Ha tenido que estallar el caso Khashoggi para que el debate sobre la venta de armas a Arabia Saudi haya ocupado espacios principales en prensa, tertulias e instituciones españolas y europeas. Ha sido preciso que un conocido periodista haya sido detenido, torturado, asesinado y descuartizado en sede oficial saudí, y posteriormente desaparecido, para que esto […]
Ha tenido que estallar el caso Khashoggi para que el debate sobre la venta de armas a Arabia Saudi haya ocupado espacios principales en prensa, tertulias e instituciones españolas y europeas. Ha sido preciso que un conocido periodista haya sido detenido, torturado, asesinado y descuartizado en sede oficial saudí, y posteriormente desaparecido, para que esto suceda. El caso lo merecía, sin duda alguna. Pero cuando hace tan solo dos meses treinta niños yemeníes murieron en un bombardeo saudí contra un autobús escolar, el Gobierno y la Unión Europea apenas si parpadearon. Menos aún EEUU. Los crímenes saudíes, como los israelíes, necesitan contar con altos niveles de crueldad para merecer la atención de nuestras instituciones. Matar palestinos de cinco en cinco o yemeníes de veinte en veinte apenas es noticia.
En su Informe 2017-2018, Amnistía Internacional dice sobre Arabia Saudí: «Se detuvo a muchos defensores y defensoras de los derechos humanos y personas críticas con el gobierno y algunos fueron condenados a largas penas de cárcel en juicios sin las debidas garantías. Varios activistas chiíes fueron ejecutados y muchos más fueron condenados a muerte en juicios manifiestamente injustos. La tortura y otros malos tratos bajo custodia continuaban siendo práctica habitual. Pese a limitadas reformas, las mujeres sufrían una discriminación sistémica en la ley y en la práctica y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de otros tipos. Las autoridades hicieron amplio uso de la pena de muerte y llevaron a cabo decenas de ejecuciones». Algo similar ha afirmado la ONU, situando a este país en la cola del siniestro ranking de países violadores de derechos humanos.
En los últimos diez años el Estado español ha sido el cuarto vendedor de armas a esta satrapía criminal y misógina. La ley española sobre control del comercio exterior de éstas prohíbe claramente su venta a países respecto a los cuales existan indicios racionales de violación de derechos humanos. Pero se ve que los detectores españoles de este tipo de delitos -como los de la práctica de malos tratos y torturas en comisarías y cuartelillos-, llevan sin actualizarse desde los años cincuenta. Eran otros tiempos.
La modificación del artículo 135 de la Constitución española, impulsada por el Gobierno del PSOE en 2011 y acordada con el PP, situó el interés de la Banca y los grandes inversores por encima de las necesidades de las grandes mayorías sociales. Desde entonces es, no solo legal, sino también obligado, poner en primer lugar los presupuestos públicos a disposición de los Alí-Babá de las finanzas y, solo después de esto, tras saciar todas sus usuras, dedicar los restos, lo que queda, las sobras, a atender la sanidad y la educación.
Algo similar ocurre con los derechos humanos. Los recortes en materia de libertades democráticas, el reforzamiento del estado policial y la conversión del código penal en una máquina de guerra al servicio arbitrario del poder, tienen que ver con lo anterior. Negar derechos democráticos básicos y combatir al disidente político exige hoy poner al día el manual de estilo de Torquemada. Eso y no otra cosa son los nuevos delitos de odio, sedición, rebelión y la política penitenciaria de potro, humillación y venganza.
Con «los de fuera» es peor. Millones de personas son hoy un cero a la izquierda para el sistema, pues son gentes que no producen (lo hacen para el autoconsumo propio, no para el mercado; es decir, para el PIB no existen) y tampoco consumen, pues carecen de ingreso alguno (nuevamente el mercado no se entera de su existencia). Si estas personas desaparecieran, el actual sistema capitalista no se resentiría. A fin de cuentas, los derechos humanos no cotizan en Bolsa. No solo eso, sino que las grandes multinacionales podrían explotar mucho más libremente sus apetecidos países. Todo serían ventajas.
En el debate actual sobre venta de armas a la criminal monarquía saudí, los derechos humanos de las poblaciones agredidas por este régimen (Yemen…) apenas son considerados. Se trata, en el fondo, de la política del «primero nosotros» de Trump y toda la ultraderecha europea. Es la política que construye muros cada vez más altos, más largos y más anchos por todo el planeta y convierte el Mediterráneo en la tumba más grande jamás conocida en la historia. En definitiva, la política sempiterna de Occidente que envuelve sus intereses imperiales y guerras bajo cínicos mantos civilizatorios y de progreso e, incluso, siempre que haga falta, de defensa de la libertad y la democracia.
La defensa de los puestos de trabajo no puede abstraerse del modelo productivo y marco político en el que éstos se dan. No hablo solo de la industria militar. También en la construcción de la central nuclear de Lemoiz trabajaban miles de personas y no por ello la exitosa lucha contra la misma se supeditó a los chantajes «sociales» del PNV, la UCD y el PSOE. Porque, curiosamente, los mismos gobiernos que destruyen y precarizan el empleo sin consideración social alguna, son a la vez los mayores defensores de la creación de puestos de trabajo…., siempre que esto sea en líneas de TAV, incineradoras, cementerios nucleares, corbetas inmaculadas y bombas inteligentes que nunca matan población civil. Y tampoco es casual que de todos los grandes astilleros españoles existentes en los años setenta (Vigo, Ferrol, Bilbao, Sestao, Alicante, Asturias, Sevilla, Cádiz,…), que hicieron del Estado español el cuarto productor naval mundial, ahora ya solo quede el de Cádiz, destinado a fines militares. El abandono, privatización y cierre del resto («La Naval», de Sestao, está siendo el último) no ha importado nada a los distintos Gobiernos de turno. Los puestos de trabajo ligados a la industria militar, sí. ¡Lagarto, lagarto!
La exigencia del cese inmediato en la venta de armas a Arabia Saudí y la producción militar en general -lo mismo que el cierre de las centrales nucleares-, no puede contraponerse con el mantenimiento de los puestos de trabajo del sector. Frente a este chantaje de los gobiernos, las eléctricas y la parasitaria casta militar que hablan, al alimón, de la «defensa de los intereses de España y el trabajo en sectores estratégicos» -Pedro Sánchez, dixit-, la alternativa a levantar deberá ser la reconversión civil de esas industrias y la aprobación de planes de reindustrialización y regeneración social de las zonas afectadas. Y termino. Afirmar, como se ha dicho, que «si no vendemos nosotros esas armas lo harán otros», es, además de burdo, obsceno.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.