En el marco de la Semana de Lucha contra Eurovegas [1], realizada en Madrid, Alcorcón y Villaviciosa de Odón entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre de 2012, se celebró un debate abierto entre distintas plataformas ciudadanas de reciente constitución. El siguiente texto hace una reflexión sobre los orígenes de esta movilización […]
En el marco de la Semana de Lucha contra Eurovegas [1], realizada en Madrid, Alcorcón y Villaviciosa de Odón entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre de 2012, se celebró un debate abierto entre distintas plataformas ciudadanas de reciente constitución. El siguiente texto hace una reflexión sobre los orígenes de esta movilización y la necesidad de articulación de estos nuevos movimientos ciudadanos nacidos en el territorio español a partir de la primavera de 2011.
Muchas consecuencias, una causa
Desde 2011, y espoleados por la gran movilización social del 15-M, fueron naciendo a lo largo y ancho del territorio español decenas de colectivos y plataformas ciudadanas. Grupos de marcado carácter social y político que pretenden dar respuesta a nuevas injusticias y necesidades que van quedando descubiertas con la implementación del recetario de la Troika.
Colectivos contra la privatización y el expolio de bienes comunes, por una banca púbica, de afectados por las hipotecas, por el impuesto de transacciones financieras y contra los paraísos fiscales, por una auditoría ciudadana de la deuda, contra la implementación de proyectos especulativos e inútiles [2] o el tribunal ciudadano de justicia, son algunos ejemplos de estos nuevos grupos que están dando una contestación social a este contexto. Un contexto que supone nada menos que una radicalización del capitalismo, una vuelta de tuerca sobre la acumulación y la desposesión; un salto adelante o, seguramente sea más preciso decir, un salto al vacío.
El activismo de estos nuevos colectivos se centra en aristas concretas de las consecuencias de esta radicalización del modelo, aunque el discurso crítico que se construye en todos los casos pretende ir al fondo del asunto. Y es justamente esta profundización del modelo el fondo común que tienen las luchas de estas plataformas nacidas al calor de la primavera de 2011: el avance de unas políticas neoliberales que están agudizando la injusticia social, profundizando la desigualdad y garantizando la insostenibilidad medioambiental en el territorio, en el marco de una absoluta pérdida de soberanía popular. Lo que también está suponiendo la creciente conculcación de libertades fundamentales y de derechos sociales, económicos, culturales o políticos para las amplias mayorías.
También en este contexto, el conglomerado del poder económico y político ha logrado dar con la clave: (crear y) encontrar un pretexto todopoderoso para intentar construir una relativa legitimidad y un consenso social, y minimizar de esa forma las protestas y resistencias frente a estas políticas: la «crisis». En su nombre, en su honor, porque «es el único camino posible» para poder salir de allí, se vienen acometiendo las «reformas» más antisociales de la historia de la democracia española. «No hay alternativa» y «cualquier manera de pensar distinta (…) es simplemente irracional» son las ideas nucleares de un discurso que pretende imponerse, siguiendo la vieja estrategia de comunicación de la Dama de Hierro Tatcher [3].
Estas «reformas» se reducen a que lo más importante y urgente que tiene que hacer el Estado es liberar recursos, reduciendo drásticamente la inversión pública y afectando directamente a derechos fundamentales de las mayorías, para pagar una deuda ilegítima. Cambiar las reglas de juego para adaptarlas, aún más, a la conveniencia del poder económico y financiero concentrado. Socializar las pérdidas, privatizar las ganancias, nacionalizar la deuda del gran capital y «rescatar» a la élite financiera se han convertido en «asuntos de Estado» de máxima prioridad.
Sin duda, un gran subterfugio en esta embestida neoliberal es la insoportable situación del (des) empleo. Un ejército de reserva de más del 25% de la población activa desempleada se convierte en un escenario propicio para que este poder político-económico pueda dar pasos, por una parte, en los mantras de la «flexibilización» y la «competitividad», que se traducen en la creciente pauperización de las condiciones del empleo y de la contratación, y por otra parte, realizar todo tipo de chantajes a una población cada vez más desesperada, bajo la promesa de acceder en un futuro de incertidumbre creciente a un puesto de trabajo «a cualquier precio y de cualquier calidad».
Por último, y también como parte del recetario para salir de la «crisis», en materia medioambiental se está produciendo la relajación o directamente la eliminación de la legislación para la protección medioambiental [4]. Así, a partir de este pretexto se permite un avance sobre las condiciones naturales del territorio que aún no han sido sobreexplotadas o destruidas con fines de lucro.
En definitiva, estas medidas dan vía libre a una aceleración de los procesos de acumulación primaria y de acumulación por desposesión, que se centran en los sectores más vulnerables de la población, desposeyéndolos, todavía más, de sus casas, de sus recursos, de sus entornos naturales y bienes comunes, de sus derechos fundamentales, de sus ahorros, de sus libertades civiles, de sus empleos; y también son desposeídos de la posibilidad de elegir qué rumbo quieren para las políticas económica, social y ambiental en el territorio.
En este contexto, el laissez faire selectivo, la prioridad de pagar una deuda ilegítima, el avance de las tendencias de privatización y desregulación, el aumento sensible de la pobreza y la desigualdad social, la centralidad del mercado en la vida cotidiana, la primacía de la economía sobre la política, el nivel récord de desempleo, la vía libre para el deterioro ambiental, el ataque a los bienes comunes o la democracia tutelada por el poder financiero son distintas caras de una misma realidad [5].
A medida que los efectos de estas políticas neoliberales son más evidentes y acuciantes, también se hace indudable que las luchas de estos nuevos movimientos sociales y ciudadanos tienen raíces comunes. Estos colectivos trabajan sobre sus consecuencias, centrándose en determinadas aristas de la problemática; aunque, en última instancia, la causa que da sentido a sus luchas parece ser una sola.
Avanzar en una articulación estable: razones sobran
Además de la concurrencia de una causa nuclear que está movilizando a las nuevas plataformas, existen otros motivos que pueden explicar la necesidad de que se den pasos hacia una articulación estable. En primer lugar, los grupos señalados comparten un diagnóstico crítico de la realidad que va más allá del neoliberalismo (al menos parte esencial de éste), y asumen en sus discursos que se trata de una problemática de orden sistémico. Por lo que, en la mayor parte de los casos, también persiguen objetivos comunes, muchos de los cuales tienen raíces anticapitalistas.
Asimismo, la articulación es una vía que permitirá incrementar la eficacia política en la acción de las distintas plataformas. La complejidad e interdependencia de este escenario requiere, además de fuertes respuestas políticas parciales y sectorizadas en determinados ámbitos de la realidad, también una respuesta unificada en la que los colectivos hablen con una misma voz.
Otro aspecto central que justifica esta articulación se relaciona con la necesidad de construir y transmitir una narrativa propia y común, que permita desenmascarar las grietas de un relato dominante que, a base de la reproducción hasta el hartazgo, ha logrado interiorizarse en gran parte de la ciudadanía. Por eso, se trata de estructurar un contrarrelato (compuesto por premisas como que la «crisis» es una estafa a gran escala y sin precedentes, o la amenaza que suponen estas medidas para las condiciones de vida de las futuras generaciones, entre otras), intentando acercar sus discursos a una mayoría social en el territorio que, bien por la interiorización del tan repetido «no hay alternativa», bien por el miedo producido por la aplicación de la «doctrina del shock», todavía no se moviliza. De esta manera, se puede ganar efectividad en hacer una pedagogía política, para sensibilizar y aumentar los apoyos y la movilización social. Y, principalmente, lograr transmitir la idea de que «sí hay alternativas» (porque realmente sí existen alternativas justas, equitativas y sostenibles), a estas políticas neoliberales [6].
Un aspecto muy importante es que las distintas plataformas comparten horizontes deseados en materia económica, política, social y medioambiental; apuestan por un modelo más racional, humano y solidario, que ponga a la vida en el centro y a la economía al servicio de la vida. En definitiva, estos colectivos sociales aspiran a un nuevo proyecto de sociedad fuera de las lógicas del crecimiento, individualismo, consumismo, la competencia y el «sálvese quien pueda».
Se trata de que estas plataformas comiencen a transitar un camino de apoyo mutuo, de ajuste de las agendas de trabajo, de construcción de sinergias, y de planificación y realización conjunta de actuaciones de denuncia, de movilización y de comunicación externa. Un camino que permita el ensamblaje de un sujeto político, un cauce unificado para la participación ciudadana y un actor integrador en la resistencia social.
En el marco de una pérdida creciente de legitimidad y credibilidad de esta democracia representativa cooptada por el poder económico y financiero, la organización ciudadana y la participación social (a través de nuevos y preexistentes cauces, formas de organización y de protesta) parece ser un camino necesario para la construcción de una democracia real, participativa y radical, en la que las mayorías logren reapropiarse de la toma de decisiones que rigen sus vidas.
Los efectos socioambientales de la aplicación del recetario de la Troika son de sobra conocidos, y no dejan lugar a dudas: basta con mirar un poco atrás en el tiempo y hacia otros territorios del planeta para ver que lo que sucede en el Estado español es una consecuencia necesaria de estas políticas, y los efectos negativos de este rumbo consumado (pero que no formaba parte de ninguna propuesta programática en las últimas elecciones generales) no han hecho más que comenzar a visibilizarse, aunque lo más grave aún está por venir. La historia de los impactos de las políticas neoliberales implementadas desde los años 70 se puede contar y leer de mil maneras, pero no se puede reescribir.
Andando el camino
En esta dirección, varias de las plataformas ciudadanas que están trabajando en el Estado español han decidido recientemente intentar sumar fuerzas para la creación de un espacio común. Desde octubre de 2012 se está constituyendo un incipiente espacio interplataformas, precisamente para compartir trabajo, intercambiar información y experiencias, construir sinergias e integrar y potenciar su comunicación.
Precisamente, la acción política común de estos colectivos persigue denunciar, por una parte, la creciente conculcación de libertades fundamentales y de derechos sociales, económicos, culturales o políticos. Por otra parte, busca impulsar la movilización social que permita conquistar de forma colectiva el reconocimiento de tales libertades y derechos. Asimismo, se plantea una coordinación para la construcción de redes y acciones estructuradas, a la vez que se busca exigir a las Administraciones del Estado que rectifiquen de forma inmediata el rumbo de unas políticas públicas al servicio de los intereses del poder financiero, y de espaldas a los intereses de las mayorías, que no hacen más que deteriorar la vida de las personas y los entornos naturales, amenazando las posibilidades de desarrollo y la calidad de vida de las generaciones venideras.
Cuando el ataque es sistémico, en lugar de tomar la parte por el todo, se hace imprescindible construir esta articulación para esa lucha por el «todo», que permita también ganar eficacia, potenciar y profundizar la disputa por las «partes».
Estos avances hacia una articulación de la base en la España neoliberal también es muestra de una sociedad cada vez más activa y movilizada que quiere dejar de ser testigo directo de las actitudes serviles de sus «representantes» ante el poder económico y financiero, y también dejar de ser víctima pasiva del salto al vacío.
Ante la puesta a disposición de las vidas de las personas y las condiciones de los territorios para beneficiar a una élite que se reparte los cada vez más escasos recursos, grupos sociopolíticos cada vez menos minoritarios (que asumen su condición de víctimas o deciden su solidaridad con las víctimas), comparten la indignación y el horizonte de una transformación. Y eso, necesariamente, los une y los obliga a trabajar conjuntamente.
Notas:
[1] Para más información, ver Parc Agrari del Baix Llobregat, un futuro de casinos o campesinos y Eurobarcevegas, Barcelona World o la falacia del mal menor.
[2] Para más información sobre la crítica contra Eurovegas y el activismo para detener su puesta en marcha, ver: Eurovegas o las postales de una crisis, publicado en Alba Sud.
[3] Ante la acometida de políticas de fuertes ajustes en Inglaterra a principios de los 80, la entonces Primera Ministra inglesa repetía en cada una de sus apariciones públicas la frase «no hay alternativa. A tal punto que terminó por usarse el acrónimo TINA (There Is No Alternative) para resumir la frase tan trillada de esta política.
[4] Para más información, ver El último y peor temporal conocido
[5] Para más información, ver Democracia tutelada y reapropiación de la política, publicado recientemente en Alba Sud.
[6] Una iniciativa que va en esta dirección es la campaña Desmontando mentiras, una iniciativa colaborativa en la que movimientos y organizaciones sociales trabajan en la deconstrucción de algunas de las ideas nucleares que componen el pensamiento único.
Rodrigo Fernández Miranda es miembro del equipo de investigación de Alba Sud.
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