Marta Uriarte, portavoz de Stop Desahucios Bizkaia, exigió ayer a la delegada del Gobierno español en Madrid, Cristina Cifuentes (PP), que rectifique de sus acusaciones o interpondrán una querella criminal. Uriarte, junto a algunos miembros de la plataforma, acudió a la sede del PP en Bilbo para exigir ese trámite. «Diez minutos antes de nuestra […]
Marta Uriarte, portavoz de Stop Desahucios Bizkaia, exigió ayer a la delegada del Gobierno español en Madrid, Cristina Cifuentes (PP), que rectifique de sus acusaciones o interpondrán una querella criminal. Uriarte, junto a algunos miembros de la plataforma, acudió a la sede del PP en Bilbo para exigir ese trámite. «Diez minutos antes de nuestra llegada, Antonio Basagoiti, presidente del PP, se fue», lamentó. Dijo que responderán «con protestas allí donde esté el PP».
Las declaraciones de la delegada del Gobierno español en madrid, Cristina Cifuentes (PP), «criminalizando a las plataformas y a los afectados por los desahucios» han conseguido una cascada de reacciones en todo el Estado español en su contra por esta interferencia e intento de desprestigiar la labor social de los diferentes colectivos que luchan contra los desahucios. Cifuentes, a quien se conoce en Madrid por «apagar fuegos con gasolina», culpó directamente a Stop Desahucios Bizkaia porque apoyó la manifestación de Herrira del pasado 12 de enero. También la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD) condenó los intentos del Gobierno del PP de criminalizar a la PAH por su estrategia de los escraches contra los cargos públicos de este partido y de su Gobierno.
Stop Desahucios Bizkaia acudió ayer a la sede del PP en Bilbo donde entregaron un comunicado en el que instan a Cristina Cifuentes a rectificar, o presentarán una querella criminal esta próxima semana.
Marta Uriarte, portavoz de esa plataforma de afectados por los desahucios, explicó que «diez minutos antes de llegar nosotras» el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, «abandonó la sede, para no encontrarse con nosotras», precisó. La realidad es que Basagoiti se alineó con Cifuentes, dado que dijo que no sabe si las plataformas antidesahucios tienen relación con este sector, pero «la realidad» es que protestan ante las viviendas de los diputados del PP «de manera clavadita a como lo hacían los del mundo de ETA».
Stop Desahucios Bizkaia, lejos de amilanarse, afirmó ayer «que continuaremos con nuestras acciones pacíficas. No vamos a ir a las viviendas de los cargos del PP, pero sí allí donde realicen un acto público».
Uriarte recordó que «rechazan la violencia» y «pidió que quienes tienen el poder actúen para resolver los problemas reales de los ciudadanos, que han visto como se vulneran sus derechos como consumidores y usuarios».
Incumplimiento
La portavoz de este colectivo de afectados denunció a las puertas de la sede del PP que estas actuaciones «obedecen a un intento de desviar el foco de atención ante la sentencia del Tribunal de Luxemburgo». Con estas declaraciones, según dijo, «se podría llegar a interpretar que no existe voluntad de aplicar la sentencia de forma inmediata, a pesar de ser de obligado cumplimiento». Poco después, Marta Uriarte leyó el comunicado de Herrira. Este colectivo en defensa de los derechos de los prisioneros explicó que «quiere mostrar su respaldo y solidaridad hacia Stop Desahucios Bizkaia, que está sufrimiento una intensa criminalización por haber apoyado la movilización en favor de los derechos humanos de las presos y presos políticos vascos. De rebote, los ataques se han dirigido también a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y su portavoz Ada Colau, que ha llegado a recibir amenazas de muerte».
En palabras de Uriarte, que leyó el comunicado, «pedir el final de la dispersión, la derogación de la doctrina 197/2006 o la libertad de los presos gravemente enfermos no es un delito, sino la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca y una cuestión de mero respeto a los derechos humanos. El delito, más bien, está en mantener unas medidas de excepción que se están cobrando vidas humanas y son fuente inagotable de sufrimiento».
Termina el comunicado de Herrira indicando que «de esta forma, creemos que la lucha contra los desahucios significa defender los derechos humanos de las personas más desprotegidas. Por ello, mostramos nuestro apoyo a Stop Desahucios, la PAH y a todas las personas afectadas por esta lacra social».
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Nafarroa consideró, por su parte, que la estrategia de Cristina Cifuentes «diciendo que este grupo apoya a los grupos proetarras suponen un intento tonto y estúpido de desprestigiarnos». Iñaki Aguirre, asesor jurídico de esa plataforma, aseguró que «esas declaraciones desprestigian a Cifuentes».
En Bilbo, el colectivo PAH Bizkaia Kaleratzerik Ez se acercó al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para exigir que se paralicen los desahucios que están en proceso de tramitación, que en Hego Euskal Herria superan en los dos primeros meses de este año los 3.587 trámites. Begoña Barrutia, portavoz de este colectivo, explicó que ante la decisión del Tribunal de Estrasburgo «lo que hemos pedido es que se aplique la legislación y se paren todos los procedimientos que se han llevado adelante, incluso desde 1993, que es cuando el Estado español tendría que haber adaptado la ley». En realidad había dos años para ese proceso, por lo que tendrían que contar desde 1995. Desde entonces se han producido, según Barrutia, 550.000 desahucios en el Estado español.
En Donostia, ocho afectados por procedimientos de ejecución hipotecaria registraron en los juzgados sendos escritos en los que piden la nulidad de las actuaciones que tramitan, con el argumento de que se basan en una legislación que «infringe la normativa comunitaria».
La presión social obliga a aplazar un desahucio en Gasteiz
La presión social permitió ayer aplazar una subasta extrajudicial por un desahucio previsto en Gasteiz. La familia afectada seguirá viviendo en su piso hasta que se resuelva este caso en los tribunales. El apoyo dado por la asociación Kaleratzeak Stop Araba a Orlando Romero, que actualmente está en paro, así como a su mujer y sus dos hijas, ha permitido que el notario que iba a subastar extrajudicialmente su vivienda haya decidido suspenderla. Aimar Sáenz de Buruaga, portavoz del colectivo, explicó que con esta decisión, «se retrasará bastante el desahucio, ya que ahora se abre la vía judicial».
Bildu Gasteiz se sumó a las protestas y apeló a la presión ciudadana para frenar el desahucio, como ayer se consiguió. A la vez, reclamó al Ayuntamiento que cancelase el crédito que tiene con Banesto y su cuenta si hay una ejecución de desahucio. De momento, esta situación no se ha producido.
Stop Desahucios Araba mostró su satisfacción «momentánea», ya que aún no se ha solucionado el problema y se trata de un aplazamiento de la subasta notarial de esta vivienda ubicada en la calle Errekatxiki del barrio de Judimendi, no de una suspensión.
El afectado, de 56 años y nacionalidad ecuatoriana, que lleva viviendo en Gasteiz nueve años, reclama que Banesto se quede con el piso que no puede pagar desde hace un año, pero que no le exija más dinero. Orlando Romero ha explicado que, tras haber pagado ya más de 160.000 euros durante siete años, la deuda aún asciende a 190.000 euros. Su temor es que si se subasta el piso y se entrega a un nuevo propietario, el banco siga reclamándole esa deuda, de ahí que reclame la dación en pago. Para apoyar la causa de este hombre, más de un centenar de personas convocadas por Kaleratzeak Stop Araba se concentró ayer frente a la notaría donde se iba a efectuar la subasta y corearon consignas como «Ley hipotecaria, ilegal», «Este desahucio lo vamos a parar» o «El próximo desahuciado, que sea diputado».
Los concentrados permanecieron durante más de una hora en el lugar, hasta que Romero salió de la notaría y anunció que se suspendía temporalmente la subasta extrajudicial.
Bildu del Ayuntamiento de Gasteiz animó a los ciudadanos a ejercer la presión ciudadana para detener el desahucio, como ayer se demostró y consiguió. No obstante, señaló, según una moción aprobada en el Consistorio, el Gobierno municipal del PP «deberá cancelar el crédito y la cuenta que le une a la entidad si se confirma la ejecución». De momento, no se ha producido el desalojo, por lo que no se llevará adelante este proceso. Sin embargo, EH Bildu explicó que el pleno municipal aprobó en noviembre pasado que «se revisen las relaciones económicas, institucionales y de colaboración con cada una de las entidades financieras que llevaran a cabo desahucios, llegando incluso a la retirada de los fondos municipales. Vale para todos».