Prosigue la ofensiva contra las clínicas de abortos con imputaciones y citaciones incluso a mujeres y hombres por autoinculparse. Entre tanto, los posibles pactos de gobierno dibujan un escenario complicado para la reivindicación feminista de aborto libre y gratuito. La persecución a las clínicas de abortos repunta con fuerza: imputaciones a mujeres en Barcelona, citaciones […]
Prosigue la ofensiva contra las clínicas de abortos con imputaciones y citaciones incluso a mujeres y hombres por autoinculparse. Entre tanto, los posibles pactos de gobierno dibujan un escenario complicado para la reivindicación feminista de aborto libre y gratuito.
La persecución a las clínicas de abortos repunta con fuerza: imputaciones a mujeres en Barcelona, citaciones en Sevilla a personas solidarias que se han autoinculpado y señalamiento de nuevas clínicas.
El 7 de marzo, el presidente de ECristians y ex conseller de Agricultura de la Generalitat en la etapa de Pujol, Josep Miró i Ardèvol, envió un requerimiento notarial a Santiago Barambio, portavoz en Cataluña de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), exigiéndole que explicara los supuestos a los que se atienen las clínicas de ACAI para realizar abortos. Y amenazaba con querellarse contra éstas por practicar abortos ilegales si no tenía respuesta en un plazo de 15 días.
Santiago Barambio explica a DIAGONAL que la acusación del grupo ultra se basa en fragmentos de sus ponencias en congresos médicos: «No son documentos legales porque se usan términos que comprende y maneja la profesión, pero él las eleva a la categoría jurídica, contraponiéndolas a opiniones de juristas sin valor alguno; por fin, lo contrasta con otra sentencia que le interesa y construye una teoría de ilegalidad». Según Barambio, Miró i Ardèvol «me califica de homicida y delincuente. Es el mismo esquema que ha seguido con las clínicas de Morín. En lugar de intentar convencer a la gente de que no aborte se dedica a perjudicar a los profesionales que hacen posible que las mujeres ejerzan su derecho. No es un hecho aislado, sino muchos y en una dirección». ACAI ha remitido el texto del requerimiento a los Ministerios de Justicia y Sanidad. Su portavoz estatal, Empar Pineda, se lamenta de que las clínicas estén de nuevo «en el punto de mira».
Por otro lado, la jueza Elisabet Castelló ha imputado a 99 mujeres que interrumpieron sus embarazos en las clínicas de CB Medical por aborto ilegal basándose en un informe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil sobre 139 historias clínicas de las 2.780 requisadas durante los registros de estos centros del pasado octubre. Tras el levantamiento del secreto de sumario, diversos medios de comunicación han realizado una descripción terrorífica de las clínicas del doctor Morín en las cuales se habrían realizado abortos de gestación avanzada, a menores de edad y sin practicar examen médico previo. Desde ACAI, Pineda aclara que «los abortos de 30 semanas de gestación son legales con el certificado de un médico especialista o psiquiatra, según el supuesto. Hay casos de malformación fetal que no se detectan hasta las 22 semanas, por lo que se debe determinar si la salud de la mujer se verá afectada por llevar a término el embarazo. En ese caso, se aplica el supuesto de peligro para la salud psíquica, sin plazo límite. Según la ley, cualquier aborto practicado sin certificado médico previo es un delito». Y también recuerda que las menores de edad pueden abortar con permiso materno, paterno o tutorial.
Por su parte Olga Tubau, abogada de uno de los psiquiatras encausados, explica a DIAGONAL que «el instrumental, la salubridad y la calificación del personal de CB Medical eran impecables» y desmiente la existencia de trituradoras de fetos. Matiza que «si hay alguna historia clínica en que el informe psiquiátrico se incorporó después, se habría cometido una infracción administrativa y no un delito penal». En ese último caso, «habría que ver si la salud psíquica de la mujer peligraba, porque en ese caso entraría en el primer supuesto». Según Tubau, la mayoría de abortos realizados en esas clínicas se acogen a éste. «Muchas mujeres no fueron atendidas en la Seguridad Social, por lo que podrían pedir que se les reembolsara el coste del aborto». Según Pineda, las mujeres que abortaron «no son responsables, no hay derecho a que se las llame a declarar ante la Guardia Civil».
Por otro lado, en Sevilla, el juzgado 6 de instrucción ha citado como testigos a cinco mujeres y hombres de entre las 360 personas que se autoinculparon en el marco de una campaña estatal de solidaridad con las mujeres inculpadas por abortar. La Brigada de Homicidios les ha tomado declaración.
Tras una campaña electoral en la que la reforma de la ley del aborto estuvo ausente (con la excepción de IU y ERC, que proponían una ley de plazos), el resultado de las elecciones plantea un difícil panorama para la reivindicación feminista de aborto libre y gratuito. El PSOE baraja formar gobierno apoyándose en CIU. Este partido estuvo a punto de lograr el séptimo escaño por Barcelona para Manel Silva, miembro de la plataforma ultracatólica E-Cristians, grupo que ha desencadenado la actual ofensiva antiabortista al denunciar al grupo CB Medical. Duran i Lleida, cabeza de lista de CIU para el Congreso, asistió a la misa por la familia cristiana que E-Cristians organizó el 27 de enero en Barcelona. Pineda cree que «si estaban crecidos, ahora que alguno de sus integrantes está en formaciones políticas que el Gobierno necesita lo estarán más».