En España hay 17 vertederos de residuos peligrosos ubicados en nueve comunidades autónomas.
Santovenia de Pisuerga es un pequeño municipio de poco más de 4.600 habitantes al norte de Valladolid. A un lado tiene el río que le da el nombre. Al otro, a apenas tres kilómetros de las primeras casas, un polígono industrial en el que se aloja un macrovertedero con una capacidad de más de un millón de metros cúbicos de residuos peligrosos. Cada año reciben entre 60.000 y 85.000 toneladas de aceites, amianto, pilas, aparatos electrónicos y todo tipo de materiales de desecho fácilmente inflamables, explosivos, tóxicos o cancerígenos. Lleva en funcionamiento desde 1993 y, actualmente, la empresa que lo gestiona, Cetransa —con participación mayoritaria de Urbaser—, está tramitando una nueva prórroga para alargar su vida diez años más, según publica El Día de Valladolid.
“Ha tenido muchos problemas durante los 30 años que lleva de explotación”, afirma Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción. Ceballos recuerda cómo en 2001 el Tribunal Supremo declaró ilegal este vertedero y lo mismo hizo el Tribunal Constitucional en 2013; problemas legales que el gobierno castellano-leonés solventó declarando la instalación de interés regional.