La creciente disyuntiva, democracia o barbarie, tiene su origen en una constitución que confirmó en el trono al último jefe de la dictadura, Don Juan Carlos I de Borbón, y a su línea sucesoria, dotándolos de una impunidad y de unas prerrogativas ajenas a cualquier atisbo del más elemental sentido de justicia.
De ahí que cargos públicos ultras, ante una triple crisis sanitaria, social y democrática, agiten la bandera monárquica bicolor, traten de imponer la marcha real en los colegios cada mañana -quizá, más adelante, piadosos rezos- y den gritos extemporáneos de vivas al Rey, incluso en sede parlamentaria, erigiéndose en fervientes constitucionalistas.
Veamos la Constitución. El único personaje que aparece en escena con nombre y apellido, Don Juan Carlos I de Borbón, es un individuo huido desde hace casi un año a una de las dictaduras del Golfo; que además goza de una connivencia evidente con la ultraderecha monárquica, que intimida por el paroxismo de sus ataques contra el Gobierno de coalición progresista. Es una ultraderecha franquista a la que se han unido tránsfugas de hecho, incluido algún corifeo de la cal, que dicen ser el verdadero PSOE. Su huida a Abu Dabi, en los Emiratos Árabes, con el que Suiza no tiene tratado de extradición, no va a salvar a la monarquía, ni tampoco a su hijo Felipe VI.
El Rey emérito ha defraudado a la Hacienda pública cuantiosas sumas de sospechosa procedencia; presuntamente, pues ni siquiera ha sido encausado. Sus precipitadas “regularizaciones” no tienen obviamente otra finalidad que esquivar las consecuencias de sus presuntas infracciones, cuando en realidad debería ponerse a disposición de la justicia, es decir al alcance de la fiscalía Suiza, ingresando en las arcas públicas no solo el dinero presuntamente defraudado, sino la totalidad del dinero negro, cuya procedencia está investigando la Fiscalía.
Esa es la causa, y no otra, por la que Juan Carlos I de Borbón se vio impelido a abdicar, intentando evitar el colapso del régimen monárquico, que viene imponiendo leyes y disposiciones represivas desde hace dos décadas. Es una actuación colérica de la monarquía para afrontar represivamente los movimientos de protesta: el 15M, las marchas de la dignidad, las mareas y demás movimientos sociales; especialmente de los movimientos por la autodeterminación de los pueblos del Estado; siendo uno de los más dinámicos, como todo el mundo sabe, el que apoya al Govern de la Generalitat de Catalunya, representante legítimo del pueblo catalán.
Un conocido intelectual republicano, ateneísta para más señas, el profesor Pedro García Bilbao, ha expresado su solidaridad fraternal con los presos políticos catalanes. Transcribo sus certeras palabras, que suscribo:
“Recuperar la república implica derribar la monarquía. Siendo esta una lucha democrática, afrontar la cárcel es algo a lo que se ha de estar dispuesto. Así ha sido siempre en la historia. Y es por ello que a los dirigentes catalanes en prisión los sentimos como hermanos.”
Veamos algunos de los rasgos más lacerantes del régimen del 78.
Se trata de una institución hereditaria, es decir el Rey accede a la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas por “derecho de cuna”; pero también una institución impuesta, por tanto por “derecho de sangre”: la sangre derramada por un genocidio sin castigo: el perpetrado por la dictadura franquista. Es, además, una institución ajena al pueblo masacrado, del que dice esa misma constitución que emanan todos los poderes del Estado, lo que no es cierto.
Se trata, por tanto, de una monarquía reinstaurada mediante un genocidio, tras un golpe de estado militar, que derivó en una guerra; una de cuyas finalidades fue el exterminio físico de la oposición política (recordemos el famoso “gen rojo”, preconizado por el siquiatra del régimen Antonio Vallejo-Nájera), lo que derivó en el asesinato durante la dictadura, una vez terminada la contienda, del orden de 130.000 personas.
En relación con los atentados de ETA, el franquismo -dictadura terrorista de la que procede la actual monarquía borbónica, cuya bandera bicolor e himno constituyen de hecho una amenaza subliminal, interiorizada por el gigantesco terror ejercido- es un régimen que cometió del orden de 150 veces más asesinatos que los cometidos por ETA, a partir de las primeras elecciones el 15 de junio de 1977, en relativa libertad tras la dictadura.
Según la Academia de la Lengua:
terrorismo
1. m. Dominación por el terror . · 2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror .
Sin embargo, ha sido inaugurado recientemente por Felipe VI el Centro Memorial de Victimas del Terrorismo, sin la menor mención a las 130.000 víctimas del franquismo, asesinadas por la dictadura. Quizá debido a que el Rey es un personaje en línea sucesoria del dictador genocida Francisco Franco, al que debe su corona, pues éste rompió la pretendida cadena dinástica al nombrar a Juan Carlos de Borbón como su sucesor directo.
El Rey jamás hizo la menor mención explicita a las victimas del terrorismo franquista, y si lo hizo fue indirectamente, equiparando victimas y victimarios, humillando, por tanto, a las víctimas de la dictadura. Victimarios, es decir asesinos, que fueron amnistiados de sus 130.000 asesinatos, y demás crímenes cometidos, mediante una ley de punto final, la falsa ley de amnistía de 1977. Una ley, aún en vigor, que discriminó a nuestros compañeros de la Unión Militar Democrática (UMD), y contraviene la legislación internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Este número de asesinatos perpetrados por el régimen franquista, que encumbró al poder a la dinastía borbónica reinante, es, como he indicado más arriba, 150 veces mayor que los cometidos por ETA desde la muerte del dictador.
Es sorprendente, pues, que el actual órgano de gobierno de los jueces -uno de los poderes más represores en tiempos de la dictadura, que junto el ejército y la policía atravesaron la llamada Transición con absoluta impunidad- se oponga frontalmente a una prerrogativa del Gobierno, como es la de conceder un indulto a los presos políticos catalanes. El “grave pecado” catalán: la proclamación pacífica de la República de Catalunya, durante los breves instantes que se mantuvo; simbólicamente, pues no se llevó a efecto.
Si además se tiene en cuenta la actitud benévola de la justicia española con los indultos al general Armada y a sus conmilitones, incluidos los que se liaron a tiros en el Congreso de los Diputados el 23-F de 1981, muchos de los cuales ni siquiera fueron procesados, se entiende aún menos su cerrazón. Si además tenemos en cuenta los altos cargos del Estado que fueron procesados por los crímenes del GAL, condenados y finalmente indultados, resulta sorprendente tanto aspaviento. Por si fuera poco, tras la reciente desclasificación de archivos de la CIA, se ha tenido conocimiento público de la implicación del Gobierno de Felipe González, con la complicidad de Juan Carlos I, en los crímenes del GAL. ¿Algo que objetar?
Medida ésta, la del indulto, que estimo insuficiente, pues lo que procedería en justicia sería la Amnistía, solo viable mediante la abolición de la monarquía, la proclamación de la república y el inicio de un proceso constituyente en libertad, que abriese un tiempo nuevo de autentica concordia, fundamentada en el respeto escrupuloso de los Derechos Humanos y del derecho internacional.
Por tanto, compañeras y compañeros, mientras luchamos democráticamente por la llegada de ese ansiado momento, exijamos Amnistía y Libertad. No solo para los presos políticos del querido pueblo de Catalunya, sino también para el conjunto de pueblos hermanos de este entrañable país, miembro de la Unión Europea, al que llamamos España.
Manuel Ruiz Robles es Capitán de Navío de la Armada, miembro de la UMD y del Colectivo Anemoi. Presidente Federal de Unidad Cívica por la República.