Ya nadie duda que estamos en la segunda transición política. Y pocos discuten que está agotada la Constitución del 78, que certificó el paso sin rupturas desde la dictadura franquista a una democracia política, de muy baja intensidad pero suficiente para incorporar al Estado español al entonces Mercado Común Europeo y a la OTAN, que […]
Ya nadie duda que estamos en la segunda transición política. Y pocos discuten que está agotada la Constitución del 78, que certificó el paso sin rupturas desde la dictadura franquista a una democracia política, de muy baja intensidad pero suficiente para incorporar al Estado español al entonces Mercado Común Europeo y a la OTAN, que es lo que interesaba a los poderes financieros y económicos. A lo que contribuyeron activamente los partidos considerados de izquierda y los sindicatos mayoritarios, convertidos desde entonces en pilares del sistema.
El régimen del 78 está sumido hoy en una crisis múltiple: del bipartidismo dinástico de la alternancia, con su secuela de clientelismos, corrupciones y puertas giratorias, del «estado de bienestar» por los enormes recortes en los servicios básicos fruto de la sumisión del sistema político a las instituciones financieras, del modelo social por las escandalosas cifras de desempleo, empobrecimiento y exclusión, y del modelo territorial que supuso el llamado estado de las autonomías porque ha quedado obsoleto. La abdicación del propio rey, siendo la monarquía piedra angular del sistema, para intentar evitar el hundimiento descontrolado de este, y el rapidísimo protagonismo de los dos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, son hechos significativos que certifican que vivimos una segunda transición. En gran medida, el resultado de las elecciones del 20D y las decisiones que tomen tras estas los actualmente cuatro principales partidos -los dos del ya viejo sistema y los dos nuevos- van a condicionar fuertemente el nuevo sistema político.
En esta encrucijada, la debilidad de Andalucía es evidente. Tras romper el diseño de la Constitución del 78, que sólo reconocía como nacionalidades a Cataluña, País Vasco y Galicia -porque habían plebiscitado sus autonomías en la Segunda República-, Andalucía consiguió incorporarse, contra viento y marea, a la «primera división autonómica» tras las masivas manifestaciones del 4 de Diciembre del 77 y el referéndum del 28 de Febrero del 80. Una conquista histórica que no ha tenido apenas traducción práctica porque lo han impedido las propias limitaciones competenciales y el régimen monopartidista que, de hecho, se instauró aquí -el PSOE ha construido un régimen inspirado en el del PRI mexicano- y no ha servido para avanzar ni un milímetro en las diferencias con respecto a las medias españolas y europeas en ninguna dimensión. La dependencia económica incluso se ha agudizado, las desigualdades internas y con respecto a otros pueblos del Estado se han agrandado, nuestra cultura sigue siendo degradada (Canal Sur TV refleja perfectamente la «política cultural» de este régimen) y políticamente no pintamos nada salvo cuando se trata de los intereses del partido dominante.
Ciertamente, no existe hoy, como sería necesario, un movimiento político andaluz con suficiente fuerza para condicionar de forma decisiva a los protagonistas de esta segunda transición, ni el pueblo andaluz tiene, en general, conciencia de lo que estamos jugándonos ya que durante más de tres décadas ha sido cloroformizado eficazmente para que no la tenga. Pero lo que sí podemos es presionar por todos los medios a nuestro alcance para que, sea en el proceso constituyente que debería abrirse o sea en la reforma constitucional a la que muchos quieren reducir este, se parta de que en el Estado español existen cuatro pueblos-naciones -o nacionalidades según la actual Constitución- que en el siglo XX han conquistado legalmente esa identidad política, además de poseer una indudable identidad histórica y cultural. Y que uno de esos cuatro, todos ellos al mismo nivel y con los mismos derechos, es Andalucía. Luego, en un nivel jurídico-constitucional inferior, al menos en el punto de partida, estarían todos los demás pueblos y regiones, que deberían emprender su propio camino si aspiraran un día a homologarse a aquellos.
Hasta ahora, ningún partido estatal -por razones obvias quienes practican el nacionalismo españolista, tanto de derecha como de «izquierda», y por ignorancia o ceguera política los que sí aceptan la plurinacionalidad del Estado- ha reconocido en sus programas esta realidad. Si alguno afirmara hacerlo, Andalucía tendría que figurar en su propuesta de organización territorial del Estado como uno de los cuatro pueblos-naciones con plenitud de derechos. Porque así lo conquistó en la primera Transición, tras las manifestaciones del 4 de Diciembre, en las urnas el 28 de Febrero. Si no lo hicieran y nos pidieran el voto, estarían tomándonos el pelo y tratando, como los otros, de borrar nuestra reciente y más fecunda historia.
Isidoro Moreno. Catedrático Emérito de Antropología de la Universidad de Sevilla. Miembro de Asamblea de Andalucía.
Publicado en «Tribuna» de Diario de Sevilla y otros diarios andaluces el 10 de noviembre de 2015.