En febrero de 2003 cuatro jóvenes anarquistas fueron detenidos por la brigada de información a petición del juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional. Se les aplicó la ley antiterrorista y sufrieron un periodo de incomunicación, durante el cual fueron maltratados para hacerles firmar una declaración autoinculpatoria, pese a la inexistencia de prueba alguna. Garzón […]
En febrero de 2003 cuatro jóvenes anarquistas fueron detenidos por la brigada de información a petición del juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional. Se les aplicó la ley antiterrorista y sufrieron un periodo de incomunicación, durante el cual fueron maltratados para hacerles firmar una declaración autoinculpatoria, pese a la inexistencia de prueba alguna.
Garzón les responsabilizó de pertenecer a una célula terrorista anarquista con contactos internacionales, responsable de varios atentados a sedes de partidos políticos, cajeros, concesionarios e incluso un bar -casos abiertos sin resolver-.
Tras pasar tres días infernales en comisaría, tres de ellos fueron trasladados a Madrid por declarar ante el juez y el otro quedó en libertad con cargos. Para los primeros se decretó prisión, valorando la información facilitada por la policía, ingresando en la cárcel de Soto del Real en Madrid. Días después, dos de ellos pudieron salir en libertad bajo fianza.
Comenzó entonces una campaña de presión reclamando la libertad del único encarcelado, que dio sus frutos tras semanas de actividad por parte de los abogados defensores, después de que se presentaran varios recursos y una fianza de 12 mil euros, recogida gracias a las aportaciones de un elevado número de colectivos e individuos.
Han pasado algo más de tres años desde que empezó todo y, finalmente, se ha comunicado la fecha del juicio, que será en dos partes el 23 de junio y el 10 de julio, en la Audiencia Nacional. A lo largo de la instrucción del sumario se ha ido desmontado el cargo de pertenencia a banda armada, lo cual ha influido en la drástica reducción de la petición fiscal aun cuando, debido a que todavía se conserva la acusación de terrorismo, ésta llega hasta los 11 años de prisión para uno de los acusados, 8 años para otros dos y 1 año para el último de ellos.
Por tal motivo, varios grupos anarquistas han comenzado una nueva campaña para denunciar las vulneraciones que se perpetran con el amparo de la ley antiterrorista, la Audiencia Nacional, y todo el sistema judicial, político y económico, responsable de la represión a la disidencia, de las desigualdades y de la miseria.
La campaña, que probablemente se iniciará con el lema «Solidaridad Anarquistas secuestrados en febrero del 2003», trata de sensibilizar por estos hechos y demostrar a los acusados que ahora, como hace tres años, la solidaridad puede ser un factor importante por evitar la prisión de estos jóvenes. Podrán juzgar a los luchadores, pero nunca a la lucha, afirman.