Ante la reunión que mantenida el pasado lunes por el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, y su homóloga colombiana, Carolina Barco, Amnistía Internacional (AI) pide al Gobierno español que reclame firmemente al ejecutivo colombiano que aplique las recomendaciones de Naciones Unidas sobre el desmantelamiento de grupos paramilitares, la impunidad y la protección […]
Ante la reunión que mantenida el pasado lunes por el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, y su homóloga colombiana, Carolina Barco, Amnistía Internacional (AI) pide al Gobierno español que reclame firmemente al ejecutivo colombiano que aplique las recomendaciones de Naciones Unidas sobre el desmantelamiento de grupos paramilitares, la impunidad y la protección de la población civil. Esta petición se realiza por segunda vez al gobierno español en menos de un mes, después de no haber recibido respuesta de éste, tras la reunión de ambos gobiernos en julio pasado.
Para Amnistía Internacional, la llamada «política de seguridad democrática» , del presidente Álvaro Uribe, lejos de mejorar y, al contrario de lo que sugieren las autoridades colombianas, ha agravado la situación de derechos humanos en los últimos años, afectando especialmente a la población civil.
«Sólo en 2003, más de 3.000 civiles fueron asesinados por razones políticas y al menos hubo 600 «desaparecidos», muchos de ellos a manos de grupos paramilitares. Miles de defensores de los derechos humanos siguen sufriendo ataques por realizar su trabajo», asegura la organización.
Como ejemplos, están las recientes muertes de tres sindicalistas el pasado 5 de agosto a causa de los disparos efectuados presuntamente por miembros del Batallón «Gabriel Revéis Pizarro» de la XVIII Brigada del Ejército colombiano, en el departamento de Arauca; o las amenazas de muerte recibidas por la activista de derechos humanos, Lila Solano, tras llevar a cabo una protesta en el Congreso nacional contra los posibles planes del gobierno de conceder inmunidad procesal a los grupos paramilitares respaldados por el ejército.
Además, seis líderes indígenas y el chófer de uno de ellos han sido secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recientemente entre los días 22 y 25 de agosto. Amnistía Internacional ha pedido su liberación inmediata e incondicional. «Estos últimos casos de secuestros y toma de rehenes muestran un abierto desprecio por las vidas de los civiles y representan una flagrante vulneración del derecho internacional humanitario», ha declarado la organización. En 2003, alrededor de 2.200 personas fueron secuestradas, más de la mitad de ellas por grupos armados de oposición y paramilitares respaldados por el ejército.
Recomendaciones al Gobierno español
Amnistía Internacional considera que el Gobierno español no debe ignorar la grave crisis de derechos humanos que sufre Colombia, así como la reiterada falta de cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas para solucionar la misma. Ante la visita de la titular de Exteriores a Madrid, la organización pide al Ministro español que transmita a su homóloga colombiana:
La necesidad de avances en la puesta en práctica de las recomendaciones de la ONU sobre el desmantelamiento de los grupos paramilitares, la lucha contra la impunidad y la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunidades civiles. En concreto, > debe instar al Gobierno colombiano a poner fin a su peligrosa campaña para deslegitimar el trabajo llevado a cabo por los defensores de derechos humanos.
La necesidad de dar marcha atrás en el desarrollo de las medidas de seguridad que involucran más a la población civil en el conflicto como son las redes de informantes y el ejército de soldados campesinos, así como las medidas legislativas que amenazan con fortalecer la impunidad por graves violaciones de derechos humanos.
Por último, Amnistía Internacional, solicita al Ministro español que transmita la preocupación que existe por los casos antes mencionados, instando a que se lleve a cabo una investigación imparcial y exhaustiva del homicidio de los tres sindicalistas, que se hagan públicos los resultados de la investigación y que los responsables de estas muertes sean llevados ante los tribunales; y que exprese, igualmente, la preocupación latente por la seguridad de Lilia Solano, con el objetivo de que tanto a ella como a otros defensores de derechos humanos se les ofrezca protección efectiva, para que puedan llevar a cabo su labor legítima y muy importante.
Preguntas de la Sección Española de Amnistía Internacional sobre la reunión del Ministro de Asuntos Exteriores español y su homóloga colombiana
¿Qué va a hacer el gobierno español para evitar los abusos que padece la población civil colombiana?
¿Cómo valora el Gobierno español la política de «seguridad democrática» del presidente Uribe? Informes de Amnistía Internacional demuestran que se está agravando la crisis interna; incluso que existen verdaderos laboratorios de guerra, como el de Arauca.
¿Cuál es la política del gobierno español en cuanto a la concesión de asilo y refugio para los ciudadanos colombianos que huyen del conflicto en su país?
En relación con el asesinato de tres sindicalistas el pasado 5 de agosto y las amenazas de muerte que está recibiendo la defensora de derechos humanos, Lilia Solano, ¿Cuáles son las recomendaciones del Gobierno español para que se garantice la seguridad de estos colectivos en Colombia?
¿Considera el Gobierno español importante la labor de los defensores de derechos humanos en Colombia?
¿Ha pedido el Gobierno español al Gobierno de Colombia que suspenda su colaboración con los paramilitares y acabe con la impunidad de la que gozan?
¿Ha insistido España al gobierno colombiano que cumpla las recomendaciones de la ONU a la vista de que la administración de Uribe está mostrando poca disposición ante las mismas?
¿Va a continuar el gobierno con la política de venta de armas y de transferencia de material e inteligencia militar a Colombia que aplicó el gobierno de Aznar?
No parece que sea esta la línea a adoptar por el gobienro español. El titular de la cartera de Exteriores española, según informa Europa Press, garantizó a Barco que España «seguirá apoyando y colaborando» con el Gobierno colombiano en materia de seguridad. En este sentido, Moratinos anunció que el ministro de Defensa, José Bono, se desplazará a finales de septiembre, probablemente el 21 ó 22, a Bogotá para abordar con su homólogo colombiano las áreas y sectores de cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa.