El presidente del Real Madrid Florentino Pérez no es solo uno de los principales promotores del chapucero intento frustrado de Superliga Europea, también es un capitalista salvaje que se ha aprovechado de la externalización y la privatización a costa del público español
Florentino Pérez no está acostumbrado a perder, a no ser que el gobierno acuda a su rescate para suavizar la caída. El multimillonario presidente del Real Madrid ha sido la principal fuerza impulsora del chapucero intento frustrado por crear la Superliga Europea de fútbol. Asociado a la Agencia de Valores española Key Capital Partners, pensaba negociar con JP Morgan Chase los 5.000 millones de euros necesarios para financiar la iniciativa y asegurar la participación inicial de otros 14 clubs de élite de España, Inglaterra e Italia.
“El fútbol debe evolucionar, como todo en la vida”, afirmó Pérez a principios de este año en una de las escasas entrevistas que concede –justificando su poder sin precedente al señalar la caída de audiencia de las retransmisiones televisivas y la creciente deuda de los clubs, que en el caso del Real Madrid y del Barcelona CF asciende a 900 millones de euros.
“Esto es una pirámide, porque si los grandes clubs tienen dinero hay dinero para todos”, continuó diciendo Pérez desplegando su trillado discurso neoliberal del efecto goteo en economía. Pero no tuvo en cuenta la magnitud de la revuelta que provocaría en los aficionados de toda Europa, que obligó a los “seis grandes” clubs de primera división a anunciar su retirada del proyecto de Superliga tan solo tres días después de su anuncio, dejando al Real Madrid y al Barcelona solos en la iniciativa y haciendo pedazos el viejo sueño de Florentino.
La reacción ante el cínico negocio, cuyo objetivo era concentrar aún más los ingresos por la retrasmisión de partidos y la publicidad en manos de un puñado de clubs de élite, fue mucho más apagada en España que en cualquier otro lugar, lo que en parte muestra el grado de influencia de Florentino entre las élites políticas y mediáticas nacionales.
Dentro de los periódicos españoles, solo El País publicó un editorial en el que condenaba en tono moderado la iniciativa. El primer ministro del PSOE, Pedro Sánchez, evitó hacer comentarios públicos, aunque su gobierno emitió un comunicado rechazando la propuesta. No obstante, poco después #FlorentinoDimision era tendencia en las redes sociales españolas, mientras los sondeos mostraban la oposición de una considerable mayoría de los aficionados del Real Madrid a los planes de su presidente.
Si la controversia desatada por la Superliga ha situado a Florentino Pérez en el foco internacional, en España su nombre lleva tiempo asociado a un incontrolado poder económico. Pocas personas encarnan mejor que él el régimen capitalista de amiguetes del Estado español: un oligarca que cuenta con los favores del Estado, cuyo imperio de la construcción ha sido posible gracias al acceso a gigantescos contratos públicos y a la externalización de los servicios sociales, todo ello al tiempo que se implementaba una política fiscal y una solidaridad cívica que beneficia a los ricos. Más allá del fútbol, su legado duradero es haber desempeñado un papel de vanguardia en la reconstrucción de la economía y del Estado español aprovechando tres decenios de neoliberalización salvaje.
El dominio de la construcción
Florentino Pérez ha dirigido la constructora española ACS desde su fundación en 1997 –con el apoyo financiero inicial de los Albertos y de la familia March (ambos grupos con estrechos vínculos con el franquismo, en especial esta última, que fue clave en la financiación del golpe de Estado de Franco en 1936). En las décadas posteriores, ACS se convirtió en uno de los conglomerados empresariales más importantes del mundo, el mayor en términos de ingresos internacionales generados fuera del territorio original de la compañía.
Como otras empresas españolas de construcción e infraestructuras, ACS se transformó en un actor global gracias a la generosidad del Estado en los años del boom urbanístico en España, anteriores a la crisis de 2008. Cuando fue elegido primer ministro en 1996, José María Aznar inició una reordenación del capitalismo español mediante una ola de privatizaciones, la ampliación de los mercados de capital nacionales y la configuración de un nuevo motor de crecimiento para la economía basado en las finanzas y la construcción.
Pero, como explica el sociólogo Rubén Juste en su libro IBEX 35, no se trató tan solo de poner en marcha una agenda reformista favorable al mercado. La ambición de Aznar era asegurar una hegemonía permanente para su proyecto de Estado, que continuara “a largo plazo, más allá de su presencia física en el gobierno”.
Con dicho objetivo, siguió una doble estrategia: por un lado buscó generar un amplio consenso social en torno a un modelo que prometía viviendas en propiedad y prosperidad individual para todos al tiempo que organizaba un nuevo bloque dirigente dentro de la clase capitalista, que estaría centrado y dependería del patrocinio del Partido Popular (PP). Para los conglomerados de la construcción, en concreto, este clientelismo suponía el acceso a dos recursos esenciales: los contratos públicos y la disponibilidad de crédito (mediante las cajas de ahorro regionales controladas por los políticos).
En el caso de Florentino Pérez, los grandes proyectos de obras públicas (autopistas, aeropuertos y red de ferrocarril de alta velocidad) emprendidos por el PP fueron una fuente de ingresos clave para ACS. Al mismo tiempo Caja Madrid (bajo la dirección del lugarteniente de Aznar, Miguel Blesa) financiaba todo, desde la compra de millones de acciones de ACS (convirtiéndose en el principal accionista de la compañía) hasta los fichajes estrella del Real Madrid, incluyendo el controvertido préstamo de 76 millones de euros al club en el auge de la crisis financiera en 2009 para comprar a Cristiano Ronaldo. En aquel momento los créditos estaban congelados para la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas.
Ninguna otra compañía se ha beneficiado más de la externalización y mercantilización de los servicios en España en las últimas tres décadas que la empresa Clece, la división de servicios de ACS. Con los años, Clece se ha apoderado de la gestión de guarderías públicas, limpieza de hospitales y servicios de cáterin, refugios para indigentes y mujeres maltratadas, limpieza de calles y recolección de basuras, centros de día para discapacitados, residencias de ancianos, así como el empleo de miles de cuidadores en su gestión de los servicios municipales de ayuda a domicilio de ciudades como Madrid y Barcelona. Su modelo de negocio es evidente: sacrificar las condiciones de trabajo –de los empleados predominantemente femeninos– y la calidad de los servicios públicos básicos para conseguir los máximos beneficios.
El Real Madrid como arma
En 2003, cuando Aznar encaraba su último año como presidente de gobierno, cinco de cada diez empresas constructoras con la máxima capitalización bursátil en Europa eran españolas, y ACS lideraba el conjunto. En una economía cada vez más desindustrializada, la construcción era un campo en el cual España podía proyectar internacionalmente su poder, al igual que el fútbol. Y con Florentino, una y otro estaban interconectados hasta formar una fuerza irresistible y el palco presidencial del estadio Bernabéu se convirtió en uno de los centros de poder e influencia de Madrid.
“El Real Madrid es una marca de España que está por encima del gobierno [nacional]”, se comenta que Florentino dijo a la política socialista Matilde Fernández, una máxima que podría generalizarse a la vista de cómo considera su propia posición en la cúspide de la clase dirigente del país. En teoría, el Real Madrid es un club controlado por los aficionados, propiedad de más de 80.000 socios, pero una cláusula estipula que cualquier candidato a la presidencia debe depositar un fondo de garantía por valor del 15 por ciento del presupuesto del club, lo que ha permitido a Florentino dominar sobre este los últimos veinte años.
En ocasiones es difícil distinguir el interés de sus negocios personales y el del club. Según investigaciones de un buen número de periodistas y economistas, la marca Real Madrid parece haber desempeñado un papel importante a la hora de asegurar contratos públicos para ACS en el extranjero; algunos de los principales fichajes internacionales del club, como el colombiano James Rodríguez, el mexicano Javier Hernández o el portero costarricense Keylor Navas, han coincidido con el periodo en que ACS ganaba contratos de construcción por valor de cientos de millones de dólares de sus respectivos gobiernos nacionales.
En todo caso, probablemente la transacción más controvertida en la que participó Florentino como presidente fuera la venta en 2001 del campo de entrenamiento del Real Madrid para levantar en sus terrenos el nuevo distrito financiero de Madrid. Para Florentino fue un negocio lleno de ventajas: a él le permitiría liquidar la creciente deuda del club con los 500 millones de euros que sacó del trato mientras que ACS se quedaría con buena parte de los enormes contratos de construcción del proyecto.
Pero esta operación transformaría radicalmente la ciudad al profundizar las desigualdades geográficas existentes en la capital entre el norte rico y el sur proletario. Además fue necesario recalificar una inmensa zona recreativa cercana al centro de la ciudad (que había sido cedida al club por la dictadura franquista) para permitir su uso empresarial.
Aunque varias administraciones habían resistido la presión ejercida por el club durante decenios, los estrechos lazos de Florentino con los gobiernos regional y local del PP le ayudaron a forzar la recalificación del suelo en cuestión de meses, tras hacerse cargo de la presidencia del club en 2000, lo que le proporcionó un dinero caído del cielo que le permitiría financiar a sus grandes fichajes, o “galácticos”.
“No se puede transformar la ciudad solo para pagar las deudas [de un club de fútbol]”, insistía Matilde Fernández cuando era portavoz del Partido Socialista en la Comunidad Autónoma de Madrid. “Estamos hablando de una figura muy poderosa que pretende saltarse la planificación urbana negociada democráticamente para beneficiar sus intereses particulares”. El veterano periodista deportivo José María García va aún más lejos al describir la operación como “el mayor escándalo deportivo desde el regreso de la democracia”, al tiempo que señalaba que los terrenos públicos habían sido transferidos al club sobre la base de que serían utilizados para “fines no comerciales”.
El centro de negocios sin alma dominado por cuatro gigantescos rascacielos, que están entre los mayores edificios de Europa, ha alterado radicalmente el tejido urbano de la ciudad.
Los conspiradores
Antes incluso de que el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 hiciera añicos las bases populares del modelo de crecimiento anterior al crac financiero en España, las formas de corrupción y nepotismo que dicha burbuja había generado estaban erosionando las instituciones públicas del Estado. El escritor y parlamentario por Podemos Manolo Monereo calificó memorablemente el tipo de gobernanza de amiguetes típico de España como la trama, analizando cómo, además de la corrupción descarada, una amplia red de favores políticos, puertas giratorias y lealtades de clase compartidas vinculan estrechamente al PP y al PSOE con los agentes económicos estratégicos como los magnates de la construcción.
Un régimen económico como el descrito coloca a oligarcas como Florentino Pérez en una posición casi intocable. “Florentino nunca pierde”, puede leerse en un titular sobre el veredicto que el Tribunal Supremo dictó en noviembre pasado responsabilizando al Estado de la deuda de 1.300 millones de euros a los bancos españoles por el fallido proyecto de gas Castor, una enorme asociación público-privada con ACS.
Algo similar ocurrió con un informe publicado por el Ayuntamiento de Madrid, cuando Manuela Carmena era su alcaldesa, que destapó miles de millones de euros pagados innecesariamente por el sobrecoste de contratos públicos con las principales compañías constructoras. En relación con la remodelación de la autovía de circunvalación de Madrid, la M-30, de la cual ACS era una de las tres principales constructoras, el informe descubrió “sobrecostes carentes de certificado o cualquier documento que los justificara y el pago de millones de euros en infraestructuras y servicios de mantenimiento inexistentes o que nunca fueron completados”. Con un presupuesto inicial de 2.500 millones de euros, el coste final duplicó con creces la cantidad prevista, situándose en 6.500 millones.
La saga de la Superliga ha desencadenado un interesante debate internacional sobre el desmesurado poder del deporte ajeno al control democrático, y su fracaso ha asestado un importante golpe al hipercomercializado modelo del fútbol de clubs impulsado por sus multimillonarios propietarios. En España, no obstante, Florentino Pérez y el afianzado bloque de poder económico que representa siguen estando por encima del control democrático.
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