Es habitual que se quiera hacer creer que la escandalosa corrupción que sufrimos en España es cosa de unos cuantos políticos sinvergüenzas. La mayoría de los medios de comunicación y muchos dirigentes sociales se empeñan en decir eso para que la gente normal y corriente se aleje de la política, considerándola una actividad sucia, y […]
Es habitual que se quiera hacer creer que la escandalosa corrupción que sufrimos en España es cosa de unos cuantos políticos sinvergüenzas. La mayoría de los medios de comunicación y muchos dirigentes sociales se empeñan en decir eso para que la gente normal y corriente se aleje de la política, considerándola una actividad sucia, y se deje así vía libre a los empleados de quienes verdaderamente generan y se aprovechan de la corrupción, que no son otros que las grandes empresas y entidades financieras.
Una prueba indiscutible de esta última afirmación es lo que desde hace años viene sucediendo con las empresas eléctricas. El poder de mercado y la influencia política tan inmensa que han ido adquiriendo les permiten cometer auténticas estafas con la connivencia y colaboración del gobierno, de jueces y de antiguos presidentes del gobierno o ministros que están vergonzosamente en su nómina para ayudarles con su influencia institucional y política.
El ingeniero sevillano Antonio Moreno Alfaro viene desvelando desde hace tiempo todas esas estafas en su página web (http://www.estafaluz.com) y con este artículo y otros que iré publicando en este diario quiero ayudarle a difundir sus denuncias, al mismo tiempo que pido a quien las lea que haga lo mismo. Es el mejor apoyo y homenaje a un ciudadano ejemplar que está dedicando su vida a luchar contra la injusticia y la impunidad de las grandes empresas eléctricas españolas.
El robo al que voy a referirme en esta ocasión tiene que ver con el cálculo de la «potencias trifásicas normalizadas» que es preciso establecer para facturar la luz que se consume en las instalaciones domésticas (no se asusten los lectores, podrán entender todo lo que sigue sin saber una palabra de física o ingeniería eléctrica, y quién sí sepa y desee tener todos los datos, fórmulas y argumentos completos de Antonio Moreno Alfaro puede verlos en los siguientes enlaces: uno, dos y tres)
La cuestión, resumida de la manera más rápida y clara posible, es la siguiente:
- Mensualmente, la compañía eléctrica cobra al usuario el denominado «término de potencia», cuyo importe consta en la factura como «Facturación por potencia contratada». Dicho importe es calculado multiplicando la potencia contratada por un factor definido periódicamente por el Ministerio de Industria.
- Para calcularlo, el Ministerio de Industria publica en el Boletín Oficial del Estado la tabla de potencias normalizadas.
- Antonio Moreno Alfaro ha comprobado que, en el caso de las potencias trifásicas, el cálculo de la tensión normalizada que hace el Ministerio está mal hecho, porque en lugar de considerar que la tensión entre fases es 398,17 voltios, que es el valor correcto, redondea a 400 voltios.
- Este redondeo del Ministerio no afecta a cálculos de tipo eléctrico, pero sí a los de tipo económico.
- Como demuestra Moreno Alfaro, el redondeo solo supone un incremento medio de 42 watios (0,042 kW) en las potencias trifásicas normalizadas, que al precio actual del kW (3,50 euros mensuales) supone un exceso de 0,15 euros mensuales para un hogar con instalación trifásica. Pero si se tiene en cuenta el número total de instalaciones trifásicas en España (actualmente, cerca de tres millones) y que el exceso está siendo cobrado desde marzo de 2006, resulta que la cantidad facturada en exceso por las empresas eléctricas en perjuicio de las familias españolas supera ya los 35 millones de euros.
- Puede parecer que la cantidad media mensual cobrada en exceso por las eléctricas (0,15 euros) es despreciable, pero es preciso recordar que este tipo de compañías son capaces de cortar el suministro por esta cantidad. Eso hizo el 3 de febrero de 2009 la compañía Gesa en Mallorca: cortó el fluido de gas a una familia por el impago de una deuda de 0,15 euros y le facturó 168,265 euros por restablecérselo días más tarde.
Pero el escándalo no acaba aquí.