El acuerdo sobre la reforma de las pensiones es el mayor ataque económico a las personas asalariadas producido por una sola medida legal en la historia de la democracia. Izquierda Unida presentará una enmienda a la totalidad cuando se concrete como proyecto de ley. Creo que lo democrático sería que cada partido proponga en su […]
El acuerdo sobre la reforma de las pensiones es el mayor ataque económico a las personas asalariadas producido por una sola medida legal en la historia de la democracia. Izquierda Unida presentará una enmienda a la totalidad cuando se concrete como proyecto de ley. Creo que lo democrático sería que cada partido proponga en su programa electoral su modelo de reforma de pensiones y que los ciudadanos puedan debatir y votar en las próximas elecciones generales en función de ello.
Las pensiones son salario diferido, que no se cobra de forma inmediata sino en el momento en el que se deja de trabajar por retiro o por incapacidad laboral. Por tanto, todas las cotizaciones (también las llamadas empresariales) que fundamentan las pensiones son retribuciones de los trabajadores. Son costes laborales. En el documento del Gobierno titulado «Actualización del Programa de Estabilidad. España. 2009-2013», se cuantifican con claridad los recortes previstos en las pensiones públicas: «Cada año que se retrase la edad legal de jubilación se reduciría en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales»(pág. 41 del documento). El cálculo es fácil: en total cuatro puntos menos de PIB de gasto en pensiones y, como se trata de salarios diferidos, una pérdida equivalente de participación de las rentas salariales en la renta nacional. Con las estimaciones del propio Gobierno sobre crecimiento del PIB, eso puede representar unos 100.000 millones de euros en 2040 (cuando casi todos los pensionistas estarían sujetos a la reforma). La cosa no queda ahí. El documento que he citado no hablaba explícitamente de aumento en los años de cotización para obtener el 100% de la pensión. Pero el documento anunciado por el Gobierno sí, y los eleva legalmente de 35 años a 37 o 38 y 6 meses, según los casos. El objetivo es pasar de una edad media real de jubilación de 63,5 años a 65,5. Junto a ello, la combinación del aumento del período de cómputo (que reducirá las bases reguladoras un 8% de media) y de la elevación del tiempo de cotizaciones necesario para cobrar el 100% de la base reguladora (cada pensionista con menos años cotizados que los exigidos descenderá tantos escalones de su base reguladora como meses le falten para ese máximo -a un precio entre 0,21% y 0,18% cada mes-) es demoledora.
La reforma afectará a casi todos los trabajadores actuales, desde quienes cumplan 63 años en 2011, pero el impacto fundamental se dará entre jóvenes y mujeres, los más perjudicados por un sistema productivo de bajas retribuciones y largos períodos de desempleo. Todo ello sin olvidar que los pensionistas actuales tienen congeladas sus pensiones. Que la negociación haya limitado los daños en algunos colectivos (becarios hasta dos años de cotización, mujeres con dos hijos, profesiones penosas, etc., todo ello pendiente de cómo se concrete) es algo a valorar porque, de otra forma, resultarían aún más perjudicados, pero lo fundamental es que el Gobierno logra su objetivo real: recortar cuatro puntos de PIB el coste de las pensiones. Como el número de pensionistas se habrá duplicado (según las estimaciones del Gobierno) en 2040, la pérdida media de cada pensión será estremecedora.
Los fines de esta reforma están claros y no tienen nada que ver con la crisis ni con la creación de empleo. El primero, favorecer la implantación de planes privados de pensiones, a cuya rápida implementación ha invitado Rodríguez Zapatero. Son un excelente negocio para los bancos y las aseguradoras y su introducción como fondos complementarios en nuestro sistema público de pensiones significa la desnaturalización del mismo y su transformación en un modelo insolidario de dos velocidades: una, la de la mayoría, con salarios bajos y períodos de desempleo frecuentes, que tendrá pensiones bajas y no podrá contratar ni pagar fondos complementarios, y otra, la de aquellos con altos salarios que sí podrán hacer frente a las cuotas de esos fondos y lograr pensiones suficientes.
El segundo, y aquí viene la alegría de Merkel, Sarkozy y Botín, garantizar que el Estado podrá respaldar la renegociación de la deuda de la banca privada. Los bancos alemanes y franceses podrán cobrar y Botín podrá recapitalizarse. Además, Zapatero ha dejado claro que está dispuesto a llegar hasta donde le exijan. El BOE podrá pasar a llamarse Boletín Oficial del Mercado y llevar como subtítulo «Todo por la Banca». La vida media de los pensionistas es sólo de 75 años (datos de la Seguridad Social), aunque la esperanza de vida de toda la población sea, a los 65 años, de 20 años más. No todas las pensiones contributivas tienen que ver con el aumento demográfico (sólo el 59,6% de ellas, según previsiones de la Seguridad Social para 2011). Un ejecutivo de Banca vive diez años más, de media, que la trabajadora que limpia su oficina. Ninguna previsión demográfica es solvente si se hace a más de 10 años.
Sin duda las pensiones públicas pueden ser mejoradas y el sistema reforzado, creando empleo estable y de calidad, favoreciendo la incorporación de la mujer al trabajo asalariado con igualdad de retribución, combatiendo la economía sumergida y el fraude y elevando los salarios, entre otras cosas. IU no comprará los argumentos del Gobierno, que reconducen a aceptar las recetas neoliberales.
Cayo Lara es coordinador federal de Izquierda Unida.