El «modelo canónico de la transición a la democracia» ha tenido un largo y duradero impacto en la conformación del discurso institucional de nuestro pasado más reciente. Sacralizada e inmortalizada como ejemplo modélico a seguir, comienza a ser necesario despojar a la transición del heroísmo, no exento de dramatismo, que la ha acompañado. Más allá […]
El «modelo canónico de la transición a la democracia» ha tenido un largo y duradero impacto en la conformación del discurso institucional de nuestro pasado más reciente. Sacralizada e inmortalizada como ejemplo modélico a seguir, comienza a ser necesario despojar a la transición del heroísmo, no exento de dramatismo, que la ha acompañado.
Más allá del cuestionamiento de los silencios, de los miedos y de los personalismos que protagonizaron este periodo, y que se proyectan sobre nuestro presente en forma de défitic democráticos, una visión global y crítica sobre la transición nos puede aportar muchas de las claves en torno a los debates sobre la definición de la estrategia política del PCE, que de manera cíclica, y sin prácticamente debate, salen a relucir. Nos referimos, pues, a los costes políticos que tuvieron dos decisiones claves en el ecuador de la transición, es decir, el año 1977: la legalización del Partido Comunista de España, y la posición de éste en los Pactos de la Moncloa. Aunque ambas cuestiones son sobradamente conocidas en sus contenidos y posicionamientos principales, conviene, de cara afrontar la Historia reciente del PCE de forma rigurosa, interrogarse sobre los costes de muchas de las decisiones que se tomaron en aquel año, y que pesarían sobremanera en la posterior evolución del Partido.
El 9 de abril de 1977 en una maniobra previamente pactada entre el Secretario General del PCE -Santiago Carrillo- y el Presidente del Gobierno -Adolfo Suárez- se procedía a la legalización del Partido Comunista de España, tras casi cuarenta años de clandestinidad, persecución y represión. Si aquella fue una decisión inevitable en el proceso de reforma (lejos por tanto de la interpretación de una cesión voluntariosa del Gobierno), otra cuestión muy diferente, que es las que nos interesa destacar aquí, serían los efectos a largo plazo en la estrategia comunista que tuvieron las decisiones tomadas por el PCE en los siguientes días. Junto al ruido de sables, ejemplificado en la dimisión del Ministro de Marina -Pita de Veiga-, y la presión de los poderes fácticos -todos ellos ampliamente relatados por sus protagonistas-, que situarían el proceso de reforma en uno de sus momentos más críticos; lo que a día de hoy seguimos desconociendo es si las decisiones de la reunión del Comité Central del PCE celebrado cinco días después en Madrid (un 14 de abril), en donde se aceptaría la bandera rojigualda y la monarquía, se encontraban dentro de los pactos previos entre Carrillo y Suárez; o como nos han venido contando buena parte de los cronistas de la corte, aquello fue una decisión del momento. No es baladí interrogarse en torno a esta cuestión, dadas las consecuencias que aquella polémica decisión tuvo en la vida del Partido en adelante. De hecho, el examen histórico que se pueda llevar a cabo sobre el ex -Secretario General del PCE en ese momento concreto, depende, en gran medida, de conocer dónde, cuándo, cómo y en qué circunstancias se elaboraron los acuerdos. Y en esta labor, el sempiterno silencio guardado en torno a las decisiones claves por parte del propio Carrillo ha ayudado poco a dicha clarificación.
Lo cierto es que a partir de ese momento se produciría un aceleramientos de los tiempos políticos, y en donde el PCE comandado por Carrillo en una estrategia de permanente adaptación a las circunstancias y a los hechos, transformaría frontalmente toda la política del PCE-antifranquista. Invalidada la ruptura democrática, y ante el serio riesgo de quedar aislado y marginado antes de las elecciones de 1977, se transitaría del proyecto de la ruptura pactada, con el IX Congreso del Partido en 1978 de por medio, a la política de concentración democrática, quedando para el recuerdo la política de reconciliación nacional. Espectacular recorrido en menos de un año, que se había iniciado en enero con la demostración de serenidad y madurez del PCE manifestada ante los asesinatos de los abogados de Atocha; en junio con la difícil asimilación (no exenta de un exceso de voluntarismo) de unos resultados electorales en las elecciones generales, que no se aproximaban ni al esfuerzo realizado por el Partido en la lucha antifranquista, ni a las esperanzas depositadas en la construcción del proyecto eurocomunista; y que terminaría en octubre de ese mismo año con un ferviente apoyo de los Pactos de la Moncloa, como ninguna otra fuerza política otorgaría, a excepción del propio Suárez. Decisión ésta en donde primó en el cálculo de costes y beneficios (aislar a un renacido Partido Socialista, y ser protagonista de los entresijos de las reformas políticas ante la imposibilidad de un Gobierno de concentración nacional) intereses cortoplacistas en pos de un reforzamiento interno del Partido cuando no pocos sectores comenzaban a demandarlo. Así pues la legalización del PCE en ese sábado de aquella Semana Santa, abriría un nuevo periodo en la historia del Partido, caracterizado por una larga crisis hasta la creación de Izquierda Unida.
Los costes políticos para la estrategia comunista derivados de las decisiones de 1977 y 1978 -precisamente en el momento de refundación del sistema político y reestructuración del modelo económico del capitalismo español- resultaron a la postre decisivas para mostrar, primero, la inviabilidad tanto electoral como estratégica del proyecto del eurocomunismo; segundo, el personalismo y dirigismo del Carrillo -hoy día constituido en un icono consagrado del discurso institucional de la transición- mostraron, al mismo tiempo, las grandezas y miserias de un Partido Comunista, siempre mediatizado por el eterno debate entre revolución o reforma. Triunfante la segunda de las posturas, las costes políticos (y electorales) de aquellas decisiones, tras el paréntesis de las elecciones de 1979, se mostraron en toda la crudeza en las siguientes del año ochenta y dos. Ni el Partido había podido o sabido ocupar su posición de interlocutor central del proceso, ni arrebatado votos al PSOE (quien en el proceso de legalización del PCE no mostró apoyo alguno ni interés en la definición del asunto) ni había reconducido los iniciales descontentos en el seno de la organización.
A los treinta años de la legalización del Partido Comunista de España, por tanto, conviene hacer balance de las victorias y de las derrotas de esta experiencia histórica. Si la legalización del PCE fue una clara y determinante victoria no sólo del Partido, sino de las fuerzas políticas antifranquistas; lo que sucedió a partir de aquel momento debería hacernos reflexionar sobre cuál debe de ser el papel, el programa, las estrategias y las políticas de alianza de una organización comunista en nuestro actual sistema democrático. Recuperar y volver a reinterpretar colectivamente ese periodo, lejos de debates acalorados y maniqueos, supondría un importante paso en la redefinición de la estrategia comunista en lo que ha venido a denominarse la segunda transición del PCE.
* Sección de Historia de la Fundación de Investigaciones Marxistas