Arrancan dos programas especiales para Defensa, financiados por el Ministerio de Industria con fondos de I+D: la próxima fragata para la Armada y el blindado medio de ruedas 8×8 para el Ejército de Tierra. La inversión triplica las previsiones. El Consejo de Ministros del pasado viernes 19 de junio ha aprobado dos nuevos programas de […]
Arrancan dos programas especiales para Defensa, financiados por el Ministerio de Industria con fondos de I+D: la próxima fragata para la Armada y el blindado medio de ruedas 8×8 para el Ejército de Tierra. La inversión triplica las previsiones.
El Consejo de Ministros del pasado viernes 19 de junio ha aprobado dos nuevos programas de armamento, muy esperados tanto por las Fuerzas Armadas como por la industria. Se trata de la nueva fragata F100 para la Armada, que supone un balón de oxígeno para los astilleros públicos Navantia; y el blindado medio de ruedas 8×8 que debe sustituir a los veteranos BMR con que cuenta el Ejército de Tierra. El acuerdo del Gobierno tiene también una sorpresa: el presupuesto inicial de estos programas se triplica, pasando de 78 millones de euros que tenía como previsión Defensa a comienzos de año hasta 263 millones aprobados este viernes.
En los presupuestos del Ministerio de Defensa para este 2015 figuraban una primera inversión para arrancar dos programas, el futuro vehículo terrestre 8×8, con 41 millones de euros, que se eleva ahora hasta 89 millones; y los primeros proyectos de I+D de la futura fragata F-110 para la Armada con 37 millones, que suben hasta 174 millones. Lo anterior se une a una partida de 161 millones de euros del Ministerio de Industria para prefinanciar el desarrollo de nuevos Buques de Acción Marítima.
El acuerdo del pasado viernes modifica los límites establecidos en el Acuerdo del 18 de julio de 2014 para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa la reprogramación de las anualidades de los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas, como consecuencia de dos nuevos programas tecnológicos de I+D para la Fragata F-110 y para el Vehículo de Combate sobre Ruedas VCR 8×8, así como por la reasignación de anualidades del programa relativo al Helicóptero NH-90. «Los citados Programas Especiales tienen unas características de financiación particulares que suponen la realización de continuas adaptaciones durante su desarrollo», argumenta el Gobierno. En la actualidad, se van a iniciar dos nuevos Programas Especiales (Fragatas F-110 y VCR 8×8) y se reajustan los importes de las anualidades del programa de Helicópteros NH-90, que implican variaciones en las cuantías de los compromisos autorizados por el Consejo de Ministros en el año 2014.
Nueva fragata de Navantia para la Armada «El proceso de instrucción de una fragata es largo y complejo», señala la nota de Moncloa, con una duración estimada de diez años desde su concepción inicial hasta la construcción del primer buque, estimándose una vida operativa de 35 años. «Este largo ciclo de vida obliga a incorporar nuevas tecnologías en sus sistemas para evitar obsolescencias tempranas», añade.
Se propone la realización, vía I+D, de una serie de prototipos tecnológicos que permitan incorporar nuevos sistemas y equipos de origen nacional en futuras plataformas con un grado de madurez técnica adecuado. Para este programa se prevén unas necesidades de financiación de 174.364.424 euros, IVA incluido, cuyo pago se realizará por parte del Ministerio de Defensa en el año 2021. Hasta esa fecha financia el Ministerio de Industria. La Armada tiene entre sus previsiones adquirir cinco unidades de la nueva serie de fragatas F-110 para sustituir a las fragatas clase «Santa María» denominadas F-80, seis buques construidos a mitad de la década de los 80 estacionados en la base naval de Rota (Cádiz).
Vehículos de combate sobre ruedas VCR 8×8 Como paso previo a la adquisición de las plataformas que compondrán la familia de vehículos blindados 8×8, se ha previsto iniciar la ejecución de un conjunto de programas tecnológicos para analizar la viabilidad de las nuevas tecnologías, incorporar las capacidades estratégicas de la industria nacional y alcanzar el grado de madurez necesario para posibilitar su integración en la plataforma VCR 8×8. El VCR 8×8 es un sistema de combate clave que permitirá dotar a las Brigadas Orgánicas Polivalentes del Ejército de Tierra de la capacidad de adaptarse rápidamente a cualquier escenario de actuación futuro. Este vehículo de combate debe proporcionar a las unidades la potencia de fuego, movilidad, protección y proyección necesarios para todo tipo de escenarios, ya sea de alta, media o baja intensidad. Cuando entren en servicio sustituirán a los blindados actuales BMR y Vamtac. La valoración económica de estos programas tecnológicos se eleva a 89.298.000 euros y será financiada por el Ministerio de Defensa en el año 2018. El Gobierno añade que en el caso del programa del Helicóptero NH-90, en el ejercicio 2015 se ha puesto de manifiesto una menor necesidad por importe de 29.608.847 euros, que es necesario reprogramar al año 2018, manteniendo el coste total del programa.
Bruselas avisa de sanciones por los contratos de Defensa Por otra parte, la Comisión Europea ha amenazado con la posibilidad de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) si el Ministerio de Defensa que dirige Pedro Morenés no garantiza en un plazo de dos meses el cumplimiento de las normas sobre contratación pública.
Bruselas acusa al ministerio español de haber favorecido a determinadas compañías a la hora de adquirir artículos de vestimenta por valor de 190 millones de euros, incluidos uniformes para el Ejército, al haberles facilitado información de antemano para preparar las licitaciones antes de su publicación oficial.
También cuestiona la orden administrativa interna adoptada por el Ministerio de Defensa que permite la adquisición de determinados artículos, tales como uniformes, sin necesidad de aplicar la directiva europea sobre contratación pública 2004/18/EC.
El Ejecutivo comunitario envió el pasado jueves jueves a las autoridades españoles un dictamen motivado –el segundo paso de un procedimiento de infracción y último antes de llevar a un país ante la justicia europea-– y le ha dado un plazo de dos meses para notificarle las medidas para cumplir las normas de contratación pública de manera transparente, eficaz y profesional.
Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
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