabineros un audio, cuya veracidad fue confirmada, donde Rozas señala a tropas: “Hay algunas cosas que les quiero decir: tienen todo el apoyo y respaldo de este general director. Cómo lo demuestro: a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer”, señaló entre aplausos de los uniformados.
Violaciones a los Derechos humanos del gobierno de Sebastián Piñera a partir de la revuelta social del 18 de octubre 2019
El gobierno de Sebastián Piñera decretó un estado de excepción constitucional a partir del 18 de octubre, sacando a más de diez mil efectivos militares a las calles, levantando la medida el lunes 28 de octubre, con numerosos casos de violaciones a los derechos humanos por los agentes represores, hecho que fue considerado por un amplio grupo de académicos/as, abogados/as y doctores/as en Derecho como actos inconstitucionales e ilegales.
Diversas expresiones sociales de Chile se mantuvieron masivamente en las calles por cuatro a cinco meses, con protestas en diversas causas: Contra la corrupción, contra las injusticias por desigualdades y derechos sociales privatizados en salud, educación, previsión. Asimismo, en protesta a proyectos industriales atentatorios a las personas y medio ambiente, acaparamientos de agua, en general, contra un régimen político injusto, saliendo con fuerza las exigencias de renuncia del Presidente Piñera ante la incapacidad de gobernar y de dar respuesta efectiva a un cambio profundo.
Luego de la intervención militar, las violaciones a los derechos humanos fueron cometidas de manera sistemática y masiva por agentes de Fuerzas Especiales de Carabineros y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), con numerosos casos de violaciones a derechos humanos.
El informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH (INDH) para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reporta un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares. De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH ha presentado 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas. Fiscalía Nacional reporta 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020.
El lunes 28 de septiembre se desarrolló la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde el Ministerio Público entregó el reporte final de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales desde octubre de 2019 alcanzando un total de 8.575 víctimas.
El Estado, a través de todo el aparato de poder público, que incluye las medidas legales, las políticas públicas y las prácticas de sus agentes, es quien está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos. «El Estado existe para garantizar los derechos humanos. Un Estado que no puede garantizar los derechos humanos es un Estado que no es democrático y un Estado no democrático no es legítimo (…) Entonces el Estado es el garante de estos derechos fundamentales que ya ha asumido en función de la Constitución y de los tratados internacionales que suscribe, y por lo tanto tiene la obligación de garantizarlos a plenitud«, obligación que también rige a las fuerzas públicas, señalaba a fines del 2019, Nancy Yáñez, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.
El actual gobierno de Sebastián Piñera tiene en su cartera ministerial a personeros vinculados a crímenes de lesa humanidad, cómplices del terrorismo de Estado durante la dictadura militar. Entre ellos, los Ministros del Interior Víctor Pérez y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quienes han sido denunciados públicamente de haber estado vinculados a sectas nazis dentro de Colonia Dignidad. Así también, mientras se violan Derechos Humanos de numerosas personas en el marco de protestas sociales o de reivindicaciones indígenas, el gobierno ha realizado diversos esfuerzos para liberar a criminales que han cometido delitos de lesa humanidad, como fueron los indultos a fines de julio de este 2020 a Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzman quienes fueron recluidos en 2017 y 2018, respectivamente.
Violaciones a los Derechos Humanos en causas Mapuche
Los principales focos de conflictos en el sur se relacionan con reivindicaciones de tierras ancestrales mapuche o bien, de defensas territoriales ante la imposición de proyectos industriales externos y en los últimos años se han constituido una serie de violaciones a los derechos humanos desde el estado chileno para favorecer los intereses de grupos privados, principalmente empresarios forestales, latifundistas (terratenientes) agro industriales, industria de energía, entre otros.
En estos últimos años, se ha venido intensificando las violaciones a los derechos humanos mapuche, cometidos y fomentados por agentes estatales de carabineros, con graves hechos de represión, asesinatos, montajes, odio, intolerancia y discriminación contra numerosas personas del Pueblo Nación Mapuche en el marco de reivindicaciones de derechos indígenas.
A principios de agosto de este año 2020, se han vivido graves episodios de odio y racismo en diferentes comunas de la Araucanía, perpetrados por grupos de civiles armados anti mapuche, con la complicidad de agentes estatales de Carabineros, en pleno toque de queda, con violentos ataques a personas de comunidades Mapuche que mantenían la ocupación de edificios de Municipalidades como medida de protesta y solidaridad con las demandas de los presos Mapuche.
Estos actos violentos racistas, han sido justificados por diversas personalidades políticas del oficialismo, incluida la ex Ministra de Estado del actual gobierno de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos, actual pareja del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand.
En el actual gobierno continúa en la impunidad el asesinato por la espalda del joven comunero Mapuche Camilo Catrillanca, cometido el 14 de noviembre del 2018 por agentes represores estatales del GOPE de Carabineros. Asimismo, sin que aún sean condenados y favorecidos con cambios de medidas cautelares, de prisión preventiva a arresto domiciliario, están los agentes que fueron parte de la “Operación Huracán”, involucrados en diversos montajes de inteligencia de Carabineros para inculpar a numerosas personas Mapuche, siendo la antesala a otro plan que no alcanzó a concretarse y de características transfronterizas, : “Operación Andes”, entre otras acciones bajo la sospecha de numerosas operaciones de “banderas falsas” cometidos bajo anonimato con la intencionalidad de generar climas de estados hostiles para justificar amplios despliegues represivos, control policial de macro zonas y hostigamiento a comunidades que reivindican derechos de tierras.
Tampoco ha sido condenado el oficial en retiro de Carabineros, Marco Treurer, responsable del asesinato del joven mapuche Alex Lemún, cuyo caso tuvo que reabrirse por la Corte Suprema a petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el que sigue siendo visto este 2020 por los tribunales de justicia. A este sujeto, también se le privilegió con el cambio de prisión preventiva a arresto domiciliario.
Otros graves hechos que se han vivido en este último tiempo involucran los derechos humanos de la niñez mapuche cometidos por agentes represores del estado chileno y grupos de particulares ultras, bajo la permisividad del gobierno, como parte de sistemáticas violaciones, que genera alarma, repudio y que hace requerir de una urgente reacción para frenar este tipo de abusos y atropellos cometidos en el marco de conflictos territoriales.
El ex funcionario del Gope, Carlos Alarcón, quien es uno de los principales acusados en el caso que persigue al homicida de Camilo Catrillanca, recibió un pago de $21 millones por parte de Carabineros bajo el concepto de “indemnización” tras ser dado de baja de la institución y ha recibido además, pagos mensuales de $900 mil, bajo el concepto de “pensión” por parte de la misma institución según se reporta en la audiencia del caso.
Es sabido además de los sobre sueldos como incentivos perversos a agentes del Gope y de Fuerzas Especiales de Carabineros para actuar represivamente contra causas Mapuche – Resolución del 5 de julio donde se ratifica la bonificación -sobresueldo- de un 30% para el GOPE y un 20% para las Fuerzas Especiales, no imponibles.
Corrupción sistemática y decadencia institucional
En los últimos años se han destapado diversas prácticas de colusiones empresariales (Celulosas papeleras, Afps, farmacias), robos de miles de millones de pesos de arcas fiscales por parte de altos mandos de Carabineros (Pacogate) y de militares al fondo reservado del cobre (Milicogate), como también, las denuncias e incluso condenas por diversos actos de corrupción entre sectores empresariales y políticos como: Casos Penta, Soquimich, Caval, Ley de pesca, entre otras, actos de delincuencia que precarizaron los derechos sociales de la población.
El caso Pacogate, es un caso de corrupción por malversación de caudales públicos, realizado por miembros de Carabineros de Chile, cuyas principales diligencias de investigación se han llevado a cabo entre 2016 y 2017.
A fines de 2018, el monto fue avaluado en 28.300 millones de pesos, siendo señalado como el mayor fraude en la historia de Chile y como el «caso más grande de corrupción» ocurrido durante la vigencia del sistema procesal penal. En total, 132 personas han sido formalizadas, encabezado por altos mandos de la institución, hoy desvinculados.
Los hechos que hoy detonan en carabineros, dan cuenta que unidades y jerarquías que llevan involucradas incesantemente más de 47 años en actos criminales y delictivos, donde el derecho a la vida de las personas y la integridad física y psíquica son despreciados. En esta línea, las demostraciones de abrirse a capacitaciones en derechos humanos, de remover de cargos a funcionarios vinculados en violaciones de DDHH y en actos fraudulentos, en nada han asegurado cambios sustanciales, manteniéndose prácticas inmorales, inhumanas y despiadadas.
El actuar de agentes represores y de unidades de inteligencia, con masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en el marco de protestas sociales, son cometidas mayoritariamente cuando involucran proteger los intereses de los principales grupos económicos del país vinculados a Afps, educación, salud e intereses extractivistas industriales forestales-celulosas, latifundistas agro industriales, acuicolas, entre otros, que dan cuenta del servil comportamiento de su estructura jerárquica con corruptas redes del poder político y económico, cuyo patrón se basa en el acaparamiento, explotación, desigualdad, discriminación y múltiples injusticias.
Estos mismos grupos de poder político y económico sostenedores del sistema neoliberal y del régimen político, son los principales defensores de la institución de carabineros, por lo mismo y en definitiva, ninguna reforma o reestructuración asegurará que la institución con decadencia fatal, descrédito, degradación, tiranía y neoinquisición, cumpla un mandato para el respeto de los derechos humanos acorde a un sistema democrático sano.
Jaime Bassa, Doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Constitucional y Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad, señaló el 2 de octubre a través de redes sociales: “La única alternativa es disolver Carabineros de Chile y construir una nueva fuerza policial, escalafón único y sometida al poder civil. Basta de montajes, desfalcos, asesinatos, violaciones. Basta de represión”.
Diversas expresiones exigen en el presente la necesidad de una nueva policía con identidad y funciones diferenciadas, cuyo rol principal y transversal sea el servicio público de manera generalizada para el bien común, la paz social y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
No es posible esperar que desde el gobierno de Piñera se establezcan cambios profundos en esta institución anclada en la actual Constitución Política, porque es parte del mismo problema y es impulsor del status quo, considerando los diferentes intereses de poder económico que representa, en una permanente alianza conspirativa con agentes estatales criminales.
Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos