Solidaridad Obrera anuncia que se personará como acusación particular en la causa abierta tras la denuncia presentada por Fiscalía contra siete cargos del área de Prevención de Riesgos Laborales de Metro de Madrid e intentará que la investigación se abra a más personas responsables de la mala gestión del amianto en el suburbano.
El 24 de mayo de 2018 falleció Antonio Morán. La causa de su muerte: un mesotelioma, un tipo de cáncer provocado únicamente por la exposición al amianto. Llevaba décadas trabajando en mantenimiento de Metro de Madrid. Cinco meses más tarde fallecía Julián Martín. En su caso fue un cáncer de pulmón. Llevaba 40 años trabajando en Metro de Madrid. Son las dos primeras muertes de trabajadores del suburbano madrileño oficialmente relacionadas con la exposición al amianto.
Ayer, 28 de julio, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid presentó una denuncia contra siete cargos del área de prevención de riesgos laborales de Metro de Madrid. Les denuncia por homicidio imprudente -los de Morán y Martín-, delitos que contemplan penas de uno a cuatro años de cárcel. También por lesiones imprudentes -de uno a tres años de cárcel para cada uno de los casos que haya derivado en una enfermedad grave- y por delitos contra los derechos de los trabajadores -tres a seis meses en los casos relacionados con incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales por imprudencia grave cuando se pongan en peligro grave la vida, salud e integridad física de los trabajadores-. Los trabajadores afectados: hasta 907, según recoge la denuncia de Fiscalía, que señala que desde Metro de Madrid se les habría ocultado que manipulaban piezas que contenían amianto, por lo que no se les facilitó información, ni formación ni equipos de protección.
«Si hay ocultación hay delito desde 2003 hasta ahora, y eso se ha construido; hay mucha gente a la que hay que cesar», afirma Antonio Rus, especialista en riesgos laborales y delegado sindical de Solidaridad Obrera, sindicato desde el que ya han anunciado que se personarán en la causa como acusación popular. «Ahora tenemos la posibilidad de meternos como acusación popular y ampliar la causa para que se siga investigando esto, ir con todo el trabajo que ya tenemos hecho sobre este tema y ver si estos acusados son suficientes».
Entre las siete personas acusadas por Fiscalía se encuentran J.N.D. y B.R.R., que actualmente ocupan cargos de coordinación en el área de Prevención de Riesgos Laborales de Metro de Madrid, desde 2015 y 2009 respectivamente. «Llevamos un año pidiendo su cese desde Solidaridad Obrera», apunta Rus. «Hemos mandado varias cartas porque al principio parecía que sí iban a hacer su trabajo, pero después se ha visto que estaban construyendo un relato». En el caso de J.N.D., desde este sindicato recuerdan que, en el juicio por la muerte de Julián Martín -por el que Metro de Madrid fue condenada en abril de este año al pago de 370.000 euros a su familia en concepto de indemnización-, este defendió la tesis de la empresa en cuanto a que el cáncer que acabó con la vida del trabajador de Metro no había sido causado por el amianto. Sin embargo, como señalan desde este sindicato, esta misma persona ahora acusada por Fiscalía «sabía perfectamente lo que había en las estaciones» ya que durante cuatro generaciones miembros de su familia habían ocupado cargos de responsabilidad en el suburbano y su propio padre había firmado muchas de las obras en las que se instaló o trabajó con amianto.
Otro de los acusados, E. F. C. G., es responsable del Servicio de Prevención y Salud Laboral desde el 6 de enero de 2012, jefe de medicina laboral en Metro de Madrid y desde hace pocos meses portavoz de la mesa de desamiantado de la empresa. También J.M.G., responsable del Área de Prevención y Salud Laboral desde el 6 de noviembre de 2015 -jubilado en junio- y que ya participó en la última comisión de investigación sobre el amianto de la Asamblea de Madrid. Según recuerdan desde Solidaridad Obrera, en los últimos plenos sobre el amianto, ante la petición de que la vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos al amianto fuera obligatoria, él defendió que esta fuera optativa. Esta misma persona, cuando en marzo de 2017 se reconoció la enfermedad profesional de un trabajador encargado de la revisión de las escaleras mecánicas de Metro de Madrid, desde el sindicato señalan que afirmó que se había realizado un informe epidemiológico y se había dado formación en prevención de riesgos laborales en cuanto a la manipulación de amianto, hechos que el sindicato afirma que no se corresponden con la realidad.
«Todos ellos infringieron de modo grave las normas de prevención de riesgos laborales creando una situación riesgo para los trabajadores a su servicio, a los que permitieron trabajar con MCA [amianto], altamente peligroso para su vida y salud, careciendo de toda política preventiva, al no existir una evaluación de riesgos en relación con la exposición al amianto que permitiera un trabajo en condiciones seguras», señala la denuncia de Fiscalía de la Comunidad de Madrid. «Tampoco procuraron formación en prevención de riesgos ni información, ni les entregaron los equipos de protección individual preceptivos para manipular el amianto con seguridad», subraya.
Pero hay otros nombres que Solidaridad Obrera echa en falta en la denuncia. «Por jerarquía y ocultación, falta el consejero», afirma Rus en referencia al consejero delegado en Metro de Madrid, Francisco de Borja Caravante, yerno de José María Álvarez del Manzano y viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid cuando se realizó la venta de las viviendas del IVIMA a Goldman Sachs -que entonces participaba en Reyal Urbis, en la que su suegro era consejero-. «Contrata a Sagardoy [bufete de abogados que asesoró al Gobierno en la reforma laboral y diseñó el expediente de regulación de empleo de Cola-Cola retirado por el Tribunal Supremo] para asesorarle y es el que tiene un conocimiento constante y actualizado de todo lo que ocurre con el amianto porque, además, constituyó una comisión sobre este tema en la que no nos hacen caso», continúa Rus, señalando, como ejemplo, la negativa de Metro de Madrid a estar en el Registro de empresas con riesgo de amianto (RERA), o el rechazo a reconocer las enfermedades laborales de los trabajadores o a dar compensaciones hasta que no lo ordene un juez.
Otro nombre que señalan es el de Rosalía Gonzalo, actual consejera de Transportes en la Comunidad de Madrid. «También es consciente de esto, tuvimos una reunión con ella sobre los problemas del amianto y ella también dijo que apoyaba las decisiones de la jefatura y a los que hoy están acusados por Fiscalía», continúa el delegado sindical de Solidaridad Obrera.
Desde Solidaridad Obrera también echan de menos en la denuncia a Ignacio González Velayos, anterior concejal de Hacienda en Alcorcón por el PP y fichado en abril por Vox, quien también fue consejero delegado de Metro de Madrid entre 2009 y 2015, por lo que tuvo que comparecer ante la Asamblea de Madrid, también en relación con la venta de trenes con amianto a Argentina.
Tres décadas sabiéndolo y sin actuar en seguridad laboral
La presencia de amianto en Metro de Madrid comenzó a ser un tema polémico desde que en 2017 varios trabajadores denunciaran la presencia de este mineral tóxico en el suburbano. Sin embargo, la empresa de transportes lo sabía desde mucho antes. Según aparece en el Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en Metro de Madrid de la Asamblea de Madrid de febrero de 2019, la primera mención documentada sobre la peligrosidad de la presencia de amianto en el suburbano es una denuncia presentada en 1991 y que fue trasladada al Parlamento autonómico en 1992. También que, desde 1998, Metro de Madrid incluía en sus partidas de obras en el metro una cantidad destinada a la contratación de empresas especializadas en la retirada de amianto y que se conocía de su presencia desde 1989.
Un informe de la sección especializada en siniestralidad laboral de la Policía Municipal de Madrid fija con más anterioridad el año desde el que Metro de Madrid sabía de la existencia de amianto en sus infraestructuras: 1984. En ese mismo informe se apunta que, sin embargo, las medidas en torno a la prevención de riesgos laborales no llegaron hasta 2018, 34 años después. Un año antes ya había un trabajador diagnosticado con una de las enfermedades provocadas por el amianto -asbestosis, cáncer de pulmón, mesotelioma, entre otras-, pero su respuesta, según el informe policial, se habría limitado a «facilitar la asistencia a charlas no obligatorias».
«Un absoluto desprecio a las más elementales normas de seguridad y salud». Así es como la Fiscalía describe la actuación de Metro de Madrid, que desde 2003 sí había adoptado medidas de seguridad, como la sustitución de piezas con amianto o su encapsulado, sin que, por otro lado, adoptara medidas de seguridad en beneficio de los operarios que seguían trabajando con piezas con amianto.