Amnistía Internacional denuncia que los niños ingresados en centros terapéuticos pueden «ser víctimas de abusos sexuales, malos tratos, tratamiento cruel y degradante, ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados, medicados sin diligencia y en contra de su voluntad» y todo, con «total impunidad» porque su existencia y su realidad son «invisibles». Esta es una […]
Amnistía Internacional denuncia que los niños ingresados en centros terapéuticos pueden «ser víctimas de abusos sexuales, malos tratos, tratamiento cruel y degradante, ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados, medicados sin diligencia y en contra de su voluntad» y todo, con «total impunidad» porque su existencia y su realidad son «invisibles».
Esta es una de las conclusiones del informe ‘Si vuelvo, me mato’ elaborado por la organización a partir de unas 170 entrevistas con trabajadores y menores (59) que están o han pasado por centros de Cataluña, Madrid y Andalucía, comunidades que concentran el 55% de los centros terapéuticos para menores con problemas de conducta de toda España. La investigación sigue la estela de la ya publicada por el Defensor del Pueblo sobre estos centros porque pese a sus denuncias «no ha cambiado casi nada».
«Si yo atara a mi hija en una silla con cinta de embalar, si le diera medicación sin decirle para qué, si la mantuviera varios días aislada en una habitación y si además me negara a informar a nadie de lo que le ocurre a mi hija, el fiscal o la autoridad judicial me la quitaría. Si esto lo hace el Estado en los centros terapéuticos, como ha documentado AI, no pasa absolutamente nada», denunció el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán.
Según explicó la investigadora de AI Elena Estrada, esto es lo que ocurre en los centros porque entre los castigos más frecuentes están el amordazar a los niños en una silla a la intemperie, privarles de alimento hasta tres días, encerrarles en «celdas de aislamiento una semana o dos», prohibir las visitas familiares u obligarles a permanecer 24 horas de pie. Además, denunció que se aplican contenciones físicas (sujecciones), mecánicas (ataduras) y farmacológicas (con medicamentos) «con objetivo de castigar al menor», y no como tratamiento o como respuesta a un momento puntual de crisis.
Fármacos con castigo
En este sentido, la organización incide en la violación de derecho a la salud de estos niños, a quienes «se suministran psicofármacos con una finalidad sancionadora y no terapéutica» y que pese a tener el derecho reconocido de conocer su diagnóstico y tratamiento si han cumplido 12 años de edad, no reciben información sobre los fármacos que están siendo obligados a ingerir.
«Cualquier medida sobre medicación forzada, sobre sometimiento a contención física o sobre celdas de aislamiento no tiene supervisión judicial, ni fiscal y menos autorización judicial, con lo cual, estas medidas que en muchos casos son violaciones de derechos humanos dependen del criterio de cualquier educador o cualquier personal de estos centros», denunció Esteban. En las cárceles, este tipo de conductas son «siempre» autorizadas por el magistrado de vigilancia penitenciaria.
En cuanto a los abusos sexuales, «los más difíciles de denunciar y probar» según la organización, Estrada señaló el «caso paradigmático» ocurrido en un centro de Cataluña, donde un supuesto educador estuvo «años» abusando de los niños internados que, a su vez y como consecuencia, repitieron esta conducta con otros menores. «Muchos de ellos estaban en el centro precisamente porque habían sido víctimas de abusos sexuales», señaló.
Las consecuencias para estos niños «no pueden ser peores» tanto a nivel físico como psicológico. Estrada recordó que al menos una decena de menores se han suicidado en estos centros en la última década por «la falta de diligencia» de los trabajadores para prevenir esta situación ya que «ni siquiera piensan en retirarles el cinturón» cuando les ingresan en celdas de aislamiento.
Ante estos abusos, los menores los menores se encuentran «desprotegidos» ya que, según explica el informe, no disponen de mecanismos rápidos y sencillos para presentar una denuncia y sus interlocutores son los trabajadores del centro, que en muchos casos son quienes cometen los abusos. Si la queja prospera y hay juicio, la citación llega al propio centro, que tiene conocimiento de la situación incluso antes que el menor interesado.
«Están totalmente indefensos y son extremadamente vulnerables porque nadie sabe cuántos son y nadie sabe cuántos centros de protección terapéuticos existen, y porque tanto la Administración como las entidades privadas que gestionan estos centros dificultan que se lleven a cabo investigaciones independientes», explicó Beltrán, para incidir en que en un 53% de los casos ni siquiera hay una decisión judicial que avale el ingreso del niño en uno de estos centros.
La organización presentó el testimonio de una de las personas que han sufrido algunos de los abusos denunciados en su paso por los centros de menores. A sus 25 años de edad, Sara Casas contó a los medios cómo pasó de un centro de protección de Cataluña a recorrer cuatro instalaciones terapéuticas de Andalucía sin siquiera saber que iba a ser trasladada de comunidad autónoma.
La joven explicó que, entre otros malos tratos y vejaciones, recibió «puñetazos», fue amenazada en reiteradas ocasiones con ser lanzada a una piscina para que «se ahogara» porque no sabía nadar; pasó días amordazada en una silla y con un esparadrapo en la boca para evitar que gritase, y fue sobremedicada hasta el punto de tener que desplazarse en silla de ruedas porque no podía mantenerse pie e incluso llegó a perder la conciencia.
En presencia de su abogado, José Antonio Bosch, señaló que ahora la Junta de Andalucía le ha retirado la guarda de sus tres hijos porque considera que no está preparada para ser madre. Para Bosch estos niños, «los nietos de la Junta», son la prueba de que en España la legislación en materia de protección de menores «es propia de Suecia o Noruega» pero la implementación y el desarrollo de las normas «es propia de un país tercermundista».
La organización ha promovido una acción en Internet para exigir al Gobierno que investigue la situación en estos centros, que elabore protocolos para contar, controlar y supervisar estos centros y que emprenda las reformas oportunas para que el poder judicial «sea visible» en estos casos, porque «la Administración tiene noticia de todas estas denuncias y aquí lo único que está claro es que no se ha hecho nada», señaló Beltrán.