La sanción de una ley de biocombustibles en Argentina es a la vez una buena y una mala noticia para el desarrollo sustentable. La norma promueve la producción y uso de fuentes alternativas al petróleo. Pero fortalece el monocultivo de soja, cuestionado por ambientalistas. Tras dos años de debates, marchas y contramarchas, el Senado de […]
La sanción de una ley de biocombustibles en Argentina es a la vez una buena y una mala noticia para el desarrollo sustentable. La norma promueve la producción y uso de fuentes alternativas al petróleo. Pero fortalece el monocultivo de soja, cuestionado por ambientalistas.
Tras dos años de debates, marchas y contramarchas, el Senado de Argentina aprobó este miércoles una ley que otorga beneficios fiscales a productores de biocombustibles y les asegura cuotas de mercado durante 15 años. El proyecto sancionado es menos generoso que el texto original, presentado en 2004 por los interesados en el negocio.
Según la ley, habrá exenciones tributarias para productores que destinen aceite vegetal a la fabricación de biodiésel, o para los que extraigan alcohol de la caña de azúcar o del maíz para fabricar etanol. También se beneficiará a quienes obtengan biogás a partir de la fermentación de desechos orgánicos.
Tanto el biodiésel como el etanol son opciones renovables y más limpias que los combustibles derivados del costoso y cada vez más escaso petróleo.
Para asegurar mercado a estos productos, el Estado garantizará que cuatro años después de la promulgación de la ley, las empresas expendedoras estén obligadas a ofrecer gasolinas que contengan cinco por ciento de etanol y gasóleo con cinco por ciento de biodiésel. Los expertos aseguran que la mezcla no requiere cambios en los motores de los vehículos.
Los empresarios interesados, tanto del sector de los hidrocarburos como grandes cultivadores de soja, criticaron que la ley no incluyera subsidios. También se manifestaron disconformes con el poder regulador que conserva el Estado para controlar la producción y repartir beneficios fiscales.
El Estado establecerá los requisitos para calificar los proyectos que estarán sujetos a exenciones fiscales. Y fijará cada año un cupo de beneficios que repartirá — arbitrariamente, según las compañías– dando prioridad a pequeñas y medianas empresas, a productores agropecuarios y a las economías regionales.
La combustión de biodiésel libera casi la misma cantidad de dióxido de carbono que la del gasóleo, según la Secretaría de Agricultura de Argentina. Pero su difusión ampliará la siembra de oleaginosas, contribuyendo enormemente a absorber esas emisiones. La entidad estima que la emisión neta de contaminantes se reduciría a un tercio con el biodiésel.
El dióxido de carbono es el principal de los gases de efecto invernadero, que recalientan la atmósfera y contribuyen al cambio climático.
Por tanto, estos proyectos podrían calificar para proyectos de desarrollo limpio previstos por el Protocolo de Kyoto para ayudar a las potencias industriales y sus compañías a reducir sus emisiones de gases invernadero.
Pero el efecto ambiental de los biocombustibles no será neutro en Argentina.
La ley preocupa a quienes cuestionan el avance de la soja, principal rubro de exportación y el vegetal más sembrado en Argentina. Este país es el tercer productor mundial de la oleaginosa, después de Estados Unidos y Brasil, y el primer exportador mundial de su aceite.
La soja, mayoritariamente transgénica, avanza sobre la biodiversidad de la agropecuaria nacional y tiene un impacto negativo en la estructura social agraria, aseguran los críticos. En la última década, el monocultivo promovió el éxodo de jornaleros y pequeños productores a las ciudades y la concentración de la tierra.
La filial argentina de Greenpeace puso en marcha diversas campañas para denunciar el desmonte en áreas de rica biodiversidad para extender las plantaciones de soja. El más grave episodio denunciado por la organización fue la desafectación de una reserva natural en la noroccidental provincia de Salta.
Para este año, el área sojera será de 15,2 millones de hectáreas, más de la mitad de toda la superficie nacional cultivada, y la cosecha estimada será de 40 millones de toneladas, un volumen récord para el cultivo. El negocio incluye la venta del grano, la harina, cuyas cualidades proteicas la hacen ideal para ración animal, y la fabricación de aceites.
Para cumplir con la cuota de mercado de los biocombustibles, los productores estiman que el área sembrada se expandirá en 10 por ciento.
En diálogo con IPS, Jorge Rulli, del ambientalista Grupo de Reflexión Rural, advirtió que la ley «reforzará de manera inexorable las condiciones críticas del actual proceso de ‘sojización’ creciente y comprometerá de manera definitiva la principal base productiva argentina que es la actividad agropecuaria».
Rulli estima que el empleo que creará el procesamiento de los aceites para combustible «no se compensa con el enorme desempleo que produce este modelo de agricultura y no repara para nada sus impactos en el tejido social».
En un informe difundido a fines de 2005, «Perspectivas de Biocombustibles en Argentina y Brasil», el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura advirtió que esta producción «no será gratuita para Argentina».
«Puede implicar la sustitución de cultivos, distorsiones en manejos rotativos, efectos indeseables sobre suelos. Una cuidadosa estimación de estos impactos debe formar parte de una evaluación total de costos y beneficios del proyecto de producción de biocombustibles», alertó el organismo técnico regional.
Alberto Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina, relativizó las críticas. «Supongamos que Argentina no produce biodiésel y sí lo hacen otros países. En el mercado mundial el precio del aceite subiría y el cultivo se expandiría igual», dijo a IPS.
En cambio, Rodríguez anticipó una baja en el precio de la harina de soja. De cada planta se obtiene 80 por ciento de harina y 20 de aceite. O sea que si hay mayor demanda de aceite para biodiésel, se creará una enorme oferta de harina que podría deprimir su valor de mercado.
Rodríguez explicó que el fomento a la producción y el comercio es necesario para estos nuevos combustibles a base de un insumo caro como el aceite o el alcohol vegetal. De hecho, difícilmente la mezcla con gasoil supere cinco por ciento en cuatro años, porque eso encarecería el precio del combustible.
«Aun con el alza del precio del petróleo es difícil competir» para estos combustibles alternativos y por eso se necesitan subsidios directos, argumentó.
Sin embargo, con la perspectiva de la ley y el incentivo de la demanda del mercado de la Unión Europea, que estableció una mezcla obligatoria de 5,7 por ciento en sus combustibles para 2010, las inversiones comenzaron a crecer. Ya hay medio centenar de proyectos pequeños en funcionamiento, la mayoría para el consumo energético de explotaciones agropecuarias.
Una de esas firmas, Oilfox, logró exportar, pero aún no alcanza el volumen requerido. Portavoces de la empresa explicaron que sus compradores en Alemania necesitaban 10.000 toneladas mensuales de biodiésel para una compañía naviera, pero sólo firmaron contrato por una décima parte de esa demanda.
En cambio, la corporación petrolera hispano-argentina Repsol YPF anunció una inversión de 30 millones de dólares en una refinería de biodiésel en la provincia de Buenos Aires que prevé producir 100.000 toneladas al año a partir de 2007.