Todos los años, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau analiza el presupuesto de Defensa del Estado español. Este año 2017, el presupuesto del Ministerio de Defensa, después de diez años de continua disminución en sus créditos, aumenta un 32% con respecto al año 2016. Este colosal aumento es consecuencia de las argucias presupuestarias que […]
Todos los años, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau analiza el presupuesto de Defensa del Estado español. Este año 2017, el presupuesto del Ministerio de Defensa, después de diez años de continua disminución en sus créditos, aumenta un 32% con respecto al año 2016. Este colosal aumento es consecuencia de las argucias presupuestarias que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha venido aplicando a este Ministerio para amagar el gasto militar real a la opinión pública. En concreto, el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el de Defensa, desde el año 2012 decidió no incluir el pago de los Programas Especiales de Armamento (PEA) en el presupuesto, para luego, durante el ejercicio, recurrir a la aprobación en el Consejo de Ministros de un crédito extraordinario para hacer frente a los pagos de esos PEA. De esta manera se llevaba a cabo un engaño, aparentemente el presupuesto de Defensa disminuía cuando en realidad aumentaba, como luego se constataba en la liquidación del presupuesto al finalizar el año, y que en el transcurso de esos años aumentó en más de 2.000 millones anuales. Sin la inclusión del pago de 1.824,47 M€ de los PEA este año 2017, el presupuesto de Defensa aumentaría un 0,6%.
Pero la incorporación de los pagos de los PEA no acaba con la ocultación de los gastos en defensa, pues existe otra partida, la de las misiones militares en el exterior, a la que se le asigna un crédito de 14,3 millones todos los años, cuando en realidad gasta alrededor de 1.000 millones, que son aportados desde un fondo de contingencia, situado en el programa «Imprevistos y funciones clasificadas» de Otros Ministerios. Para este año 2017, el Secretario de Defensa Agustín Conde Bajén, en la Comisión de Defensa del 26/04/2017 del Congreso de Diputados, anunció que el gasto previsto de las misiones en el exterior sería de 1.062,5 millones, con lo cual el aumento a final de año no será de un 32%, sino cuando menos de un 45%.
Las partidas que según nuestro criterio se deben incluir como gasto militar, a saber, la seguridad social de los militares (clases pasivas); la mutua militar; los créditos en I+D para la adquisición de armas (Ministerio de Industria); la Guardia Civil por su carácter militar (Ministerio del Interior); el CNI, dirigido por un general y donde un 50% de sus miembros son militares; el servicio de la deuda pública, es decir, los intereses, que en la parte proporcional al gasto militar que se deben imputar, en especial por el alto porcentaje (un 20% en 2017), que las inversiones en defensa representan al presupuesto de Defensa. También la diferencia entre el gasto inicialmente aprobado en los PGE y el realmente ejecutado al final de ejercicio y que según los años supera los mil millones de euros. En 2016, por ejemplo, la diferencia fue de un 16%. Además, este año, por primera vez, hemos incluido como gasto militar las «pensiones de guerra» abonadas a personas víctimas de la Guerra Civil española de 1936 a 1939, ya sean supervivientes que han sufrido minusvalías o sus familiares que las perciben como un subsidio.
Entonces el gasto militar español asciende a 18.776 millones de euros, una cuantía que representa 51,4 millones diarios de gasto militar al que cada ciudadano contribuye con 404 euros al año de su renta. Un gasto muy por encima del 1% del PIB que señala la ministra de Defensa, María Dolores De Cospedal, pues eleva el crédito en defensa de España hasta el 1,64% del PIB y nos acerca al 2% que reclaman insistentemente desde la Casa Blanca a sus socios de la OTAN.
En el apartado dedicado a analizar la I+D militar, queda demostrada la discriminación que existe entre los recursos asignados a I+D civil con respecto a la I+D militar. Pues las obligaciones comprometidas en I+D militar al final de año rayan el 100% de los créditos presupuestados. Mientras que las obligaciones contraídas en I+D civil quedan muy por debajo de las presupuestadas y se ejecutan en un 60% en 2015. Si a esto, se añade que la I+D en general está dividida en ayudas a fondo perdido y en créditos retornables, y que este año 2017, el apartado de créditos retornables representa un 60% del total de recursos dedicados a I+D. Entonces, los recursos en I+D civil tendrán un grado de cumplimiento mucho menor que los de I+D militar, pues éstos se conceden en su totalidad y se benefician del mecanismo establecido en los PEA de no retorno de los créditos hasta que se entreguen las armas.
Un presupuesto que este año 2017, continúa con la tónica de años anteriores de aplicar fuertes ajustes en la mayoría de los ministerios. En total se ha producido una reducción de 14.250 millones respecto al año anterior, con un crecimiento prácticamente nulo en todo el gasto no financiero, que aumenta un paupérrimo 1,3% con respecto al año anterior. Mientras, se prioriza el pago en armamentos de nula necesidad social que sólo beneficia a las empresas militares. Cuando por otro lado, el crecimiento del PIB en 2016 fue de un 3,2% y para el año 2017 se pronostica entre un 2,5% y un 3% de aumento. Es decir, que según los pronósticos del Gobierno, estamos emergiendo de la crisis y por el contrario se presenta un presupuesto muy regresivo en lo social. Mientras en el ámbito militar, aparecen nuevos programas de armas, ya anunciados, no aprobados por el Gobierno, pero con créditos presupuestarios consignados, 86,2 millones en 2016 y 69,5 en 2017. Se trata de los blindados Piraña 8×8 de un coste previsto de 1.600 M€, una nueva Fragata F-110, 800 M€ y cuatro aviones UAV Reaper por un valor de 160 M€. Es decir, que los PEA continúan aumentando su número, sus costes y en consecuencia, las deudas.
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