La Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Republicana manifiesta públicamente su decepción por el contenido del Proyecto de Ley sobre la Memoria Histórica cuya remisión a las Cortes ha acordado hoy el Consejo de Ministros. Dicho proyecto de ley es claramente insuficiente a la hora de concretar el que reconoce como uno de sus objetivos principales, […]
La Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Republicana manifiesta públicamente su decepción por el contenido del Proyecto de Ley sobre la Memoria Histórica cuya remisión a las Cortes ha acordado hoy el Consejo de Ministros.
Dicho proyecto de ley es claramente insuficiente a la hora de concretar el que reconoce como uno de sus objetivos principales, el derecho de todos los ciudadanos a la reparación y reconocimiento singular de su memoria personal y familiar, proclamando la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Para ese fin habría sido necesario la declaración de nulidad, por vicios radicales de fondo y forma y en reconocimiento de la legalidad y legitimidad de la II República, en virtud de las resoluciones de las Naciones Unidas contra el franquismo de 1946, de cuantas Resoluciones y Sentencias de dictaron por el aparato represor del franquismo, como el Tribunal Especial sobre represión de la masonería y del comunismo, los Tribunales, especiales u ordinarios, que aplicaron la Ley de Responsabilidades Políticas y, sobre todo, la jurisdicción militar, constituida en el eje central de la represión política, con cancelación definitiva de cuantas anotaciones pudieran haber producido aquellas resoluciones El mantenimiento de la validez de esas sentencias y resoluciones, es incompatible con la plena y definitiva rehabilitación moral y jurídica de las personas condenadas
Asimismo habría que haber previsto indemnizaciones económicas para todos los perjudicados y, en su caso, sus herederos por los actos represivos del franquismo, también para aquellas personas que no sufrieron privación de libertad por haber partido forzadamente al exilio, pero que a los que, por resoluciones de los Tribunales sobre represión de la masonería y del comunismo y los Tribunales de responsabilidades políticas, se les incautaron sus bienes o fueron despojados de derechos adquiridos de carácter funcionarial o profesional, expolio que en ningún momento durante la Transición ha sido compensado.
Al mismo tiempo resulta insultante que el Proyecto de ley mantenga, una injustificable voluntad de «equidistancia» entre los defensores de la legalidad republicana y los sublevados, con la intención de no ser acusado por la derecha franquista de revanchismo, que en cualquier caso y pese a lo timorato del proyecto, ya lo ha hecho.
Quienes ganaron la guerra, iniciada por una sublevación militar ilegal e ilegítima, honraron a sus muertos, compensaron a sus víctimas; quienes perdieron no pudieron hacerlo porque la dictadura instalada por lo vencedores instauró un régimen de represión cruel contra ellos.
Por otra parte, el proyecto de ley es igualmente pacato y no introduce avances significativos en materia de simbología, localización de cadáveres de ejecutados o acceso a los archivos.
Desgraciadamente con este proyecto de ley no se superan definitivamente los últimos obstáculos para superar cualquier forma de trato discriminatorio a quienes padecieron persecución, sanciones y condenas por razón de la defensa de los ideales democráticos y republicanos, condición plena para su rehabilitación moral y jurídica.