Una pintada en un autobús turístico de Barcelona, en el distrito de Les Corts, a finales de julio: «El turime mata els barris». Los activistas pincharon asimismo las ruedas del vehículo. Acciones de protesta, también en la capital catalana, contra las bicicletas de alquiler para turistas. En Palma de Mallorca, las reivindicaciones -con pancartas, bengalas […]
Una pintada en un autobús turístico de Barcelona, en el distrito de Les Corts, a finales de julio: «El turime mata els barris». Los activistas pincharon asimismo las ruedas del vehículo. Acciones de protesta, también en la capital catalana, contra las bicicletas de alquiler para turistas. En Palma de Mallorca, las reivindicaciones -con pancartas, bengalas y confeti- se produjeron frente a los yates y restaurantes de lujo del puerto. La organización Arran ha promovido estas acciones en los Països Catalans (Cataluña, Baleares y País Valenciano, en el estado español) contra la actual masificación turística.
En un comunicado difundido el seis de agosto, Arran negó las acusaciones de «turismofobia», término que califican de «inventado para desvirtuar una lucha legítima». Afirman, en consecuencia, no estar en contra del turismo ni de los turistas, sino del actual modelo, capitalista, que destruye el territorio, precariza el trabajo y concentra los beneficios en pocas manos. También se critica la forma que asume el turismo actual, porque aumenta el precio de los alquileres, «hasta el punto de expulsarnos de nuestros barrios». Surgida en julio de 2012, Arran se define en su página Web como una organización juvenil de la izquierda independentista, con cerca de 60 núcleos locales en 36 comarcas de los Països Catalans. Entre sus objetivos figuran la independencia (respecto al estado español y francés) de los territorios de lengua y cultura catalana, la construcción del socialismo y la lucha feminista.
Las reacciones fueron inmediatas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, calificó las acciones de «extremistas» y caracterizadas por la «pequeñez mental y cortedad de miras», con los argumentos justificativos de la riqueza y el empleo. El ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, utilizó el término «turismofobia», anunció que se pondría en contacto con el titular de Interior, y la necesidad de perseguir las protestas «hasta las últimas consecuencias». El cinco de agosto se sumó a la ofensiva, en Alicante, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo; defendió «la principal industria de España», y avisó: «No podemos permitir que estos niñatos descerebrados y malcriados ataquen el turismo». En una línea similar se pronunció el director general del gremio hotelero de Barcelona, Manel Casals. Al tiempo que se producían estas declaraciones, el periódico Cinco Días informaba que, según los datos del Ministerio de Hacienda, los salarios aumentaron un 0,6% en el estado español en la última década; mientras que las retribuciones de consejeros y directivos de las empresas se incrementaron en el mismo periodo un 63,5%.
El 25 de julio las asambleas de Endavant -otra de las organizaciones adscritas a la izquierda independentista- y Arran convocaron a una «pegada» de carteles contra la masificación turística en la isla de Mallorca. Los lugares escogidos fueron las sedes de la Conselleria de Turismo y Hoteles Barceló, entidades a las que se apuntó como responsables de la «situación límite»; además desplegaron una gran pancarta en la muralla frente a la catedral de Palma. Los activistas, que en las redes sociales difundieron el lema «La massificació turística ens explota!», señalaron dos récord que se están batiendo este verano: el de visitantes, ocupación hotelera y beneficios empresariales; y, por otro lado, el de precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda, saturación de infraestructuras y depredación del territorio.
Arran ha planteado cinco medidas con el fin de sofrenar el turismo desaforado. En primer lugar, paralizar las licencias de actividad para hoteles y empresas dedicadas al turismo; además, se propone un aumento y control de los salarios, terminar con la economía «en negro» y con las externalizaciones en el sector turístico; esta idea se complementa con el fomento del cooperativismo. Otro punto destacado consiste en el aumento de la fiscalidad a las empresas del sector; además de «prohibir la actividad de empresas relacionadas con los pisos turísticos», como Airbnb, y regular los precios de la vivienda, hay una medida que ha generado singular inquietud, con la que Televisión Española abrió los informativos del siete de agosto. Se trata de la expropiación de empresas y «activos turísticos». La organización independentista cita como ejemplo el hotel Vela de Barcelona, diseñado por el célebre arquitecto Ricardo Bofill, con 473 habitaciones y suites «extraordinarias», según su publicidad; y emplazado en primera línea de playa y cerca del paseo de la Barceloneta. Otra propuesta de expropiación señalaría a Port Aventura, que incluye en los anuncios «los hoteles tematizados más increíbles y la mejor oferta de entretenimiento, relax, gastronomía y shopping que puedas imaginar».
El Maresme es una comarca barcelonesa de 440.000 habitantes, con capital en Mataró, cuyas ciudades -según denuncia Endavant- han quedado relegadas a la siguiente disyuntiva: ciudad «dormitorio» de Barcelona; o destino de la masificación turística. En 2015 el 86,7% de la contratación fue temporal, principalmente en sectores como la hostelería, el turismo, el comercio y el ocio. El 90% de las camareras de piso en los hoteles constituyen, asimismo, carne de contrato temporal, a lo que se agregan las «condiciones de explotación» de cocineras y camareras de la hostelería que, principalmente en la temporada turística, «a menudo bordean la indignidad humana». Trabajadores que laboran sin contrato, sin que se les dé el alta en la Seguridad Social o con una contratación en la que figuran menos horas de las que se realizan, forman parte del panorama diario. «El turismo nos hace esclavos y destroza las comarcas», critica Endavant.
Se han señalado en El Maresme iniciativas para edificar 89 chalés de lujo en el paraje natural de La Cisa-Can Nolla (entre los términos municipales de Premià de Dalt y Vilassar de Dalt); o la construcción del centro comercial Marina Port, en el municipio de Premià de Mar; y el del parque acuático Wavegarden, en una localidad de 11.600 habitantes, Montgat, situada a 13 kilómetros de Barcelona. La embestida especulativa y la «gentrificación» han llegado a los barrios. En El Masnou, con 23.000 habitantes, se han registrado subidas del 17% en el precio del alquiler de la vivienda; y un 10% en Mataró.
Uno de los puntos centrales de la campaña son los exorbitantes precios de la vivienda y la consiguiente expulsión de los vecinos. Endavant-Sants ha hecho público un informe en el que analiza la evolución de los precios de los pisos en los barrios de Sants, Hostafrancs, Badal y La Bordeta, en Barcelona; las estadísticas se elaboran a partir de los datos del portal inmobiliario Idealista.com. En Sants el precio del alquiler ha aumentado un 10,3% entre julio de 2017 y el mismo mes de 2016, de modo que el precio por metro cuadrado se sitúa actualmente en 14,34 euros. El precio de venta de las viviendas en Sants se ha incrementado cerca de un 11% en el mismo periodo, de modo que ya alcanza los 3.435 euros el metro cuadrado. En cuanto al precio de la habitación, el aumento del 10% ha hecho que el alquiler llegue a los 410 euros. Llama la atención, además, la evolución de los alquileres en el barrio de Hostafrancs (incremento interanual del 41,7%); y el de la venta de pisos en La Bordeta (aumento del 33%).
Pese a la saña de las críticas recibidas, los activistas también han encontrado apoyos. La CUP emitió un comunicado el 4 de agosto en que manifestaba su respaldo a Arran; y Criticaba el modelo de capitalismo «atroz» y «destructor» en el que se basa el turismo en la mayor parte de los Països Catalans. CUP-Capgirem Barcelona se refirió al «barricidio» que padece la ciudad y rechazó la decisión del consistorio, regido por Ada Colau, de personarse en la denuncia contra Arran por la acción contra el autobús turístico. En este punto olió a sangre el diario El País, que el uno de agosto acometió con el siguiente titular: «Arran, el nuevo azote en las calles. El movimiento juvenil vinculado a la CUP protagoniza las últimas protestas que violentan a Colau».
El texto de El País recuerda que desde que Barcelona en Comú gobierna en la ciudad y la CUP opera como socio de Junts pel Sí en la Generalitat, no se han repetido episodios como los de la huelga general de 2012; los paros «acabaron con heridos, centenares de contenedores quemados, establecimientos apedreados y escaparates rotos», recuerda la periodista del rotativo global, que tres días después volvió a la carga: «Vandalismo contra empresas turísticas en un nuevo vídeo de afines a la CUP. Endavant exhibe en las redes sociales nuevos ataques contra bicicletas de alquiler en Barcelona». La unanimidad en la criminalización no admite fisuras, y alcanza desde el periódico del grupo Prisa hasta digitales como OK Diario: «La CUP utiliza la ‘Kale Borroka’ para hostigar a la guardia civil y aterrorizar a los turistas».
Periódicos británicos como The Guardian o Daily Mail se hicieron eco de las acciones. Sindicatos «alternativos» como la Coordinadora Obrera Sindical (COS) de los Països Catalans se solidarizaron con Arran y también cuestionaron la supuesta «turismofobia» y xenofobia, ya que quienes plantean esta acusación (desde el PP hasta Barcelona en Comú) mantienen abiertos los CIE e incumplen los compromisos de acogida a personas refugiadas, argumentó la COS en un comunicado. Otros sindicatos que se solidarizaron con las reivindicaciones también resultaron señalados, como la CGT. El diario ABC publicó el tres de agosto el siguiente titular: «La CGT apoya el asalto de Arran al bus turístico de Barcelona».
La segunda pata del discurso mediático consiste en repetir hasta el hartazgo la importancia del turismo para la economía española. Que representa el 11% del PIB, el 13% del empleo y presumiblemente en 2017 se pulvericen todas las marcas, al superar los 80 millones de turistas. Sin embargo, no faltan voces que cuestionen el modelo. Así, el informe «Protección a toda costa; un tesoro que no debemos perder» (2017), publicado por Greenpeace, da cuenta de los procesos de urbanización en el litoral en los últimos 25 años (entre 1987 y 2011). Si se considera la ocupación de suelo en el Dominio Público Marítimo Terrestre (primeros metros de la costa, de carácter público), la provincia de Castellón registró un aumento del 112,9%; la de Barcelona, un 98,2%; Valencia, el 73,1%; Tarragona (40%), Baleares (31,9%); Alicante (30,8%) y Girona, el 17,5%.
Un informe del Observatorio de la Sostenibilidad de 2016 pone el foco en los dos primeros kilómetros a partir de la línea marítima. Con este punto de partida, Tarragona y Girona incrementaron su población entre 1991 y 2011 en más de un 70%; un aumento por encima del 40% puede constatarse en Alicante, Baleares y Castellón, con lo que ello implica de presión sobre bienes, servicios y suelo. Tal vez se pretenda volver a la década dorada de la «burbuja» inmobiliaria. El consumo de cemento pasó en el estado español de 55,89 millones de toneladas en 2006 (antes de la crisis), a 11,1 millones en 2016; fueron tiempos en los que en sólo un año -por ejemplo, en 2005- se proyectaban en el estado español más de 800.000 viviendas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.