Asalto a la democracia, ¿a quién le sorprende?

(Marcelo Colussi)

“Con esta decisión, que carece de precedentes en la trayectoria del Tribunal, no solo se cercena el principio de autonomía parlamentaria que establece la Constitución, limitando severamente las facultades deliberativas que corresponden a las Cámaras en el desarrollo de la potestad legislativa. También se da paso a un preocupante contexto de incertidumbre en el que el control de constitucionalidad vendría a operar sobre el desarrollo del procedimiento legislativo mientras que está en curso y no, como ha sido norma general hasta ahora, sobre su resultado final: las leyes”

(Ana María Carmona Contreras, Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla)

“Con el comportamiento del PSOE pagafantas hacia la derecha financiera durante muchos, muchos años, hemos llegado a este diciembre de 2022 a la declaración completa, por parte del Tribunal Constitucional apoyando a toda la derecha, de un Golpe de Estado Suave, que trata de asentar una democracia totalitaria, que podemos calificar con el también oxímoron de democracia fascista”

(Antonio San Román Sevillano)

“Inaudito”, “histórico”, “sin precedentes”, “secuestro”, “máxima gravedad”, “choque institucional”, “inédito”, “ataque”, “atropello”, y de muchas más formas ha sido catalogada la maniobra llevada a cabo estos días por parte de la derecha judicial, arengada, como no podía ser de otra forma, por la derecha política, económica, social y mediática del país. Vamos a relatar brevemente lo que ha ocurrido, pero vamos a ir planteando desde ya la pregunta fundamental: ¿A quién le sorprende? Era, simplemente, cuestión de tiempo…A grandes rasgos, lo que ha ocurrido, más allá de los pertinentes detalles, ha sido una flagrante y peligrosa intromisión de uno de los poderes del Estado sobre otro, en concreto, del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo (e indirectamente, sobre el Poder Legislativo). Podemos expresarlo de otras formas más claras, si se prefiere: el Poder Judicial ha impedido que el resto de poderes del Estado realicen sus funciones, hagan su trabajo.

Y ello, simplemente, porque lo que se estaba planteando por parte del Gobierno no convenía a la derecha y extrema derecha del país, así que la derecha judicial ha venido en su auxilio. Como trasfondo del asunto, hemos de situar los más de 4 años de negativa del PP a renovar los órganos judiciales del país, simplemente porque no le convenía dicha renovación, no sólo porque fuese peligroso para las causas de corrupción pendientes de miembros de este partido (y del partido en sí mismo), sino porque una nueva correlación de fuerzas en el seno de la judicatura avalaría las nuevas reformas legislativas que el Ejecutivo estaba proponiendo, y que el PP, Ciudadanos y Vox habían recurrido sistemáticamente al Tribunal Constitucional.

La situación se venía tensando (causó incluso la reciente dimisión del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes), y ha acabado de explosionar cuando el Gobierno ha propuesto un paquete de reformas, donde figuraban conjuntamente tanto el cambio del sistema de renovación de los órganos judiciales, como la reforma de algunos delitos en el Código Penal (sedición y malversación). La derecha política interpuso entonces un recurso ante el Tribunal Constitucional, que contenía la solicitud de adopción de medidas cautelares, en el sentido de interceptar y suspender el propio proceso legislativo, que se encontraba aún en fase de debate y votación primero en el Congreso, y luego en el Senado.

Entonces el TC, ni corto ni perezoso (se reunió en horas desde la interposición del recurso), decidió negarse a recusar a los magistrados con mandato caducado (es decir, dichos magistrados fueron juez y parte en el proceso), y admitir a trámite el recurso de amparo, impidiendo la tramitación del propio paquete legislativo. De esta forma, atacan la propia legitimidad democrática del Parlamento, socavan la división de poderes, y derriban los propios cimientos del Estado de Derecho. Jamás un Tribunal había interceptado una ley en su proceso de debate y votación en las Cortes Generales, que son la expresión de la propia soberanía. El Presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha salido presto a declarar muy ufano que la democracia “ha salido fortalecida”, y que “por muy Pedro Sánchez que se sea, no se puede pasar por encima del Estado de Derecho ni de la democracia”, en una clara instrumentalización de dichos conceptos, lógicamente al servicio de  sus intereses partidistas.

Bien, hasta aquí, brevemente, los hechos ocurridos. Pero como es evidente, el análisis no puede ni debe quedarse aquí. El análisis debe retrotraernos a las causas históricas que permiten esta situación, y ello nos conduce a evidenciar, por enésima vez, los rasgos generales y la vigencia del Régimen del 78, esto es, el sistema político surgido desde la Transición y la Constitución Española, perfectamente controlado y planeado, bajo una apariencia democrática, que en realidad disfraza un perfil conservador tardofranquista, donde todo queda, como ya enunciara el dictador, “atado y bien atado”. Muchos responsables podríamos detectar en esta tarea, pero el fundamental de todos ellos es el PSOE, el auténtico Caballo de Troya del Régimen del 78, que disfrazado de “Socialista y Obrero” (sus propias siglas), viene contribuyendo a la perpetuación de dicho régimen.

Y aquí están claramente los resultados: cualquier intento de evolucionar hacia parámetros más democráticos, instaurando leyes políticas, económicas y sociales más justas y democráticas, será indefectiblemente interceptado por los propios resortes del régimen, que los anularán e impedirán su aprobación, o en su caso, su aplicación. El pensamiento dominante, difundido durante todas estas décadas, ha instaurado una suerte de “límites mentales”, un corsé en la mentalidad de la gente, que delimita aquello que está bien o está mal, alcanzando niveles de ignorancia, de alienación y de cretinismo absolutamente impresionantes. A todo por supuesto contribuye la propia manipulación y adoctrinamiento mediático de los principales medios de comunicación del régimen, que difunden machaconamente las directrices de la derecha, aunque algunos de ellos sean “simpatizantes” del PSOE, cuando en realidad son simpatizantes del ala más dura y conservadora del mismo, expresada tanto en los actuales barones autonómicos rebeldes (Emiliano García-Page, Guillermo Fernández Vara o Javier Lambán), como en los históricos dinosaurios del partido, desde el propio Felipe González, pasando por Joaquín Leguina (recientemente expulsado del partido por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso), Alfonso Guerra, José Bono, José Luis Corcuera, y un largo etcétera, todos ellos críticos con la actuación de Pedro Sánchez.

Gracias a todos estos dirigentes históricos del PSOE (pues de la derecha ya conocemos sus proyectos y sus intereses, por tanto no engañan a nadie), toda la evolución que debería haber ocurrido hacia una democracia plena y un verdadero Estado de Derecho nunca ocurrió, pues se vendieron (véase el claro ejemplo de las puertas giratorias) a los grandes capitales, y a los intereses de las grandes fortunas y las grandes corporaciones, a los que evidentemente no les interesaba la democracia ni Cristo que la fundara. Y por tanto, nunca se realizaron las verdaderas reformas que el Estado Español necesitaba para convertirse en una democracia real, no sólo en los avances sociales (blindaje de los derechos en la Constitución, logros feministas, LGTBI, minorías raciales…), sino también en los avances políticos (Tercera República, Estado Federal, autodeterminación de los pueblos, laicismo…) y económicos (reforma fiscal, reparto y redistribución de la riqueza, Renta Básica…).

Más bien al contrario, no hubo depuración de los altos cargos franquistas en ninguna de las facetas del Estado, sino consolidación de sus privilegios, tanto en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como en la judicatura, como en las grandes empresas. Y todo ello fue apoyado desde grandes conglomerados que controlaban los medios de comunicación más importantes del país, que desde entonces vienen contribuyendo al grado de alienación de las mayorías sociales. Y así tenemos el cóctel al completo: un partido que sirvió para engatusar a las clases trabajadoras y hacerlas entrar por el aro del neoliberalismo (el PSOE), y un conjunto de estamentos impregnados de un tardofranquismo sociológico (Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Cuerpos de Seguridad…), que blindan no sólo la Constitución para que no cambie ni una coma desde su redacción de 1978, sino para que ningún Gobierno desde la Transición hasta hoy pueda intentar adoptar otras medidas que no sean pasadas por el tamiz del Régimen.

Y esto es exactamente lo que acaba de ocurrir: las costuras del Régimen del 78 se han visto claramente amenazadas por las últimas medidas del actual Gobierno de coalición, y eso no lo podían permitir, para lo cual se han activado los resortes oportunos para impedirlo. De hecho, podemos decir que lo que acaba de ocurrir en España es una versión en miniatura, diríamos jibarizada, de lo que está ocurriendo en Perú con el Gobierno de Pedro Castillo, que es a su vez lo mismo que ha ocurrido en Honduras con Manuel Zelaya, en Bolivia con Evo Morales, en Brasil con Lula da Silva (veremos si esta vez lo dejan gobernar), o con Cristina Fernández en Argentina (y que intentaron llevar a cabo con la Cuba de Fidel Castro y con la Venezuela de Hugo Chávez, aunque en estos países, afortunadamente, no pudieron hacerlo, debido a la valentía y agresividad de sus líderes políticos, así como al respaldo del propio Ejército): Golpes de Estado suaves, dirigidos por la camarilla de la derecha política, social y mediática, alzando de forma falaz las banderas de la “democracia”, para impedir que dichos dirigentes llevaran a cabo políticas que beneficiaran la vida de las mayorías sociales y trabajadoras.

Por tanto, volvamos a la pregunta inicial: ¿Quién, con un mínimo de perspectiva histórica y de capacidad de análisis, puede sorprenderse de lo ocurrido estos días en nuestro país? Era absolutamente previsible que cuando algún Gobierno fuese capaz de tomar medidas, no ya revolucionarias, sino mínimamente encaminadas a fortalecer la democracia y a proteger a los más vulnerables, los poderes y las clases dominantes se le echarían encima. El caso más paradigmático son las Fuerzas Armadas, que al no haber sido profundamente democratizadas, continúan representando un peligro para nuestro Estado de Derecho. Me atrevo a vaticinar que, en el remoto caso de que alguna vez las fuerzas políticas de la verdadera izquierda (que no el PSOE) obtuvieran en el Parlamento una amplia mayoría absoluta (algo así como los 202 escaños que obtuvo Felipe González en 1982), los militares se alzarían en armas al día siguiente, como ya lo hicieron en 1936. Al tiempo.

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