Ambos sindicalistas han dirigido un escrito al Ministerio de Justicia por considerar que el poder judicial ha invadido las competencias propias del poder ejecutivo. El juez Rubio Mayo, según se desprende del escrito, se permite «interpretar» el sentido y el contenido del indulto que el Consejo de Ministros concedió el pasado 18 de septiembre de […]
Ambos sindicalistas han dirigido un escrito al Ministerio de Justicia por considerar que el poder judicial ha invadido las competencias propias del poder ejecutivo. El juez Rubio Mayo, según se desprende del escrito, se permite «interpretar» el sentido y el contenido del indulto que el Consejo de Ministros concedió el pasado 18 de septiembre de 2009 burlando la literalidad del mismo.
El indulto, como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, no era más que la ratificación y endurecimiento de la condena impuesta por este juez, ya que aumentaba a cuatro años el tiempo en el que los dos sindicalistas tendrían que mantenerse alejados de cualquier «conflicto». Quedaban así amordazados bajo la amenaza de su revocación. El indulto se limitaba a reducir de tres a dos años la condena de prisión pero manteniendo la responsabilidad civil con la que debían «indemnizar» al Ayuntamiento de Gijón con 5.624,83 euros. En cambio, en el Decreto por el que se les indulta no figura, ni se menciona de ningún modo, la multa de 2.170 euros a cada uno, pero, en cambio, el juez sentenciador sí entiende que deben abonarla en contra de toda la jurisprudencia que en el escrito se menciona.
Para mayor escarnio, el indulto llegó cuando Cándido y Morala llevaban ya año y medio en el tercer grado que les fue concedido por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias cuando los dos trabajadores llevaban tres semanas en la prisión de Villabona. Con el mismo buen sentido común con una diferencia de horas, la jueza que sustituía a Lino Rubio en el juzgado nº 1 de Gijón, también había dictado el tercer grado.
Si el propio juicio fue todo un esperpento jurídico hasta para cualquier profano en leyes, no menos lo está siendo la actitud de este juez que, para imponer el pago de esta multa en contra del Decreto del indulto, embarga a Cándido una cuenta inexistente que estaba a nombre de su padre, fallecido hace un par de años. Similar ridículo es el embargo de la cuenta de Morala a nombre de su madre y que el propio banco dice que por tratarse de una cuenta a plazo fijo, hasta que éste no concluya, no podrá hacerse efectivo. Y aún así difícilmente podrá hacerse efectivo el embargo ya que la cuenta está incluida en un testamento del que no parece posible desvincularla.
Asusta ver cómo a dos sindicalistas con experiencia, con un sindicato que les apoya -la CSI- y con una importante movilización social están siendo vapuleados por los poderes «democráticos», por el poder político y por el judicial, además del económico que acabó cerrando el astillero y destruyendo cientos de puestos de trabajo directos y miles indirectos. La pregunta inmediata es en qué situación estarán o están los trabajadores que por otras circunstancias no cuenten con el temple y con los medios y el apoyo con que contaron Cándido y Morala. Asusta sólo pensarlo.
El poder político. Fue el Ayuntamiento de Gijón quien presentó, apoyó y se ratificó expresamente en la denuncia contra Cándido y Morala por la rotura del cajetín una cámara de vigilancia del tráfico (que además controlaba el interior del astillero). Para mayor abundamiento desde la alcaldesa del PSOE hasta el portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Gijón se ratificaron, una y otra vez, en la denuncia en el juzgado al tiempo que negaban cualquier implicación. Y esto es así porque en la sentencia figura el Ayuntamiento como único demandante y como único perjudicado. Como anécdota cabe añadir que como los condenados, reiterando su inocencia, se negaron a pagar la indemnización no indultada de 5.624,83 euros, fue el propio Ayuntamiento, mediante un significado militante del PSOE, quien sí la hizo efectiva, dadas las movilizaciones que se originaron o por temor de que fueran a más.
En todo este proceso, el delegado del Gobierno socialista, Trevín, fue la mano que coordinó, necesariamente, toda la trama de la represión desde el principio hasta ahora. También es de destacar que en ningún momento ni CCOO ni UGT pronunciaron ni una sólo palabra en defensa de estos dos trabajadores, y mucho menos los dos partidos en el poder regional y municipal implicados en la trama de la acusación.
Pero si los prolegómenos del juicio y el desarrollo posterior fueron impresentables, no menos lo fue la propia vista oral en la que resultaron condenados. Durante la vista se cometieron graves irregularidades de tal modo que, cada una por separado, deberían invalidar el juicio y la sentencia. Los cinco policías que declararon en contra de los acusados volvieron a la misma sala en donde se encontraban sus compañeros después de prestar declaración. Dos de los policías se contradijeron en sus versiones que, además, eran contradictorias pero fueron aceptadas y utilizadas sin problemas por el juez. El vídeo grabado por la propia policía no fue admitido en la vista oral y, sin embargo, el juez lo usó como prueba condenatoria en la sentencia, cuando además, para mayor gravedad, el vídeo demuestra fehacientemente que no fueron ni Cándido ni Morala quienes reventaron el cajetín de la cámara, y también es prueba, además, de que no se utilizaron «explosivos» sino petardos de feria lejos del cajetín.
El tono y los modales del juez Rubio Mayo, a lo largo de la vista oral, dejaron bien a las claras su manifiesta parcialidad y su innecesario autoritarismo. El ministerio fiscal en vez de velar por la corrección del juicio consideró correcto el proceso a pesar de todas estas irregularidades. Y no menos incomprensible fue el resultado del recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia, porque ninguna de estas irregularidades hicieron pestañear a sus magistrados.
Pero no son Cándido y Morala el mayor problema, porque bien han sabido aguantar, bien saben defenderse y buenos apoyos han tenido pero, con esta justicia, con este poder político qué puede esperar un trabajador o cualquier ciudadano que no cuente con todo lo anterior. ¿Cuántos cientos o miles habrán sido, o están siendo en estos momentos, linchados por ambos poderes al amparo de la inmunidad y de la impunidad con que actúan en este Estado de Derecho hecho a medida del poder, pero no de los ciudadanos o de los trabajadores?
Mientras, mirar para otro lado, premeditadamente claro, está propiciando los récords del desastre y de la tragedia social que supone liderar el paro de la Unión Europea con más de cuatro millones de parados, junto con las más bajas prestaciones sociales, cuando todo ello es como consecuencia de una política y de un sistema judicial que permite, y en consecuencia favorece, la especulación, la economía sumergida, la evasión fiscal, la fuga de capitales y, en definitiva, las chapuzas financieras de la delincuencia de cuello blanco a la luz del día, mientras se dedican a perseguir a los trabajadores que se atreven a luchar por su puesto de trabajo y a defender su medio de vida. En este caos social ni hay responsables y, mucho menos, parece que nadie haya cometido delitos sociales ni económicos, a juzgar por el inexistente número de encausados o de condenados.
Texto del escrito dirigido al Ministerio de Justicia por Cándido y Morala:
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