Durante los 26 años de gobierno del PSOE (Felipe González, 14; Rodríguez Zapatero, 8; Pedro Sánchez, 4), este partido ha mantenido vigente, sin derogar, la Ley de Secretos Oficiales franquista, de abril de 1968.
Habrá tenido sus razones particulares, supongo. Se ha consentido así que todo un largo y variado historial de hechos de indudable importancia (23-F, GAL, torturas, guerra de Irak,…), cometidos a lo largo de los últimos 54 años, hayan quedado cubiertas por el extenso y grueso manto de la impunidad.
Pues bien, tras cuatro años de negarse a tramitar distintas propuestas de reforma de la Ley de Secretos Oficiales (la última, del PNV, lleva más de 80 semanas aparcada en la Comisión correspondiente), el gobierno ha presentado un anteproyecto de esta Ley, denominada ahora de Información Clasificada. De todas formas, si tenemos en cuenta que el reciente proyecto de Ley de Memoria Democrática ha conllevado 22 meses de tramitación parlamentaria (aún queda, además, su pase por el Senado), bien pudiera ser que esta nueva ley no llegara a poder aprobarse en esta legislatura y decayese, con lo que en la próxima habría que empezar todo nuevamente desde cero.
El gobierno, zorro como pocos, ha sacado su anteproyecto a la luz solo después de lograr la aprobación en el Congreso de su proyecto de Ley de Memoria Democrática. Lo lógico hubiera sido, y así fue reclamado por varios grupos parlamentarios, que esta última hubiera recogido en su contenido la derogación expresa de la Ley de Secretos Oficiales y fijado los pilares centrales sobre los cuales regular este tema: materias susceptibles de ser clasificadas, órgano competente para acordar lo anterior y, finalmente, concreción de los plazos automáticos para su desclasificación. Pero el gobierno se negó a ello anunciando que ya estaba trabajando en un proyecto de ley especial, que es el que ahora acaba de aprobar. Se trataba así de no enseñar la patita y que se pudiera ver lo que estaba cocinando.
La razón para reclamar que este tema se incluyera en la Ley de Memoria Democrática era obvia: cuantas más materias puedan ser clasificadas y los plazos de desclasificación sean más largos, la búsqueda de la verdad se verá dificultada y, en consecuencia, la posibilidad de lograr justicia y reparación resultará afectada o, incluso, anulada. Pues bien, si ya el proyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado presenta importantes déficits a la hora de poder acceder a verdad, justicia y reparación, con este anteproyecto los tres pilares memorialistas citados sufren un nuevo golpe.
A mi modo de ver, cuatro son los principales problemas de este anteproyecto. El primero tiene que ver con las materias susceptibles de ser clasificadas, pues la casuística referida a las posibles “amenazas o perjuicios extremadamente graves para los intereses de España” que se pretenden proteger, son definidas de una forma extensa y muy genérica. Y esto es un serio problema, pues no son pocas las ocasiones en que la seguridad del Estado y los intereses de España son identificados con los propios del partido en el Gobierno. Se prevén asimismo cuatro niveles distintos de clasificación, alto secreto, secreto, confidencial y restringido, fijados éstos en función de la gravedad del daño que para los intereses de España pudiera ocasionar su conocimiento público. En resumen, se rebaña el plato de lo clasificable hasta el puro desgaste.
En segundo término, se multiplican los órganos que pueden clasificar un expediente o documentación: consejo de ministros, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, Jefes del Estado Mayor del Ejército, Armada y Aire, el Centro Nacional de Inteligencia, Departamento de Seguridad Nacional, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Delegados y Subdelegados del Gobierno, autoridades autonómicas competentes en materia policial (CAV, Catalunya)…. Es decir, varios cientos de pequeños-medianos-grandes reinos de Taifas en los que cada reyezuelo/a interpretará a su manera los intereses de España y sus peligros acechantes, blindando el acceso a sus dominios más “sensibles” a los medios de comunicación, investigadores e interesados.
En tercer lugar, los plazos previstos para la desclasificación automática son abusivos. Ni la mente más calenturienta podía haber previsto que pudieran oscilar entre los 4 y los 50 años, prorrogables estos últimos por otros 15 años más, tal como prevé el anteproyecto. Ello supone que la desclasificación de temas tales como el 23-F, la creación y crímenes del GAL, las torturas que todo lo han recorrido, etc…, podrían aún tener que esperar un par de décadas para ser conocidos. Mientras tanto es más que probable que, por ejemplo, mister “X”, capo di capi de los GAL, anciano venerable de 80 años, haya pasado a mejor vida (si esto es posible) y desde allí, como Billy el Niño, sonría complacido lleno su pecho de medallas, cosido su curriculum por todo tipo de reconocimientos democráticos y repleta su herencia de las abundantes prebendas –retribuciones en consejos de administración,…- con las que fue premiada su labor.
Por último, el anteproyecto de Ley actúa también como una prolongación de la Ley Mordaza, previendo fortísimas sanciones para quienes revelen una información clasificada, con multas que oscilan entre 50.000 y 3 millones de euros, amén de las responsabilidades penales que pudieran derivarse. En definitiva, nos encontramos ante un notorio ensanchamiento de las zonas opacas e impunes del Estado y sus sirvientes y, derivado de ello, un nuevo recorte al derecho a la información de la ciudadanía.
Y termino. Con toda seguridad, el Gobierno ya tendrá pensados también cuáles son los posibles flecos/zanahorias del anteproyecto a negociar con los grupos parlamentarios. La novedad en este paso parece ser la de que, como en el baile de la yenka, sus posibles aliados podrían ser, según se dice, sus socios habituales (muy críticos con el anteproyecto) o el propio (PP). ¡Misterio, misterio!
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