La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presenta el informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021’, en el que responsabiliza de la cifra de más de 1.700 pérdidas humanas a las políticas migratorias de la Unión Europea y el Gobierno de España.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado hoy lunes, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial conmemorado ayer domingo 21 de marzo, su informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021’, en el que denuncia que 1.717 personas han perdido la vida intentado llegar a España durante el pasado año, la cifra más alta desde que existen registros.
El informe ha sido publicado un día después de la conmoción sufrida por la muerte de una niña de Mali de dos años, tras pasar casi una semana en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, ingresada con una grave hipotermia y después de sufrir una parada cardiorrespiratoria, tras su rescate de la patera donde intentaba llegar a Canarias junto con 52 personas más, entre ellas 9 niños. Esta niña es la víctima número 19 de la ruta de migración canaria en lo que va de año, y los mensajes de los principales representantes políticos lamentado el fallecimiento de la niña migrante en sus respectivas cuentas de Twitter han avivado el debate sobre la idoneidad de las políticas migratorias del Gobierno español.
De hecho, APDHA asegura que estas muertes “son el tributo debido a políticas migratorias criminales de la que son responsables tanto la Unión Europea como el Gobierno de España” y cifran en un 29% el incremento de las personas que —en 2020 y respecto a 2019— lograron acceder a territorio seguro a través de nuestra frontera (41.861 personas).
El informe indica que el incremento de llegadas a Canarias en 2020 ha sido de un 756% y “la respuesta del Gobierno ha sido de manual represivo y antihumanitario: miles de personas encerradas en condiciones inhumanas, con falta absoluta de garantías de respeto de los derechos humanos; miles de personas durmiendo al aire libre y a ras del suelo en los puertos; insuficiente asistencia legal, madres separadas de sus hijos, cuarentenas eternas, condiciones insalubres o hacinamiento”.
También se evidencia la absoluta falta de recursos destinados a la acogida por parte de este Gobierno y comparan la situación actual con la de 2018 en Cádiz. “Destacamos el desvío de rutas, en Canarias se está viviendo ahora una situación casi idéntica a la de Cádiz y se están volviendo a producir las mismas vulneraciones de derechos humanos, pero todavía más flagrantes; no se trata de algo coyuntural sino estructural que revierte en el conjunto de la sociedad”, asegura Ana Rosado, del área de Migraciones de APDHA, en declaraciones a El Salto Andalucía.
Ana Rosado lamenta que “el Gobierno de coalición, que parecía más sensible con este tema, haya decidido abandonar cualquier proyecto de vías legales y seguras, algo que se encontraba en su acuerdo de gobierno, y ha optado por la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes, como han hecho anteriores gobiernos del Partido Popular. Con el contexto legislativo que tenemos, lo único que hacen es favorecer la existencia de mafias que siguen traficando con personas”.
Recursos económicos para expulsar y no para solucionar
La entidad pone de manifiesto la volatilidad de los planes diseñados por el Gobierno para conseguir reducir la llegada de personas migrantes, con consecuencias tremendas en cuanto al coste de vidas humanas, y cuestiona las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea, cuyo único objetivo, según APDHA, es el control y rechazo de migrantes en la Frontera Sur. Un ejemplo significativo de esta afirmación es que todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar la llegada o expulsar a las personas que, jugándose la vida, intentan llegar a al Estado español por la Frontera Sur, “a pesar de que curiosamente suponen tan solo el 4,3% del total de las personas que entran en España”, explican.
Entre estos “ingentes recursos”, enumeran la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) — cuyo coste supera ampliamente los 300 millones de euros—, los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), los centros de detención llamados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) repartidos por toda Andalucía, los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Ceuta y Melilla, las vallas en ambas ciudades que constituyen el “verdadero pozo sin fondo de los recursos del Estado” y el despliegue de patrulleras o de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas).
Sobre los centros de internamiento, Ana Rosado asegura que “está comprobado que los CIE no sirven para nada y los CATE, al contrario de lo que dicen, no forman parte de un sistema de acogida al migrante”. Además, declara que a organizaciones como APDHA les ha sido denegada la entrada: “España no tiene un sistema de acogida donde se informa al migrante de sus derechos en un idioma que entienda, sino que se les extiende un documento que firman sin comprender qué están firmando su propia orden de expulsión. Porque esto es lo que tiene España: un sistema de detección, identificación y expulsión”.
APDHA plantea que, para abordar democrática y humanamente los desplazamientos de personas en el contexto global, son imprescindibles las políticas de acogida digna y el establecimiento de vías legales y seguras, como único camino para evitar que miles de personas pierdan la vida. Además, consideran de vital importancia seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos a las que se somete a las personas que intentan migrar, desde el origen, el trayecto y la llegada a las puertas de Europa. Por ello, la organización ha lanzado un crowdfunding para financiar el informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur’ del próximo año, un trabajo que llevan realizando 20 años y que incluye el análisis de los flujos, de las políticas migratorias y, entre otros muchos aspectos, un trabajo de recuento del número de personas que mueren o desaparecen en su intento de aspirar a una vida mejor.
Migración y pandemia
Para la organización, las migraciones son consustanciales a la historia de la humanidad y actualmente hunden sus raíces en las grandes fracturas que atraviesan el planeta. Fracturas entre el Norte y el Sur global, fracturas provocadas por las emergencias climáticas, las guerras interminables, la esquilmación de los recursos naturales por los países del Norte global y, este año, la fractura de la pandemia de la covid-19. “Tratar de contenerlas a base de represión, militarización y criminalización, como intenta reiteradamente la UE y este Gobierno, es un objetivo condenado al fracaso”, aseguran desde la APDHA.
Ana Rosado nos explica que la cooperación al desarrollo del Gobierno no puede estar condicionada únicamente al control migratorio: “La política exterior no puede establecerse a golpe de reunión con los presidentes de los gobiernos de turno de Mali, Senegal, Marruecos o Mauritania en momentos de picos de llegada para que los controlen”. Para APDHA es fundamental que, por ejemplo, cuando España establece acuerdos con Marruecos, se les exija que invierta un porcentaje del PIB en atención social, educación, sanidad y que esos acuerdos establezcan unas vías legales y seguras en todos los casos migratorios “y no solo para explotar los cuerpos de las mujeres como con las temporeras”. Insiste en que “se necesita un cambio de enfoque en la explotación laboral y los acuerdos económicos”.
En APDHA analizan que, si en un primer momento la pandemia ralentizó los flujos migratorios, finalmente ha espoleado el efecto huida de miles de jóvenes del Sahel, Sáhara, Marruecos o Argelia. Han comprobado cómo trabajadores del sector turístico, pescadores y trabajadores precarios con las medidas anti-covid se han quedado sin ningún recurso y optan por intentar cruzar el Atlántico para migrar, o facilitar el tránsito migrante con sus embarcaciones. Ponen también de relevancia que muchas personas huyen de situaciones políticas complicadas, como la de Guinea, que va a celebrar elecciones por tercera vez en un año, o la de Mali, donde se producen atentados terroristas con muchísima frecuencia. “A pesar de todas las restricciones, la gente lo va a seguir intentando, es como ponerle puertas al campo”, concluye Ana Rosado.