Próximamente el gobierno central, mediante un acuerdo con el Partido Popular, va a reformar la Constitución para consagrar la estabilidad presupuestaria, endureciendo de esta manera aún más los propios criterios del Pacto del Euro. Con ello el gobierno del PSOE y el presumiblemente venidero del PP se erigen nuevamente en paladines ejemplares, mostrando su imagen […]
Próximamente el gobierno central, mediante un acuerdo con el Partido Popular, va a reformar la Constitución para consagrar la estabilidad presupuestaria, endureciendo de esta manera aún más los propios criterios del Pacto del Euro. Con ello el gobierno del PSOE y el presumiblemente venidero del PP se erigen nuevamente en paladines ejemplares, mostrando su imagen más sumisa y gregaria, de los postulados y exigencias de las oligarquías financieras y los requerimientos de los gobiernos Merkel y Sarkozy.
La vía escogida de aprobación, al final de una moribunda legislatura de un parlamento poco representativo, bajo un gobierno desnortado y sin consulta en referendo, muestra, una vez más, el acatamiento del poder político institucional de las exigencias del poder económico europeo. Y, como viene a reconocerse cada vez más, es que «lo llaman democracia y no lo es…». La respuesta social frente a este nuevo golpe de Estado de los mercados es un clamor: una parte cada vez mayor de la sociedad muestra su indignación, e incluso actores hasta ahora inermes expresan su rechazo.
Desde Izquierda Anticapitalista rechazamos contundentemente la propuesta de reforma constitucional presentada por el gobierno estatal por los siguientes motivos:
1) Es una medida procíclica: la política económica debe compensar los efectos del ciclo económico
El principal objetivo de los presupuestos públicos debe ser la corrección de las desigualdades sociales y económicas provocadas por una economía capitalista basada en la competitividad y la lógica del beneficio de una minoría. En contextos de crisis económica como el actual, dicha corrección debería ser realizada, en claro contraste con lo que vienen haciendo las administraciones públicas, mediante un aumento del gasto público social. El establecimiento de un límite constitucional del déficit- que en este contexto supone una apuesta explícita por ahondar los recortes de gastos y que no deja de ser una formalización de la política económica implementada hasta ahora- priorizará el pago de la deuda y sus intereses e impedirá priorizar la defensa de los derechos sociales básicos de las clases trabajadoras y populares. De esta manera, obligará a darles la espalda mediante una reducción del gasto social en plena recesión. Además de constituir un grave ataque contra los derechos fundamentales de amplias capas de la ciudadanía, dicho rumbo limitará gravemente -como han anunciado incluso los economistas críticos más moderados-, la capacidad de recuperación económica y generará más recesión.
Mientras que el principal objetivo de la reforma es transmitir seguridad a los poderes económicos y financieros que se esconden tras los mal llamados mercados, sabemos a estas alturas que sus ataques contra la deuda soberana española no cesarán si con ellos pueden continuar enriqueciéndose.
2) Bajo los mandatos del PPSOE la reducción del déficit mediante el aumento de los ingresos está descartada: recortar los gastos es la opción elegida
La tendencia en el Estado español durante las últimas décadas ha sido reducir de manera espectacular la presión fiscal sobre las clases adineradas y las rentas del capital. Ello se ha visto ilustrado, entre otros ejemplos, mediante la reducción y eliminación de los impuestos de sociedades, de sucesiones, de patrimonio, etc. El gobierno español también se ha mostrado absolutamente indiferente ante la necesidad de erradicar el fraude fiscal, los paraísos fiscales y la evasión de capitales. Precisamente porque en épocas de recesión económica el déficit crece como resultado del aumento del desempleo, la respuesta no debe ser en ningún caso la disminución del apoyo público a los sectores más vulnerables y desfavorecidos, sino, al contrario, una mayor capacidad de captación de recursos para hacer frente al drama personal, familiar, laboral y social de millones de personas. Ante esto, la izquierda alternativa ha de seguir trabajando para romper el mito que presenta la creciente deuda pública como resultado del gasto social y visibilizar el papel central que tanto un sistema fiscal regresivo y absolutamente conservador, así como el rescate de múltiples entidades bancarias durante los últimos años, están teniendo en el aumento del déficit y la deuda.
3) La reforma constitucional es otro paso hacia la aniquilación del Estado del bienestar: necesitamos más, no menos gasto público
A pesar del cinismo presente en los discursos del PSOE y el PP, la reforma constitucional no tendrá como resultado salvar un de por sí exiguo Estado de bienestar, sino que será otro paso en el camino para acabar con él. Lo peor de la crisis y de las contrarreformas neoliberales está aún por llegar: presenciaremos sin duda nuevos ataques contra las pensiones, contra los subsidios contributivos y no contributivos por desempleo y, como ya está ocurriendo en Catalunya, por razones de exclusión social. Asistiremos también a nuevas privatizaciones de los servicios públicos como la sanidad o la educación o a la imposición del co-pago, etc. En definitiva, la reforma proporcionará la coartada constitucional para seguir erradicando el interés de lo público y lo social. Es absurdo y ridículo que los partidos mayoritarios argumenten lo contrario: 2-3 sigue siendo -1. Sin un incremento de los ingresos las cuentas no saldrán.
4) Contra la «tecnificación» de la ideología neoliberal: otra política económica es posible
La trampa de hacer aparecer reformas antisociales y profundamente injustas como inevitables y avaladas por la ciencia económica no es nueva. El gobierno de Zapatero ya lo hizo con la Reforma Laboral, con la Reforma de las Pensiones y con el Tijeretazo del 2010. De esta manera, el gobierno del PSOE enmascara su subordinación al poder financiero mediante explicaciones supuestamente científicas que suspenden la prueba del sentido común y la justicia social a la que debería responder cualquier gobierno que se autodenomine socialista. Como ya han expresado las compañeras de la comisión de economía de Sol, la reforma supone «constitucionalizar una ideología determinada en una carta magna, plasmar en una constitución el llamado ‘pensamiento único’ en economía». La reforma es un nuevo paso en la identificación absoluta del PSOE con los intereses y proyectos de las élites económicas, una apuesta profundamente ideológica constitucionalizada y una declaración pública de su postura ante la guerra social declarada por el capital y los gobiernos europeos a las clases populares.
5) Las formas son inadmisibles: lo llaman democracia y no lo es
El camino elegido para la reforma constitucional es profundamente antidemocrático. Es inadmisible que una norma de este calado, y que en todo caso no entraría en vigor hasta el año 2020, se modifique por un acuerdo entre dos partidos políticos con decreciente apoyo y credibilidad social, en el mes de agosto y por un procedimiento de urgencia. Esta urgencia no ha estado presente en los últimos 30 años para eliminar la constitucionalidad de la pena de muerte o someter a referéndum el carácter constitucional del derecho de los pueblos a la auto-determinación o un modelo de estado republicano. Este mismo pacto bipartidista se dio hace pocos meses cuando el PSOE y el PP modificaron de manera antidemocrática y oligárquica la ley electoral para dificultar la presentación de candidaturas extraparlamentarias como la de Equo, Izquierda Anticapitalista, Compromís u otras organizaciones.
En este sentido, apoyamos la reivindicación de someter la reforma a un referéndum. Exigir un referéndum supone librar una batalla democrática, poner límite a la arbitrariedad de los partidos mayoritarios y propiciar un debate social que únicamente puede tener efectos positivos. Sin embargo, la exigencia de un referéndum no debe ir sola como táctica de oposición. Hay que salir, como ya se está haciendo, a la calle y levantar la voz contra este golpe de Estado de los mercados con la connivencia de una parte muy importante de la clase política. Hay que seguir movilizándose para oponer resistencia, para expresar disenso y profundizar las luchas que desde el pasado mes de mayo no han dejado de crecer en el Estado español. Hay que seguir, finalmente, trabajando por una huelga general que pueda servir para incrementar la presión contra este tipo de medidas y seguir acumulando fuerzas para librar múltiples batallas contra la profundización de las medidas neoliberales que sin duda está a la vuelta de la esquina. A pesar de que las movilizaciones ciudadanas inspiradas por el movimiento 15M son sin duda un fenómeno esperanzador, el movimiento ha de ser capaz de vincular sus reivindicaciones con las de millones de trabajadoras y trabajadores que se encuentran soportando el gran peso de la crisis.