El informe de Amnistía Internacional «Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España», publicado en junio de 2015, afirma que las administraciones públicas han adoptado medidas «deliberadamente regresivas e injustificadas» en relación con el derecho a la vivienda. En el apartado de conclusiones, el documento de 52 páginas subraya la […]
El informe de Amnistía Internacional «Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España», publicado en junio de 2015, afirma que las administraciones públicas han adoptado medidas «deliberadamente regresivas e injustificadas» en relación con el derecho a la vivienda. En el apartado de conclusiones, el documento de 52 páginas subraya la dependencia «desproporcionada» del mercado privado y que el actual proceso de ejecuciones hipotecarias considera la vivienda como un «activo financiero» y no como un «derecho humano». «Las autoridades españolas no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo el derecho a la vivienda», resume el informe.
La organización de derechos humanos constata al menos cinco «señales de alarma» desde el inicio de la crisis: recortes del gasto público en vivienda; la falta de intervención pública en el mercado privado respecto a las viviendas vacías; la reducción del periodo de calificación de la vivienda social (periodo en el que el precio y las condiciones de venta están regulados por ley); la venta por parte de administraciones públicas de viviendas sociales a fondos de inversión; y los recortes en las prestaciones sociales a familias que viven en la pobreza o en riesgo de exclusión, lo que ha dificultado su acceso a un alojamiento.
Realizada entre abril de 2014 y abril de 2015, la investigación de Amnistía Internacional se centró en Madrid y Cataluña, por el número elevado de ejecuciones hipotecarias y desahucios que se dan en estas autonomías, sobre todo de viviendas habituales. Además, se trata de comunidades autónomas con un porcentaje notable de viviendas vacías y movimientos especialmente activos en la defensa del derecho a la vivienda. El documento incluye aportaciones de la PAH, el Observatori DESC, Cáritas, Provivienda, docentes universitarios, trabajadores sociales, profesionales de la judicatura y la abogacía, así como economistas.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial recogidos en el informe, entre 2008 (inicio de la crisis) y 2014 se iniciaron en el estado español 578.546 ejecuciones hipotecarias (procedimiento por el que un juez ordena la venta de una propiedad hipotecada para saldar una deuda). El Banco de España documentó más de 98.000 desalojos hipotecarios de viviendas habituales entre enero de 2012 y junio de 2014, de los que 52.000 se derivaron de un procedimiento judicial. Estos números son el resultado de los años de «burbuja» inmobiliaria y las consecuencias en forma de reducción de los ingresos y desempleo. Amnistía Internacional recuerda que la mayoría de los desahucios afectan a viviendas construidas y adquiridas durante la expansión económica. Cuando los afectados no terminan en la calle, es sobre todo por el apoyo que reciben de la familia, los amigos o las ONG.
«La vivienda en propiedad se consideraba una inversión segura y las hipotecas se convirtieron en un producto muy atractivo para el sector financiero», explica el informe de Amnistía Internacional. El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda señala el incremento de los precios como una de las consecuencias del modelo especulativo: entre 1998 y 2005, el precio del suelo se multiplicó por cinco, el de la vivienda «se disparó» hasta un 150% y el valor total de las hipotecas se multiplicó por diez.
El gobierno español, asegura Amnistía Internacional, no ha habilitado un mecanismo «que vele por la igualdad procesal» en las negociaciones entre los bancos y las familias. También se advierten serias lagunas en la información estadística: sólo se conoce el número de propiedades objeto de ejecuciones hipotecarias desde el comienzo de la crisis y, desde el año 2013, existen distintas fuentes sobre el número de viviendas habituales. La organización de derechos humanos llama la atención, además, sobre la falta de datos públicos en torno a las personas afectadas por los desahucios.
Con el título «el grifo se ha cerrado», el informe advierte de los severos recortes del gasto público en materia de vivienda. El parque de vivienda pública en el estado español es de los más reducidos de Europa, y el gasto público en vivienda también está por debajo de la media europea. La crisis no ha hecho sino confirmar esta tendencia. De hecho, el capítulo de vivienda de los presupuestos estatales se redujo en más de un 50% entre 2008 y 2015. El recorte afectó a las ayudas en materia de vivienda, que pasaron de 40,95 euros por persona en el año 2008 a 27,79 en 2012, cuando la media en la Unión Europea, según Eurostat, se sitúo este último año en 134,65 euros. Con todo, muchas de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional aseguraron que, aunque se les ofreciera una vivienda social, no podrían costear el alquiler.
El Estudio sobre viviendas protegidas vacías (2013) del Defensor del Pueblo apunta que en el estado español existen en torno a 276.000 viviendas sociales (la gran mayoría gestionadas por las comunidades autónomas). Esta cifra resalta si se tiene en cuenta que, según el último Censo de Población y Vivienda del INE (2011), en España hay 25,2 millones de viviendas. El porcentaje de viviendas sociales representa el 1,1% del total, cifra que contrasta con el 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido y el 17% de Francia.
Aunque las viviendas sociales se hayan construido en suelo «reservado» para hogares de estas características, e incluso si se han destinado recursos públicos a su construcción, las viviendas sociales pasan al mercado privado después de un periodo de tiempo «limitado» (cada vez más reducido). El plan catalán para el derecho a la vivienda (2004-2007) mantenía la calificación durante 90 años, informa Amnistía Internacional; el plan 2009-2012 redujo los plazos a 30 años y el plan actual (2013-2016), establece un periodo entre 10 y 30 años.
En otros casos, los gobiernos han vendido las viviendas sociales a sociedades de inversión. El informe «Derechos desalojados» destaca que en el verano de 2013 el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) vendió cerca de 3.000 casas, plazas de aparcamiento y cuartos trasteros a una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) por 201 millones de euros. La venta se justificó por razones de equilibrio presupuestario. Por otro lado, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid vendió 1.860 casas (una tercera parte del parque de vivienda del ayuntamiento) a otra sociedad de inversión en 2013. También con el pretexto de cuadrar las cuentas públicas, Regesa (empresa de la vivienda pública del área metropolitana de Barcelona) enajenó 381 casas, aparcamientos y trasteros, que pasaron a manos de una SOCIMI.
Tampoco el Gobierno de España ha atendido a las recomendaciones sobre viviendas vacías del relator de Naciones Unidas. El último Censo de Población y Vivienda (2011) cuantifica 3,44 millones de casas vacías en España; el número de viviendas desocupadas se incrementó en un 10,8% en una década y, del volumen de viviendas construidas durante el «boom» inmobiliario, el 18,5% continuaban vacías. En Europa el fenómeno no alcanza tales extremos. A pesar de que no existen estadísticas oficiales, según Guardian.com (febrero de 2014) en el viejo continente existen 11 millones de viviendas vacías, lo que significa -de acuerdo con estas cifras- que el 30% de las casas habitadas en Europa se hallan en España.
El documento «Derechos desalojados» destaca además que el gobierno perdió con la SAREB o «banco malo» (con un 45% de capital estatal proveniente del FROB) una oportunidad para actuar en materia de vivienda. La SAREB no sólo posee unas 80.000 casas procedentes de entidades financieras, resalta el informe de Amnistía Internacional, sino que en la práctica es titular de viviendas ocupadas por personas que actualmente se defienden de un desahucio. El acuerdo suscrito entre la SAREB y el gobierno catalán, por el que la primera entidad cede 600 viviendas a la Generalitat para que las ponga en alquiler, supone un número insignificante (menos del 1% de las 8.000 casas en manos de la SAREB).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.