La resolución más probable con la actual correlación de posiciones interna del Tribunal Constitucional -institución de dudosa independencia con su actual formato y composición- sobre el recurso interpuesto por el PP contra el Estatut d’Autonomía, amenaza con importantes consecuencias políticas en Catalunya, y su onda expansiva afectará los cimientos del actual modelo de estado. En […]
La resolución más probable con la actual correlación de posiciones interna del Tribunal Constitucional -institución de dudosa independencia con su actual formato y composición- sobre el recurso interpuesto por el PP contra el Estatut d’Autonomía, amenaza con importantes consecuencias políticas en Catalunya, y su onda expansiva afectará los cimientos del actual modelo de estado. En cualquier caso, el desenlace de este asunto no puede esconder el hecho que tanto el proceso de elaboración, como la posterior aprobación del Estatut, dejaron meridianamente claras las fronteras que marca la «arquitectura constitucional» española, es decir, los limites hasta los que puede llegar el debate sobre el modelo territorial del Estado.
Una vez que el proyecto de nuevo Estatut -tamizado por inútiles autocensuras- fue aprobado por el Parlament de Catalunya, pasó a la siguiente etapa de su particular calvario en las Cortes Generales donde, tras sufrir una poda inmisericorde, se aprobó un texto desfigurado, con límites y carencias completamente inaceptables desde una posición democrática y de izquierdas. El derecho democrático a la autodeterminación quedó reducido a una formulación vacía que no reconoce al pueblo catalán decidir libremente su futuro. De igual forma el espíritu del articulado en lo relativo a los derechos sociales consagra un modelo económico neo-liberal que hace concesiones a la educación privada-concertada, así como a la gestión privada de otros servicios sociales, o contempla competencias autonómicas para el establecimiento de un sistema de cupo para los inmigrantes. De igual forma, se consagra la vinculación de Catalunya a estructuras supranacionales que, como la UE, abanderan el proceso dirigido a la privatización de los servicios sociales y la degradación de los derechos laborales de los trabajadores. Incluso en lo que se refiere a la principal reivindicación del autogobierno, esto es, el modelo de financiación, no se hace mención alguna a las políticas fiscales que deben regir la acción de la hacienda autonómica, en la línea de gravar a las rentas más altas para garantizar que Catalunya pueda recaudar los recursos necesarios para la financiación de los servicios sociales.
Tras su paso por el parlamento español, el nuevo Estatut ya «arreglado» y recortado fue propuesto a referéndum, siendo aprobado por una mayoría de la ciudadanía de Catalunya.
Pero a pesar de todas esas limitaciones, desde el primer momento, el Estatut ha contado con la oposición frontal de las principales fuerzas políticas españolas, especialmente del PP, pero también de un importante sector del PSOE hostil a cualquier avance que, aunque tímidamente, pueda establecer una perspectiva federal. Esta campaña se ha encubierto con todo tipo de proclamas en defensa de la «solidaridad interterritorial» y en favor de la «unidad de mercado». Pero en el fondo, el caballo de batalla de la derecha españolista y sus acólitos, aquello que realmente les preocupa por el posible precedente que pudiera establecer, es la preservación del artículo 2º de la Carta Magna que sentencia la «… indisoluble unidad de la nación española…», frente a la simbólica definición establecida en el Preámbulo del Estatut que reconoce a Catalunya como nación.
La histérica campaña desatada contra la reforma estatutaria pone de manifiesto nuevamente la psicología de la clase dominante española, incapaz de concebir si quiera la posibilidad de que se cuestione su control sobre algunos de los territorios de la península.
La eventual sentencia negativa del TC va a producirse en un contexto de grave crisis económica y social que golpea especialmente las condiciones de vida de la clase trabajadora. En Catalunya, la «Conselleria de Treball» reconoce que el paro supera la cifra de 600.000, de las cuales 260.000 perdieron su empleo en los últimos doce meses. Y esta tónica, lejos de corregirse, amenaza con profundizarse en el próximo periodo. Para darse cuenta de ello no hay más que fijarse en la sucesión de ERE’s que afectan a los cinturones industriales de las capitales catalanas, incidiendo en empresas significativas por su concentración de plantillas (Lear, Nissan, Roca…) y cuya cifra triplica los presentados en la Comunidad de Madrid. De hecho las propias estimaciones gubernamentales apuntan a que la destrucción de empleo se agravará en los meses que quedan hasta el final de 2009, y se prolongará al menos durante 2010.
Pero los efectos de esta crisis inciden también sobre otros sectores populares, incluyendo capas medias que se están viendo afectadas por la consiguiente contracción del consumo. Y las perspectivas para los próximos años distan mucho del menor optimismo: el propio FMI aplaza el inicio de recuperación de la economía en el Estado español y también de Catalunya hasta el 2015. El rápido deterioro de las condiciones de vida y trabajo genera un malestar social creciente que no encuentra, por el momento, oportunidad de expresarse con carácter masivo y general a causa de la pasividad de las direcciones de los sindicatos mayoritarios que buscan evitar a toda costa la confrontación con el Gobierno Tripartito en Catalunya y de Zapatero en Madrid. Sin embargo en un contexto de aguda crisis económica y social, una sentencia del Tribunal Constitucional que mutile o desnaturalice todavía más el nuevo Estatut d’Autonomía sería sentido como una agresión por amplias capas de la ciudadanía en Catalunya, también por sectores de la clase trabajadora, y podría provocar un punto de inflexión en la masividad y radicalidad de la respuesta social y política.
A pesar de las llamadas a la calma del PSC y de parte de sus socios de gobierno, resulta evidente que la continuidad del «Govern Tripartit» depende de la decisión del TC. Un sentencia negativa provocaría tendencias centrífugas entre los socios de gobierno, especialmente por parte de ERC, que tratará de salvarse de la quema que le auguran los últimos sondeos de proyección de voto. Por otro lado, el gobierno de la Generalitat tampoco ha hecho méritos para conservar el apoyo de los amplios sectores de la clase trabajadora y populares que en su momento le votaron. Las políticas de privatización de los servicios sociales, en especial a través de la Llei d’Educació, la autorización sistemática por el Departament de Treball de ERE’s, muchos de ellos fraudulentos, que han enviado al paro a decenas de miles de trabajadores catalanes, las actuaciones represivas lideradas por la Conselleria de Interior, encabezada por la supuesta izquierda del Tripartit… junto al reciente escándalo de corrupción en Santa Coloma de Gramanet que afecta a importantes cargos institucionales del PSC, acrecientan la desafección ciudadana hacia la clase política y debilitan la influencia del govern tripartit sobre su base social y electoral tradicional.
La gestión del «Tripartit» a lo largo de los dos mandatos, y especialmente en el periodo de la crisis económica, ha preparado el terreno para que la derecha nacionalista recupere el gobierno de Catalunya. Una derecha cuyo papel en la historia reciente ha consistido en mercadear con los legítimos sentimientos nacionales de amplias capas de la población, para defender las prebendas de su propia burguesía, extender la corrupción durante su anterior gestión de gobierno, apuntalando un modelo social completamente contrario a las aspiraciones de la clase trabajadora y los sectores oprimidos de la sociedad. De igual forma, es más que probable que irrumpan en la escena determinadas opciones políticas que, como la encabezada por el Carretero (con permiso de Joan Laporta), defienden un programa básicamente identitario que en lo social apenas se distingue del programa neoliberal que sostiene la derecha catalana tradicional.
Es tarea de la izquierda anticapitalista denunciar la imposibilidad de conseguir un reconocimiento del «derecho del pueblo catalán a decidir» dentro del actual marco constitucional. La conquista del derecho a la autodeterminación y, en concreto, la creación de un escenario donde el ejercicio de ese derecho se vea libre de toda coacción y violencia, solo será posible en base a la movilización social que subvierta las reglas del actual juego institucional. Pero en esta tarea consideramos imprescindible atraer el apoyo de amplios sectores de la clase trabajadora, para lo cual es imprescindible aunar la lucha por reivindicaciones democráticas con el combate por un avance real en materia de derechos sociales, laborales y, en último término, por la transformación del actual sistema económico. Este aspecto resulta imprescindible para vencer la propaganda del sistema dirigida a dividir artificialmente a los trabajadores en líneas nacionales, y demostrar que las legítimas aspiraciones del pueblo catalán no suponen amenaza alguna contra los trabajadores del resto del Estado.
La Asociación Socialismo XXI ante una eventual sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut d’Autonomía llama a la ciudadanía y a la clase trabajadora de Catalunya a levantar acta sobre la naturaleza de cárcel de pueblos que representa la actual Constitución y del fracaso definitivo de la vía reformista (para reformar la Constitución hay que obtener el voto favorable de dos tercios del Parlamento, cosa imposible con su actual composición y una ley electoral que prima el bipartidismo y no garantiza la proporcionalidad e igualdad de todos los votos).
En consecuencia, propone toda la ciudadanía democrática de Catalunya y del conjunto del estado español movilizarse por una Asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución radicalmente democrática que proclame la República, establezca un modelo federal de libre asociación de los pueblos que garantice el pleno ejercicio del derecho de autodeterminación, y que establezca el predominio del sector público de la economía mediante la nacionalización de la banca y de los sectores estratégicos, la preeminencia del plan sobre la lógica del mercado, el reforzamiento de los servicios públicos y su extensión a otros nuevos, la plena garantía de todos los derechos sociales, la plena ocupación y la abolición de la precariedad.
Así mismo, entendemos que la consecución de este objetivo solo será posible removiendo los intereses económicos, en contra de las estructuras del propio sistema capitalista que impiden a los pueblos decidir libremente sobre su futuro.
Ana Gabarró, Jorge Cortegana, Ivan Escofet, Antonio Gil, José Antonio González, Pedro Jiménez, Juan Montero, Miquel-Didac Piñero, Diosdado Toledano. Miembros de la Asociación Socialismo XXI
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