Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente las graves amenazas y coacciones que están sufriendo guardas fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) mientras desempeñan su labor de vigilancia e inspección en el territorio, algo que se viene produciendo desde hace años.
Estos hechos son calificados, por el grupo ecologista, como intolerables en un Estado de derecho y reflejo del creciente nivel de tensión en el campo y de la impunidad con la que actúan quienes vulneran de forma sistemática la legislación ambiental y de aguas. También han achacado la responsabilidad de lo sucedido a las autoridades de Castilla-La Mancha, partidos y entidades que presionan para que se regularicen pozos en el Alto Guadiana, ya que “da alas a quienes comenten ilegalidades”.
Los guardas fluviales, son el cuerpo encargados de velar por el cumplimiento de la normativa que protege los ríos, acuíferos y ecosistemas asociados, estos agentes están siendo hostigados por individuos vinculados a actividades ilegales como el uso no autorizado de agua, las extracciones masivas sin concesión o los vertidos contaminantes al medio hídrico. Y según Ecologistas en acción no reciben el respaldo social e institucional que merecen, y se encuentran en una situación de indefensión “inadmisible”.
También recuerdan que cualquier tipo de agresión, amenaza o coacción a cualquier empleado público en el ejercicio de sus funciones está tipificada como delito en el Código Penal, y debe ser perseguida con la máxima contundencia.
Desde Ecologistas en Acción expresan todo su apoyo a estos trabajadores públicos y exigen al Ministerio para la Transición Ecológica, a la CHG y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tomen medidas urgentes y eficaces para proteger su integridad física y garantizar el ejercicio de sus funciones sin presiones ni amenazas. Asimismo emplazan al Gobierno de Castilla-La Mancha a que se alinee con la defensa de la legalidad en la gestión del agua.
Una de las medidas propuestas por el grupo ecologista es que se refuercen, de forma inmediata, los recursos humanos y materiales dedicados a la vigilancia ambiental, especialmente en un contexto de emergencia climática y ambiental en la cuenca alta del río Guadiana, donde a la escasez de agua se impone la sobreexplotación de los acuíferos.
“Es inaceptable que quienes destruyen el medio ambiente actúen con total impunidad mientras quienes lo defienden son amenazados. La ciudadanía tiene derecho a un medio ambiente sano, y para ello es imprescindible que se haga cumplir la ley, se proteja a quienes la aplican y se sancione a quienes la infringen.” Concluyen.