Andrés Bódalo es andaluz, de Jaén, aceitunero altivo de los verseados por Miguel Hernández y cantados por Paco Ibáñez. Octavo en una familia de diez hermanos y hermanas comenzó a recoger olivas en cuadrilla a los diez años. Después, la vida lo curtió en dignidad y lo hizo sindicalista. Del SAT, el sindicato cualitativamente más […]
Andrés Bódalo es andaluz, de Jaén, aceitunero altivo de los verseados por Miguel Hernández y cantados por Paco Ibáñez. Octavo en una familia de diez hermanos y hermanas comenzó a recoger olivas en cuadrilla a los diez años. Después, la vida lo curtió en dignidad y lo hizo sindicalista. Del SAT, el sindicato cualitativamente más multado, procesado y condenado por la Justicia y el Gobierno de un Estado de Desecho que acumula la mayor mezcla de paro, precariedad, desigualdad social, desvergüenza y corrupción de toda Europa.
Conocí a Andrés Bódalo hace ya tres años en su propio pueblo, Jódar, desde donde me invitaron a participar en un mitin organizado por su sindicato, junto con Diego Cañamero y Arantxi Sarasola (LAB). Andrés tomó la palabra el primero, como portavoz del SAT en Jaén, y su discurso sobre la situación social que se vivía en el Estado, Andalucía y en Jódar fue demoledor. Los demás, ya, casi hablamos por hablar. Todo el magro estaba ya dicho.
Habló de cómo en Andalucía la propiedad de la tierra sigue asentada en el latifundio y la gran propiedad. De cómo un 2% de los propietarios poseen la mitad de las tierras cultivables. Y por si lo anterior fuera poco, a ello se sumaba el atraco a cara descubierta del PAC (Política Agrícola Común de la UE). De los 1.600 millones de euros de subvención anual procedentes de ésta, 1.248 iban a parar a los grandes propietarios, Duquesa de Alba incluida.
Frente a ello, una sangrante realidad social. Más de 500.000 jornaleras y jornaleros carecían de tierra alguna. El paro andaluz era del 40% y en Jódar, cuando no había campaña en la que trabajar, se acercaba al 80%. Grandes latifundios rodeaban el pueblo. En el de «La Rueda-Casabaja», propiedad del BBVA (agricultor de toda la vida, como es sabido), de 600 hectáreas y 300.000 olivos, se llevaba tres años sin recoger la cosecha, dejándola pudrirse en el suelo. Pese a ello, el banco cobraba 600.000 euros/años en ayudas del PAC. En esa finca trabajaban en su tiempo en la campaña de la aceituna 600 personas, pero ya no lo hacía nadie y cuando las gentes de Jódar entraron a ocuparla y a aprovechar algo de su cosecha, la guardia civil los reprimió.
Más adelante, en torno al 1º de mayo de 2014, el SAT de Jaén me invitó a participar en unas Jornadas. El PP local exigió la suspensión del acto por «dar cobijo a un miembro del aparato político de una banda criminal». Otros grupos (UPyD, la filo-nazi Democracia Nacional, la Asociación Unificada de la Guardia Civil -AUGC-,…) se sumaron a la petición. La charla fue trasladada a otro local y allí acudieron varias decenas de personas intentando reventar el acto, cosa que fue impedida por el servicio de orden allí existente en el que se encontraba Andrés. En el juicio por aquellos incidentes, éste y otros compañeros fueron condenados a pagar una multa por «agredir» a un agresor. Spanish Justice!.
En la cárcel de Rebbibia (Roma), una cooperativa de presos y presas imprimió una camiseta en la que se podía leer: «Beato chi crede nella giustizia…, perché verrá giustiziato» («Bendito el que cree en la justicia… porque será ajusticiado»). Es probable que si se dejara a la población reclusa española montar cooperativas e imprimir camisetas los textos serían aún más fuertes.
Según las encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas -Ministerio de Presidencia-), entre los años 2005 y 2014 el grado de insatisfacción total de la población española con el funcionamiento de la Administración de Justicia ha pasado del 19,8% al 39,4%. Otro 40,0% manifiesta «poco» nivel de satisfacción con la misma. En Andalucía, más en concreto, según la Encuesta de Realidad Social, un 80% de la población tiene también una opinión negativa de la Justicia por entender que no trata a las personas por igual, no actúa con equidad y no es independiente de la política.
Las condenas impuestas a Andrés Bódalo son un exponente claro de todo lo anterior. En agosto de 2005 varios cientos de personas exigieron ante la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía la cesión de una finca en Jódar. Como consecuencia de los altercados habidos, Andrés tuvo que ser atendido en el Hospital debido a la paliza policial recibida. Sin embargo, fue él el condenado a un año de cárcel por dar «patadas y manotazos» a los agentes. Es lícito poseer fincas y no explotarlas mientras crece la gente en la pobreza y la miseria. Es lícito defender a los finqueros y a sus valedores políticos a porrazo limpio. Y es lícito también dar credibilidad a las versiones policiales interesadas frente a aquellas otras que cuestionan su actuar violento.
Con la condena actual sucede algo parecido. A pesar de que los vídeos grabados por la guardia civil allí presente (septiembre de 2012) muestran que Andrés Bódalo se esforzó activamente en encauzar de forma pacífica una protesta, el juez lo condena como agresor de un concejal de Jódar y lo condena tres años y medio de cárcel por producir a éste «una contusión costal con hematoma, que no precisó para su sanidad más de una asistencia». Tres años y medio de cárcel por esto para quien hoy es, además de sindicalista, concejal en la capital por Jaén en Común. Un 80% de la población andaluza cree que la Justicia no es independiente de la política, ¿por qué será?
Indigna ver cómo se condena a personas como Andrés Bódalo por su actividad sindical (los jueces, con carácter general, deberían hacer como mínimo un año de «prácticas» como «internos» en una cárcel para saber a qué condenan a la gente) y la insultante libertad con la que pasean por las calles y asientan sus posaderas en Senados y Consejos de Administración otras como Rita Barberá, Rodríguez Rato o el mismísimo Martín Villa y Utrera Molina, imputados estos últimos por crímenes contra la humanidad por la Justicia argentina y protegidos contra viento y marea por el Gobierno y su Audiencia Nacional. Un 40% de la población no tiene confianza alguna en la Justicia española. ¿A quién le extraña?
La condena a Andrés Bódalo trasciende a su persona. Es una condena al sindicalismo reivindicativo, a la dignidad jornalera y a los propios derechos y libertades democráticas. Por eso reclamamos su libertad inmediata también desde Euskal Herria.
Manifiesto y recogida de firmas por el indulto a Andrés Bódalo
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