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Apagar el oligopolio eléctrico en el Estado español

Fuentes: El salto
Eduardo Luzzatti

El sector eléctrico sigue dominado por un puñado de grandes empresas lo suficientemente poderosas como para imponer sus intereses y obstaculizar la transición energética. Los movimientos contra la pobreza energética y las cooperativas verdes muestran un camino hacia una mayor democracia energética, pero también se necesita un tercer pilar: la remunicipalización de las redes eléctricas.

El Estado español es un ejemplo paradigmático de cómo las empresas privadas pueden constituirse en un auténtico cartel y controlar un sector estratégico como el de la energía eléctrica, mientras perpetúan un modelo fósil y nuclear y aseguran beneficios millonarios a través de unas facturas eléctricas abusivas.

Disputar la hegemonía al oligopolio eléctrico (Endesa, Naturgy —antes Gas Natural Fenosa—, Hidrocantábrico, Iberdrola y Viesgo) en el Estado es palabra mayúscula, pero diferentes propuestas desde la sociedad civil empiezan a ganar terreno y cuestionan su omnipresente poder. De ahí que el presente artículo pretenda explicar cómo se entrelazan las propuestas de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Xarxa per la sobirania energètica (Xse) y las cooperativas eléctricas verdes, en términos de construcción de contrapoder en el sector eléctrico del Estado español.

Quizás, para empezar, hace falta aclarar que tiene de particular el poder eléctrico corporativo en el Estado español respecto a otros países europeos ¿Es mayor el poder que tienen las empresas privadas españolas que las alemanas o las francesas? Ciertamente, sí. Y es importante entender que la situación actual viene de un proceso histórico en el cual las empresas privadas siempre han tenido un rol central forjado en los inicios de la electrificación. A pesar de que los años treinta del siglo pasado habían abrieron paso en toda Europa a tesis favorables a la nacionalización del sector eléctrico, especialmente con el interés de ejecutar grandes obras públicas que pudieran reactivar la economía y generar trabajo después del crack del 29, en el Estado español la iniciativa del sector eléctrico fue principalmente privada. La creación de la Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (ENDESA), en 1944, y de la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER), en 1949, fueron las únicas herramientas del régimen franquista para mantener cierto control. Sin embargo, en los años ochenta empezaron las privatizaciones y desaparecieron estas grandes empresas públicas eléctricas.

Esto, sin duda, imprime carácter. Su control cuasi centenario le ha permitido no solamente influir, sino coescribir leyes del sector, ignorar leyes autonómicas contra la pobreza energética, contratar a políticos de primera línea, manipular el mercado, presionar a las empresas subcontratadas y un largo etcétera de prácticas fraudulentas. Por tanto, hay que tomar consciencia de que cualquier tipo de propuesta de transformación del sector que no quiera quedarse en los márgenes se va a topar con la “iglesia”: el oligopolio eléctrico. Y enfrentar el poder corporativo es verdaderamente complicado. Sin embargo, en los últimos años han surgido experiencias muy resaltables que van horadando su fortificado poder. Quizás una de las más destacadas por su resultado es la aprobación por unanimidad de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética en el Parlament de Catalunya. Este pequeño, asombroso y celebrado milagro surgió del impulso de una iniciativa legislativa popular por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). Ambas son consecuencia directa de los estragos de la crisis económica y han conseguido organizar personas afectadas por los créditos hipotecarios y por las facturas de servicios básicos, en un momento de incremento vertiginoso del desempleo y de caída de los ingresos de las familias.

El componente de pobreza energética de la Ley 24/2015 contemplaba un principio muy sencillo: el principio de precaución. Las empresas eléctricas no podían cortar el suministro a sus clientes sin antes comprobar su situación económica en servicios sociales, una especie de presunción de inocencia de los impagos: “la gente no paga porque no puede pagar. Si no es así, demuéstralo”. Cabe decir que en ese momento el azote de la crisis económico-financiera de 2008 disparó las cifras de pobreza energética en el Estado tanto por el incremento exponencial del desempleo —con un pico del 27 por ciento en 2013 y cuasi un 60 por ciento para las jóvenes— como por el incremento desaforado del precio de la energía eléctrica que la situaba entre las energías eléctricas más caras de Europa. La ley 24/2015 ha conseguido frenar los cortes de servicios básicos y ha sido el instrumento perfecto para poner en evidencia las prácticas corporativas de las empresas. Su reacción inicial fue ignorarla —por ser ésta autonómica—, luego cumplirla parcialmente y, en estos momentos, amenazar con cartas a los ayuntamientos presionándolos para compartir el pago de la deuda acumulada o en su defecto cortar el suministro de las personas que no hayan pagado. Este frente de pugna directa y de tutela de derechos básicos se complementa con las propuestas para crear alternativas que desplacen a las empresas del oligopolio de la centralidad en el sistema eléctrico. Claramente, las cooperativas verdes son la parte más visible de esas alternativas.

Paradójicamente, la mayoría de cooperativas verdes surgen gracias a la liberalización del sector eléctrico y la división de éste en cuatro actividades básicas: comercialización, distribución, transporte y generación. Aunque algunas de ellas tienen proyectos de generación, su trabajo principal se centra en la comercialización, una actividad exclusivamente de mercado: compran energía en el mercado y la venden a sus clientes. De hecho, en 2011 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia registraba poco más de 100 comercializadoras y en septiembre de 2019 la cifra llegaba a las 558 en el Estado. Sin embargo, ello no es garantía de nada. Lo destacable de las cooperativas verdes para el tema que nos ocupa es la cantidad de personas que, “energéticamente hablando”, se han alfabetizado bajo ese paraguas y participan activamente en la toma de decisiones, la dirección y el rumbo de las cooperativas. Ese nuevo grupo de militantes por y para la transición energética conocen de buena mano las artimañas corporativas, las critican, las denuncian y piden a la población que abandone el oligopolio y se pase a las cooperativas. Este “departamento comercial voluntario”, que sería la envidia de cualquier Business School, ha conseguido multiplicar el número de personas socias de manera fulgurante. Som Energia, la cooperativa más exitosa del Estado en número de personas socias y contratos, tenía 12.000 en 2013 y 60.000 en septiembre de 2019 y, en consecuencia, las personas trabajadoras han pasado de 12 a 73 en estos años.

Además de esta iniciativa, actualmente existen más de 10 proyectos con una filosofía parecida entre las que se encuentran Noxa Enerxía, LaCorriente, Megara Energia, GoiEner, La Solar, AstuEnerxía y EnergÉtica. Es importante destacar de estas experiencias que el número de personas que experimentan y ejercen la democracia energética aumenta, y ese es el valor político más tangible de la actividad de las cooperativas: muchísimas personas interesadas en transformar el mundo de la energía desde abajo. En el caso de Som Energia, además, los valores de la cooperativa han ido más allá del sector eléctrico y se han convertido en una “marca” que ha contagiado a otros proyectos. Por ejemplo, Som Mobilitat, una cooperativa dedicada a la movilidad eléctrica tiene un sistema de participación y gobierno muy parecido al de Som Energia; Som Connexió actúa en el mundo de las telecomunicaciones, y Som Biomassa, que se creó recientemente para la producción local de pellets en los Pirineos.

Sin duda, este efecto contagio es otro de los éxitos del modelo: las cooperativas devienen instrumentos democratizadores que consiguen generar confianza entre un sector creciente de la población harto del trato y abuso de las grandes empresas. Otro tema ciertamente relevante es que, pese a que podamos poner en valor la generación de masa crítica democratizadora, las empresas del oligopolio no parecen demasiado preocupadas por la penetración de esta ola renovadora. Como decíamos anteriormente, en el Estado hay 588 comercializadoras y el lucrativo negocio de las grandes empresas continúa ¿Por qué? Porque el margen de beneficio en la comercialización suele ser muy pequeño, del 3 al 5 por ciento, y no supone tener el control estratégico del sector. La generación y la distribución son mucho más lucrativas y, en términos estratégicos, la distribución eléctrica tendrá gran importancia en el presente y futuro de la transición energética. La distribución es la actividad del sistema eléctrico que comprende el cableado que discurre por el subsuelo y las fachadas de las casas, en nuestros pueblos y ciudades, hasta el contador. Tiene un papel fundamental en la generación eléctrica distribuida renovable (y lo tendrá aún más en un futuro de mayor electrificación, de movilidad eléctrica, de autoconsumo, y de gestión de los datos de los contadores inteligentes Smart Meters) porque son las distribuidoras quienes conceden la conexión a la red (una actividad controlada en un 98 por ciento por el oligopolio), y porque son ellas las que, en última instancia, realizan el corte de suministro. Pero quizás lo más relevante es que la distribución eléctrica es una actividad regulada. Ello significa que las empresas distribuidoras saben a principio de cada año, vía Boletín del Estado, los ingresos que recibirán por cada una de las operaciones de renovación, mantenimiento y ampliación de las redes. Es decir, las empresas saben por anticipado cuanto van a ganar y suelen minimizar los gastos para maximizar las ganancias con prácticas abusivas sobre las personas trabajadoras, en su gran mayoría empresas subcontratadas, y sobre sus clientes. Asimismo, son especialmente beligerantes ante cualquier asignación de responsabilidad respecto a la pobreza energética.

Por otro lado, las empresas del oligopolio también saben que la distribución va a jugar un papel clave en la transición energética y eso significa poder y lucro. Curiosamente, pese a ser actores del capitalismo global y precursoras de la privatización y del libre mercado, se sienten muy cómodas con una actividad regulada por el Estado, muy bien remunerada, y que ofrece estabilidad en sus balances anuales. En resumen, tener el control de la distribución es tener el joystick de la generación eléctrica distribuida y de la relocalización de la energía. De ahí que la Xarxa per la sobirania energètica (Xse), un frente político de transformación de la energía creado en 2013 en Catalunya (integrado por organizaciones, colectivos y cooperativas verdes), ha planteado la necesidad de recuperar la propiedad y gestión de las redes de distribución remunicipalizando la actividad. De hecho, la ciudad de Cádiz tiene su propia distribuidora (55 por ciento de propiedad municipal) y también pueblos como Centelles y Almenar en Catalunya, además de las cooperativas locales de Crivillent, Alginet y otras muchas en el País Valencià. A todo esto, los debates técnico-jurídicos sobre la remunicipalización se dan de bruces con un marco legal del Estado español que cierra con candado las posibilidades de recuperar la distribución.

La Xse ha organizado diversos debates en el ámbito local e internacional y ha realizado un estudio con posibilidades legales y legítimas para emprender el camino de la remunicipalización, pero los esfuerzos en materia energética de las diferentes “Ciudades del Cambio”, —las candidaturas transformadoras y rupturistas que irrumpieron en el panorama municipal español en 2015, entre las que se encuentra Barcelona en Comú de Ada Colau en Barcelona—, no estaban enfocados en la recuperación de las redes de distribución. Independientemente de ello, sigue siendo de suma importancia abrir el camino para arrebatar los activos físicos del sistema eléctrico al oligopolio. Estos tres ejemplos, —la Alianza contra la Pobreza Energética y la ley 24/2015, las cooperativas verdes y la creación de masa crítica democratizadora, y la remunicipalización de la distribución de la Xse—, constituyen un conjunto de propuestas que, directa o indirectamente, restan poder a las grandes empresas. Ya sea desde el activismo de subsistencia que practica la APE con la defensa de derechos básicos de personas empobrecidas, o desde el activismo de proyecto emancipador, de las cooperativas y la Xse, estos frentes de lucha y muchos otros marcan un camino de largo plazo para desmantelar el poder corporativo en el sector eléctrico del Estado español. Otra cosa es la voluntad política de las instituciones; las puertas giratorias hacen mella en la separación de poderes. Esas voluntades inducidas se transforman con una mayoría social que presione desde la incidencia política, pero que vaya más allá. Ello requiere establecer alianzas con otros sectores y otros actores; construir una movilización coordinada que reclame los sectores básicos y estratégicos en manos de alianzas público-comunitarias. Lo público no es garantía de nada. Lo comunitario puede ser garantía de todo.

Alfons Pérez, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG).

La serie de artículos Ciudades VS Multinacionales es una publicación de ENCO – Red Europea de Observatorios de Transnacionales, una red de organizaciones europeas de la sociedad civil y de medios, dedicadas a investigar corporaciones transnacionales y el poder corporativo. La publicación ha sido coordinada por Corporate Europe Observatory (CEO), Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatoire des multinationales y Transnational Institute (TNI). “La colección completa de artículos esta disponible para descarga en el nº20 de Passerelle, publicado por Ritimo», y en los espacios web de ENCO.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/ciudades-vs-multinacionales/oligopolio-electrico-estado

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